Congeló UIF cuentas al gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, luego que FGR obtuvo orden de aprehensión en su contra delincuencia organizada y lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó  que congelaron las cuentas del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que la FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de “Francisco G” por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”, afirmó.

Un juez libró una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, confirmaron fuentes de la institución.

El 30 de abril, la Cámara de Diputados decidió retirarle el fuero a García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar la solicitud de procedencia y descartó nombrar a un gobernador interino.

El Poder Legislativo estatal argumentó que el pleno de la Cámara violentó la soberanía de Tamaulipas al quitarle el fuero al gobernador. Los diputados locales también acordaron presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronunciara sobre el caso.

Juan Luis González Alcántara Carranca, ministro de la Corte, desechó el recurso por “notoria improcedencia” al afirmar que no hubo violación de competencias porque los legisladores de Tamaulipas actuaron conforme a sus facultades y decidieron no homologar la solicitud de procedencia, lo que dejaría con fuero al gobernador García Cabeza de Vaca.

“Lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”, indicó el ministro en su fallo.

La FGR impugnó la decisión de la Corte y envió un oficio en el que solicitó revisar el fallo del ministro Alcántara Carranca.