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Subsecretario de la PGR para Derechos Humanos, Eber Betanzos, reconoció que un nuevo equipo de investigadores bajo su mando se hará cargo de la averiguación

 

En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer el acuerdo suscrito ayer, 19 de octubre, con la PGR, para “sacar la investigación de la Seido de forma inmediata” y poner “toda la información existente” a un nuevo equipo de la subprocuraduría de derechos humanos, quien llevará a partir de ahora “y en forma exclusiva” la segunda parte de investigación.

En la misma diligencia, que se realizó en Washington en presencia de la plana mayor de la CIDH, integrantes del grupo de expertos y los defensores de las familias de los desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa, el subsecretario de la PGR para Derechos Humanos, Eber Betanzos, reconoció que un nuevo equipo de investigadores bajo su mando se hará cargo de la averiguación.

Dijo que en este “relanzamiento” de la investigación se tomarán en cuenta todas las recomendaciones del GIEI –son más de 200–incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul para los presuntos perpetradores presos que acusan lesiones corporales, posibles rastros de tortura durante los interrogatorios para condicionar sus respuestas y configurar una hipótesis del caso predeterminada.

De acuerdo a lo dicho por el brasileño James Cavallaro, visitador de la CIDH y responsable del área México, el 77 por ciento de los detenidos y procesados como presuntos ejecutores de los estudiantes registran este tipo de lesiones corporales propias de lo que llamó “apremios físicos”.

Cavallaro y la presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine, pidieron precisiones a los representantes del Estado mexicano sobre la reiterada petición del GIEI de entrevistarse con los soldados que el 26 de septiembre de 2014 estaban destacados en el 27 Batallón de Infantería y que fueron enviados a patrullar y observar los escenarios donde se dio la agresión contra el convoy de estudiantes de la Normal Rural.

El comisionado preguntó directamente sobre las atribuciones del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos:

–Cito al secretario, cuando dijo: “No puedo permitir que interroguen a mis soldados como si fueran delincuentes”. Pregunto: ¿constitucionalmente el Ejército mexicano depende directamente del presidente de la República y de la autoridad civil o es el secretario de la Defensa quien puede decidir sí o no se le puede permitir interrogar a los soldados a una instancia que ha sido apoyada por el presidente?

El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián respondió aclarando que el mandatario es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y añadió, subrayando “que esto es muy importante aclararlo”, que el acceso de los expertos de la CIDH para interrogar directamente a la lista de soldados que ha solicitado “no es parte del acuerdo” que se suscribió ayer entre el GIEI y la PGR.

Insistió que en el expediente del caso Ayotzinapa se incluye el interrogatorio a casi 50 integrantes del 27 Batallón. Y si se quieren ampliar estos cuestionamientos “se atenderá el marco legal”.

La presidenta de la CIDH Rose Marie Antoine quiso saber:

–¿Esto es un sí o un no (a la petición del GIEI)?

Y replicó Campa: “Nos habremos de sujetar exclusivamente a los 10 puntos acordados con la PGR”.

Ante esta respuesta intervino otra de las integrantes del GIEI Ángela Buitrago que lamentó: “Hemos presentado cinco peticiones a la PGR para entrevistarnos con los soldados. Nunca nos dijeron que no. No entendemos porqué, en lo que se refiere al Batallón 27 siempre la respuesta ha sido evasiva”.

Enfatizó que esta diligencia con los militares “no es un juicio, sino una necesidad de verificar información que fue suprimida por la PGR. Por eso insistimos”.

Otro punto de fricción durante la audiencia fue sobre la petición del colectivo de víctimas y sus defensores de ampliar el plazo del mandato del GIEI por tiempo indefinido. En su calidad de coadyuvante, el Centro de Derechos “José Agustín Pro” presentó un video en donde varios de los padres de los 43 desaparecidos piden “que el grupo se quede entre nosotros hasta saber la verdad”.

El subsecretario Campa respondió que el Estado mexicano solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una respuesta urgente a su petición de firmar un addendum para la ampliación del plazo por seis meses más y “no se ha recibido notificación”. Añadió: “No hay razón por la cual la CIDH siga retrasando su respuesta”. Este plazo vencería a fin del mes de octubre.

Sobre este particular, Mario Patrón intervino para puntualizar que en el convenio de asistencia técnica en el caso Ayotzinapa que suscribió el Estado mexicano para la creación del GIEI en la cláusula 10 está contenida la posibilidad de ampliar el mandato “sin necesidad de firmar un addendum que signifique una mayor carga procesal”.

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