La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó hoy a la Cámara de Diputados del Congreso de la República, el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Dicha solicitud obedece a una denuncia presentada por particulares para para proceder en su contra por los delitos de delincuencia organizada, “lavado” de dinero y defraudación fiscal equiparada. A
La solicitud fue confirmada por la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, en un oficio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.
“Hoy fui notificado que la Cámara de Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, escribió el líder parlamentario de Morena.
La solicitud de juicio de procedencia fue presentada ante la Secretaría de la Cámara de Diputados por Ancelmo Mauro Jiménez, Karina Jazmín Durán y Elizabeth Alcantar Cruz, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda.
Se informó que el recurso deberá ser ratificado el próximo jueves por la Fiscalía General de la República. Báez detalló que la petición de declaración de procedencia establece como causas de la solicitud la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Una vez ratificada, la demanda del Ministerio Público sería turnada a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para determinar si se inicia o no el procedimiento de desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas.
La denuncia por enriquecimiento ilícito es por más de 951 millones de pesos, derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12. Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.