El Universal / diario19.com

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la lista de nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos que auxiliarán técnicamente en las investigaciones de las desapariciones forzadas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridas el pasado 26 y 27 de septiembre.

De acuerdo a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos; Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas.

Asimismo, por Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud y Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Esto lo dieron a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR)en un comunicado conjunto, el que señala que estos nombramientos se dan conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 12 de noviembre de 2014.

En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.

A la luz del acuerdo de asistencia técnica, el grupo tendrá las siguientes atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.

En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes. Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.

El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.

Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.

El comunicado indica que el Estado mexicano continuará trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014.

“Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos”.