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“México llega adolorido y lastimado ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas”. Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y consideró que esto es así porque en el país hay miles de familiares de personas desaparecidas que no encuentran consuelo, porque a pesar de vivir el “drama cotidiano” de no tener consigo a sus seres queridos, “nadie los toma en serio, y ante la disfusión del caso Ayotzinapa, se sientes solos, pero identificados y pugnan y han pugnado por lo que les sucedió hace años, meses, semanas, días, igual que a los desaparecidos en Iguala”.

Esta prueba que enfrenta México ante la comunidad internacional es una oportunidad para que por fin destrabe los pendientes y responda a sus obligaciones, entre ellas, la de proteger a sus ciudadanos, y se reconozca una vez por todas la desaparición forzada, a través de los comentarios y material que se les brinde, para llegar de nuevo al país con disposición y nuevas armas de reforma a la ley que den cabida a instrumentos legales que brinden a su vez certeza a los familiares de las personas desaparecidas.

El principal reclamo es que la búsqueda de las personas desaparecidas debe ser urgente y eficaz, fuera del escritorio, en las calles, porque, hasta ahora, los familiares son quienes realizan esa tarea y se arriesgan más que los funcionarios, que no se comprometen en nada.

Recalcó que el deber del Estado es perseguir a los autores de las desapariciones forzadas sean quienes sean, aunque estén involucrados o no servidores públicos.

Explicó que además de un marco legal que defina el concepto de la desaparición forzada de acuerdo con los estándares internacionales, que establezca las rutas de búsqueda y lo que le toca hacer a cada nivel de gobierno, las autoridades deben proteger y tratar con dignidad a las víctimas, pues de lo contrario, el dolor y la desconfianza aumentarán.

Aclaró que la intervención y la colaboración de los organismos internacionales de derechos humanos no sustituyen la tarea del Estado en esta materia, que es: la búsqueda de la verdad y la aparición con vida de las personas desaparecidas, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición.

Necesario en México la Ley General contra la Desaparición Forzada

El problema de la desaparición forzada en México no se reduce a la aprobación de una ley. El debate de la ley es sólo el corolario de algo que no logramos destrabar desde hace muchos años. La sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla (desaparecido durante la “guerra sucia” de la década de los 70) dice de manera explícita que el artículo del Código Penal que tipifica la desaparición forzada es incorrecto y no responde a los estándares internacionales.

Ésta es una buena oportunidad para tener esa ley y al fin nos podamos poner al orden con las obligaciones internacionales que tiene México porque cada vez que ratifica un tratado se obliga a que haya una tipificación interna, es decir, una modificación en el código federal y en los locales.

Hay quienes creen que basta una ratificación para que pueda operar la norma, pero se equivocan porque, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas o una norma como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada de Personas dicen qué es la desaparición, pero no establecen la pena. Hemos dado vueltas en espiral demasiado tiempo y creo que hoy como nunca están puestas todas las expectativas, toda la presión y todas las fichas correctas para que en esta legislatura podamos tener finalmente una Ley General sobre Desaparición Forzada.

Una reiterada demanda entre organizaciones locales e internacionales es que México reconozca la competencia del Comité sobre las Desaparición Forzada. En la práctica, ¿de qué forma puede ayudar esto a las víctimas y sus familias?

También ha sido una recomendación que varios países le hicieron a México en el Examen Periódico Universal en octubre del año pasado para que se acepte la competencia del comité que le permite recibir casos individuales. México hizo una reserva al artículo 31 de este tratado en la que no acepta esta competencia, no desea que casos individuales sean conocidos por el comité. En marzo de 2014 el gobierno mexicano informó que realizaría las consultas para proceder a contemplar la aceptación de esta recomendación.

Lo que esperamos es que a la luz de los hechos graves, no sólo en septiembre del 2014 sino antes, den por clausurado el debate de la aceptación del artículo 31. Seguramente en Ginebra recibiremos la respuesta inequívoca de si el Estado acepta retirar la reserva.

Las atribuciones del Comité de la ONU

Los órganos internacionales no sustituyen las responsabilidades de un Estado en la administración de justicia. Los órganos son un complemento cuando las instituciones locales no han cumplido su deber. Muchas víctimas sienten que sus autoridades no responden de manera eficaz y oportuna a sus demandas y entonces quieren tener acceso a instancias supranacionales, sean las cortes o normativas como los órganos de los tratados de Naciones Unidas.

Esto significa que las instancias internacionales verán los casos en los cuales quede patente que las autoridades no están produciendo los resultados deseados en verdad, justicia, búsqueda con vida y garantías de no repetición y de reparación. Esto abre paso a las víctimas para que puedan acudir a estas instancias cuando el Estado enfrenta dificultades y problemas para cumplir con su propio rol.

Sin embargo, hay que aclarar que la verdad, la justicia, las garantías de no repetición y reparación del daño competen únicamente al Estado. Las sentencias en el extranjero van a ordenar al Estado que haga las investigaciones, que desarrolle procedimientos judiciales, porque esas acciones no le corresponden a un órgano internacional.

¿Urgente establecimiento de protocolos de búsqueda?

La posibilidad de tener una cooperación técnica está abierta, se ha ofrecido y se ha hecho. La oficina está abierta de manera permanente para la elaboración de protocolos en materia de derechos humanos, pero no sustituyen la política pública, ni la asignación de recursos, no sustituyen la especialización, la estabilidad en los cargos, la referencia cruzada de mejores prácticas entre los ministerios públicos y las procuradurías de los estados.

Aún así hemos podido estar en lugares como Nuevo León donde, con la participación de víctimas y con el compromiso de la procuraduría estatal, hemos encontrado buenas prácticas en la manera como se hace la búsqueda urgente, el entrenamiento de los funcionarios y las hojas de ruta para la investigación que han empezado a dar los primeros resultados. Hay mucho camino por recorrer, mucha insatisfacción de las familias para las cuales no ha habido la paz de encontrar a sus seres queridos. Pero hemos aprendido cosas, como el que la atención especializada a las víctimas es la única manera en la que vamos a poder construir confianza entre autoridades y ciudadanos.

Debilidad en la búsqueda de desaparecidos

En que nadie los toma en serio. Si la llamada que los familiares hicieron a las autoridades, denunciando la desaparición del periodista Moisés Sánchez en Veracruz y la forma como se lo llevaron hubiera sido atendida de inmediato y no cuatro horas después, se pudo haber impedido que los autores materiales de esa desaparición hubieran concretado su atentado.

Eso es lo que esperan las familias que se haga y no el recibir la respuesta de los ministerios públicos de que: seguro se fue con su novio, o seguramente tiene otra casa, o es que así son los hombres, se desaparecen, o el clásico: ya giré un oficio. Este es el drama cotidiano de familias que al final terminan buscando más que las autoridades, se arriesgan más que las autoridades.

Lo que ellos quieren es que no sólo se gire un oficio sino que se logre realmente ir al lugar, subir a un vehículo, salir del escritorio, ver las cámaras de seguridad, salir a buscar. Encontrar a las personas con vida presupone que entendamos que la desaparición forzada es sustraer a la persona y ponerla en un sitio donde la protección legal no alcance, y por eso la búsqueda eficaz y urgente es el primer reclamo de las familias.

Responsabilidad del Estado aun cuando no hintervengan autoridades en la desaparición

Las desapariciones, se cometan o no por servidores públicos o con la aquiescencia, complicidad o tolerancia, son siempre materia de responsabilidad internacional de los Estados, eso es algo que debe quedar claro de una buena vez. El deber de protección del estado no se difumina ni se disuelve porque terceros cometen el crimen, por eso es que necesitamos no sólo leyes sino políticas públicas.

Si un grupo del crimen organizado produce una desaparición se les tiene que perseguir porque la responsabilidad de protección y seguridad de todos los habitantes no recae en el crimen organizado sino en el Estado. No hay manera de sustituir, desplazar o renunciar a esta responsabilidad.

Garantías para evitar la repetición de las desapariciones forzadas

Políticas públicas. Familias, hijos, compañeros de vida, hermanos que buscan a sus seres queridos son atendidos de cierta manera en ventanillas de seguridad social, del Infonavit, del colegio, que piden certificados, firmas del padre o la madre que está ausente para permisos de viaje o tramitar un pasaporte. Siguen pidiendo la autorización de alguien que no está y entonces la política pública está diseñada para que las personas estén presentes y si no, se presume que están muertas. Pero las familias que tienen seres queridos desaparecidos son revictimizados cuando se les pide que hagan un trámite en el que reconozcan la presunta muerte.

Por ello, necesitamos herramientas legales para definir la desaparición forzada, para blindar a esas familias con una declaración por ausencia y no hacerlas pasar por ese camino doloroso de casi formalmente aceptar que sus familiares están muertos Necesitamos que los servicios forenses, los antropólogos, los expertos balísticos, puedan desplazarse a un lugar inhóspito donde opera el crimen organizado con las condiciones materiales y de seguridad necesarias para hacer su trabajo y no vivir con el miedo porque son enviados solos y temen que los autores de esos crímenes lleguen por ellos también.

Hablamos de búsqueda, entonces necesitamos que los sistemas de comunicación entre las fuerzas del orden a nivel municipal, estatal y federal que operan y están presentes en la región sean transparentes y apoyen la acción de unos y otros y no, como a veces sucede, de que “no es mi asunto”.

La definición de competencias entre lo local, estatal y federal que ahora está puesto en el debate en el Congreso debería tener que ser parte de la solución a este problema. Pero insisto, las principales respuestas sobre las cuales se va a recibir beneplácito de las familias de que por fin se están moviendo en la dirección correcta no viene exclusivamente de las leyes.

La reparación del daño comienza con el reconocimiento del Estado

La reparación del daño no es genérica. Debe aterrizar en las víctimas y sus familias. El reconocimiento de la dimensión del problema —la primera recomendación del Grupo de Desaparición Forzada en su informe de 2011— no apunta a que es un elemento de la reparación, sino a que el único elemento para hacer política pública es saber de qué tamaño es el problema. Pero tener las cifras correctas de cuántos delitos se cometen no le da un gramo de consuelo a las familias de los desaparecidos.

La reparación para ellos, es una respuesta eficaz, eficiente, que permita la localización con vida de sus seres queridos y si no hay eso, la dignificación y el trato respetuoso hacia ellos y ojalá el encuentro de los restos.

He tenido la oportunidad de ver a lo largo de mi carrera que a veces es difícil comprender a qué llamamos trato digno. Le voy a poner un ejemplo de lo que yo vi y aprendí en Colombia. Cuando se hallaban los restos de las personas desaparecidas, las autoridades llamaban a los familiares para entregarles los restos en una caja de cartón y para que firmaran el cargo. Tuvieron que pasar muchas protestas para que la autoridad entendiera que eso revictimizaba porque las familias se partían en llanto y los funcionarios lo único que necesitaban era la firma del papel.

Fui testigo de cómo eso cambió. El propio vicepresidente de la República, Francisco Santos, tomó la iniciativa de que se hicieran ceremonias, en donde había ataúdes, flores, con él presente, abrazándolos, doliéndose con las familias, para que se les diera no sólo sus restos sino respeto, porque no se trata de un mero trámite con un funcionario apurado que los entregaba en una caja de cartón.

Si no logramos entender más allá de las leyes, a la que luego vamos a tener que añadirle leyes secundarias, reglamentos, confinarlas y perfeccionarlas por protocolos, y seguimos sin atender a las personas con dignidad, la brecha entre el dolor y nuestra tarea va a seguir abriéndose y la desconfianza se incrementará.