Fueron despedidos 43 empleados de la delegación de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, y amenazados de ser demandados penalmente si no firmaban su renuncia obligada, por no haber cumplido con el tratado de la extracción del agua en la presa La Boquilla.
Se estima que en total serán despedidos alrededor de 150 trabajadores de la delegación Chihuahua, y ahora, concentrará trámites en la ciudad de Monterrey hasta donde tendrán que viajar agricultores y campesinos chihuahuenses.
A los trabajadores federales pretenden arrojarlos sin indemnización; se trata de personal de las áreas de Jurídico, Recursos Humanos, Recaudación, Fiscalización y demás, a quienes el gobierno federal culpa de no cumplir con el acuerdo internacional del tratado de aguas, a pesar de que los agricultores no permitieron que se vaciaran las presas tras una serie de enfrentamientos, y protestas que cobraron la vida de una madre de familia y el encarcelamiento en circunstancias dudosas de tres agricultores a quienes ahora acusan de terrorismo.
“Nos comentaron que el motivo de que nos piden la renuncia es de que ellos consideran que incurrimos en responsabilidades por el manejo del tratado internacional de aguas, derivado a qué no se cumplió con la cuota del agua”, reveló Verónica Aguirre empleada de Conagua.
Explicó que la cuota consistía en completar ciertas cantidades de agua para cumplir los tratados internacionales del agua, poniendo de ejemplo el caso de la Presa La Boquilla.
Otro empleado despedido quien pidió conservar el anonimato, dijo en entrevista a La Opción, que el personal de Conagua no tiene injerencia en determinar si se abren o no las presas.
“Ellos (productores) bloquearon las presas para que no se abrieran (…) Nosotros nomás recibimos órdenes y ejecutamos órdenes”, apuntó.
Los empleados de conagua informaron que el despido concluirá este 28 de febrero, por lo que a partir de ese día la presencia de ninguno de ellos será necesaria en las oficinas.
En otro punto, tras el despido masivo, los trámites referentes al agua en el Estado, los interesados tendrán que acudir a Monterrey, Nuevo León.
Momentos después de la manifestación en el estacionamiento de la delegación, el legislador federal Alan Falomir acudió con los afectados a ofrecer apoyo de asesoría legal para que fueran liquidados conforme a la ley, en caso de no ser contratados de nueva cuenta.
El diputado federal se comprometió en apoyar desde la comisión legislativa de agua en el Congreso de la Unión, respecto al tema de que los agricultores ya no podrán realizar su trámites en la capital del Estado.
Con información de La Opción de Chihuahua.