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Defiende gobierno mexicano función policial del Ejército y la Marina

 

En medio múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, incluido ejecuciones extrajudiciales, derivado de la política de la lucha contra el narcotráfico, el Estado mexicano defendió la “necesaria presencia” de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas, y evadió responder si existe un cronograma para su retiro. Incluso, aseguró en México “vamos por buen camino” en esta tarea.

Encontrados en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los temas de drogas y derechos humanos, y ejecuciones extrajudiciales, los representantes de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil, y del Estado mexicano, presentaron visiones totalmente distintas en materia de políticas de drogas y de ejecuciones extrajudiciales, dos de los cuatro temas que abordaron.

Los primeros, con cifras y argumentos suficientes para denunciar una seria crisis de derechos humanos en el país, en medio de una absoluta impunidad, la otra parte, reconociendo que el país enfrenta retos, pero que investiga todos los hechos sujetos de violaciones a los derechos humanos.

En el caso Acteal –que junto con el informe de Ayotzinapa fueron los otros dos temas por los que fue citado el Estado mexicano a la CIDH-, la representación oficial rechazó cualquier responsabilidad en la masacre de Acteal, bajo el argumento de que no hay ningún informe o recomendaciones que acredite alguna responsabilidad de agentes del Estado.

Como representantes del Estado mexicano acudieron los subsecretarios de Gobernación, Roberto Campa, y de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, así como el subprocurador general de la República, Eber Betanzos, acompañado por el representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa.

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