Vania Pigeonutt / diario19.com
Cincuenta minutos fueron suficientes para que 37 diputados del Congreso local decidieran el futuro de la transparencia en el estado, durante los próximos cuatro años.
Faltaban diez minutos para las seis de la tarde cuando en la Mesa Directiva del Congreso se oían sonidos habituales. 1…2… y 3… chasqueaba con los dedos una la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Arizmendi Campos, quien funge como secretaria de esa mesa. Decía al micrófono, ¿listos compañeros? A esa hora ya estaban listos para votar por los próximos consejeros del Itaig, aunque esa decisión debió conocerse desde las 11 de la mañana, hora que estaba planeada la sesión.
Los minutos previos a la sesión fueron oprobiosos: desde un insulto hacia un reportero por parte de Evencio Romero Sotelo, diputado también de MC quien le lanzó una señal de caracolitos porque éste se quejó de lo tarde que había iniciado la sesión, hasta la mirada de conteo que hacia Arzmendi hacia las curules vacías de varios de sus compañeros. La comida, quizá del festejo, también estaba a la espera del término de la sesión en la sala anexa al recinto.
El resultado fue publicado por los diarios locales al día siguiente con diferentes cabezas. El Sur definió la elección de consejeros del Itaig como: “Colocan diputados a asesores suyos como integrantes del Instituto de Transparencia”, mientras que la Jornada Guerrero colocó: “En elección de consejeros del Itaig pesó el padrinazgo político, se quejan aspirantes”.
Todo fue de trámite, de “cédula”, la llamaron los diputados. Sólo 37 de los 46 asistieron a la sesión. Los más faltistas, los “juniors”, Ángel Aguirre Herrera y Rubén Figueroa Smutny no estaban presentes, así como otros nueve. Los demás depositaron en una urna de plástico los tres nombres de los consejeros, “que de acuerdo a las entrevistas fueron los mejores evaluados para ocupar el cargo”.
Se decidieron por los perredistas Crescencio Almazán Tolentino y Joaquín Morales Sánchez, además del priista Roberto Rodríguez Saldaña, aunque éstos no cumplen al 100 por ciento con los requisitos para ocupar el cargo; además los diputados, hasta las diputadas, olvidaron la paridad de género que recomienda la ley de Transparencia 374 porque dejaron fuera del Itaig a las mujeres, aunque por lo menos de dos, sus entrevistas fueron mejor evaluadas que las de los seleccionados.
Entre los temas que abordarían los diputados estaban otros dos dictámenes: la reforma del tercer párrafo del artículo 99 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, y las reformas y adiciones a la Ley Número 762 de Justicia para Adolescentes del Estado de Guerrero. Pero la sesión más esperada fue en donde más rechiflas se escucharon.
¿Quiénes son los consejeros electos por los diputados?
A mediodía del viernes el Congreso local lucía como casi siempre: las curules de los diputados sin ellos, edecanes listas para preparar café, servir galletas. Una tarde más de sesión extraordinaria, que no tuvo nada de extraordinaria: los próximos tres consejeros no son los mejores calificados para el puesto, pero sí resguardarán muy bien los intereses de políticos.
El proceso de selección del Itaig inició con la emisión de la convocatoria el cinco de diciembre. El Congreso decidió que serían tres días de entrevistas, el 28 y 29 de enero y habían dicho el 31 de ese mes, pero después sin previo aviso reagendaron para el 4 de febrero. Las entrevistas darían el parámetro a los diputados de los conocimientos de los aspirantes a consejeros. Sólo tres podrían ocupar el cargo, que según las organizaciones, es el más ciudadano dentro de las estructuras de gobierno.
Pasó el proceso. El Observatorio Ciudadano por la Transparencia en Guerrero (OCTG), organización ciudadana que aglutina a periodistas y asociaciones civiles que dan cobertura al tema de la transparencia señalaron varias irregularidades; por ejemplo la aceptación de los participantes. Los diputados aceptaron entrevistar a 22 de una lista depurada de 35, a quienes la organización, de acuerdo a parámetros de sus conocimientos, consideró con pocos conocimientos en la materia.
También observó la politización de los tres candidatos. Crescencio Almazán Tolentino, quien obtuvo 31 votos y fue promovido por el Grupo Guerrero (GG) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incumple con el requisito de haber renunciado dos años antes de la designación, pues todavía el 26 de enero del 2012 firmó documentos como coordinador jurídico de la Sedesol del gobierno del estado; además de ser asesor de la diputada perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo, hermana de David Jiménez Rumbo, con quien ha trabajado desde 1998.
El OCTG considera que si el proceso no se repone, la opacidad continuará en el Itaig, pues los tres palomeados para el periodo 2014- 2018 incumplen con las exigencias de la ley, que por poner un ejemplo, en su artículo 87 define cuáles son los requisitos para ser consejero, por ejemplo en la fracción novena de ese mismo artículo establece como requisito para ser consejero, “no haber sido servidor público diverso de los indicados en la fracción sexta de este artículo (gobernador, titular de algún poder), cuando menos dos años anteriores a la designación”.
Pero a los diputados se les olvidó, o más bien, el propio Arturo Álvarez Angli, legislador del Partido Verde Ecologista de México, delineó la apreciación de la ley que la Comisión de Gobierno, cuyos integrantes realizaron las entrevistas, tomó como parámetro. Dijo que se permitió la participación de gente que incumplía con los requisitos, porque de lo contrario, la lista de aspirantes quedaba muy reducida, y en ese escenario sólo contarían con gente “desempleada en los últimos dos años”.
Dijo: “Por eso decidimos dar la interpretación (a la ley) que más espacio diera a la participación”.
Con esa interpretación se eligió también a otro funcionario. Roberto Rodríguez Saldaña, primo del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Javier Saldaña Almazán, y hermano del ex rector Marcial Rodríguez Saldaña. Ha sido filial del Partido Revolucionario Institucional (PRI); pero, por si fuera poco hasta horas antes de que rindiera protesta como consejero era director de la escuela de Derecho de la universidad.
Además de que fue perteneció al Itaig como coordinador ejecutivo de las resoluciones de los consejeros durante este último periodo.
Joaquín Morales Sánchez no se queda fuera de la politización del proceso. Porque mientras el grupo de Jiménez rumbo colocó a Almazán Tolentino, las corrientes perredistas de Nueva Izquierda (NI), Nueva Mayoría (NM) e Izquierda Democrática Nacional (IDN) lograron colocarlo.
Este consejero no ha sido funcionario, pero tanto en esta legislatura como en la pasada asesoró a perredistas, lo que convierte al actual consejero en una persona de grupos políticos. Actualmente asesoraba a la diputada del sol Azteca, Luisa Ayala Mondragón.
Según el cuadro de calificaciones del OCTG que difundió a los medios de comunicación de las entrevistas hechas por los diputados, su calificación fue alta, porque conoce la ley de transparencia y tiene propuestas innovadoras para implementar en el Itaig; sin embargo, su cercanía con el PRD, para la organización es inconveniente para el Itaig.
El OCTG fue contundente en sus críticas. En su posicionamiento dado a conocer a los medios de comunicación. “Lo que al inicio pretendió ser un proceso transparente y abierto a la ciudadanía, al final concluyó como un desaseado reparto de cuotas entre los dos partidos que tienen mayor número de diputados en el Congreso local”.
Agrega: “los nuevos miembros del ITAIG asumirán sus cargos, comprometidos con los grupos de poder que los favorecieron, y muy lejos quedará la intención y el espíritu de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, de que el ITAIG sea un órgano ciudadanizado”.
Las más de 20 organizaciones que integran el observatorio y otra veintena de periodistas aseguraron que no avalan la decisión que tomaron los diputados porque dejaron fuera a aspirantes que en sus presentaciones mostraron capacidad, experiencia y conocimiento del tema, como es el caso de las dos candidatas que obtuvieron las mejores calificaciones de los 22 entrevistados, Elizabeth Patrón Osorio y Mayra Gloribel Martínez Pineda.
Desaprobaron la decisión de los diputados porque hicieron caso omiso al inciso d) del artículo 89 de la Ley de Transparencia que recomienda “que en la conformación del Pleno del Instituto se procurará que exista equidad de género”.
“El Congreso del estado mostró un total desinterés por las opiniones y sugerencias que hicimos como Observatorio Ciudadano; en particular, la Comisión de Gobierno nunca respondió a las peticiones formales que le hicimos llegar, ni dio apertura a la participación ciudadana en el proceso, lo que evidencia la vocación autoritaria de ese órgano legislativo en la toma de decisiones”.
Mujeres que dan su postura en torno al proceso
Ya terminó la sesión se le escuchó decir a Carlos Santiago, aspirante a consejero que no tuvo el aval de las corrientes, pero estaba al lado de reporteros escuchando el acto. Las secretarias de la Mesa Directiva, Karen Castrejón del PVEM y Laura Arizmendi contabilizaron los votos e informaron de los resultados. La presidente de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra, comunicó la decisión final.
Las rechiflas de reporteras por la equidad de género se escucharon muy bien hasta la Mesa Directiva. Ningún diputado se inmutó. Sonrientes, vestidos arribaron al centro del recinto los tres electos; ya lo sabían, dice Carlos Santiago, ellos ya lo sabían. Tenía razón. Un día antes, Crescencio Almazán, quien tiene amistad con varios reporteros les contó que él sería el palomeado. La sesión, entonces fue sólo simulación.
Elizabeth Patrón Osorio quien fue directora general de Vinculación y Transparencia en el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo tuvo sólo 10 votos, aun cuando el mismo OCTG le dio una calificación alta en su entrevista, porque la consideró con conocimientos en materia de transparencia y que respondió, aún con las preguntas poco formuladas de los diputados, de forma correcta a éstas.
Mayra Martínez, ex jefa del departamento de la Auditoría General del Estado (AGE), no tuvo ningún voto; incluso el diputado aguirrista a quien le maneja prensa, Alejandro Arcos Catalán, no asistió siquiera a la sesión del viernes siete de febrero. Ella tampoco fue mal evaluada por el OCTG. Sólo quedó de entre los seis aspirantes a elegir, al igual que Francisco Ruíz Catalán y Elizabeth Patrón.
En su caso criticó que ese tipo de convocatorias “son una simulación” y pesa más un padrinazgo político que la experiencia, capacidad y conocimiento. En tanto, Elizabeth Patrón aseguró que no avalará ni la imposición, ni los acuerdos, las negociaciones, ni el pago de cuotas.
Aunque Patrón Osorio ya decidió que impugnará legalmente la selección de consejeros del Itaig. Una diputada perredista cuyo nombre no reveló le dijo cómo estaba el asunto. Elizabeth le pidió su apoyo, luego de que consideró, así lo reveló, que tenía el perfil para ser consejera del Itaig. La diputada le contestó en un mensaje de texto, palabras más, menos, “estás son situaciones que a usted y a mí nos rebasan. Esto es un asunto de cuotas políticas. Qué le sirva para el currículum. Suerte”.
Aún con el ánimo de la legisladora Elizabeth aseguró que impugnará porque ni Crescencio ni Roberto en términos estrictos de ley cumplen con los requisitos de ésta.
Las críticas fueron muchas, pero a los nuevos consejeros esto no les importó, Roberto Rodríguez hizo un enroque con el anterior consejero del Itaig, Ernesto Araujo Carranza. Lo dejó como director de Derecho, escuela de la que estuvo a cargo hasta el viernes de su designación. Araujo a diferencia de sus dos compañeros ex conejeros Antonia Cárcamo Cortez y Marcos Ignacio Cueva, no se inscribió para contender por su tercer periodo, quizá hizo bien porque no se quedó sin nada.
El palomeado de Jiménez Rumbo fue electo el lunes como presidente del organismo: un jiménezrumbista se colocó al frente del Itaig para exigir transparencia a los 150 sujetos obligados de rendir cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, como asesor jurídico de la Sedesol estatal en tiempos de Jiménez Rumbo, no promovió la contestación de solicitudes de información en su área.