La eterna narco-política latinoamericana

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Alias la Reina del Sur y los hermanos Lorenzana hacen parte de las nuevas relaciones entre narcotráfico y política en Latinoamérica. Ilustración de Dennys Mejía/ Imagen utilizada con autorización de Plaza Pública.
Alias la Reina del Sur y los hermanos Lorenzana hacen parte de las nuevas relaciones entre narcotráfico y política en Latinoamérica. Ilustración de Dennys Mejía/ Imagen utilizada con autorización de Plaza Pública
El financiamiento del crimen organizado en la región tiene como su mejor aliada a la impunidad. El nuevo caso que estremece la región es el supuesto financiamiento del narco al presidente de Guatemala que fue electo como opción al anterior destituido por corrupción.
Ainicios de agosto, Marlon Francesco Monroy Meoño, un militar guatemalteco acusado de narcotráfico, se declaró culpable en Estados Unidos. Monroy, conocido como el Teniente Fantasma, fue capturado en Guatemala en abril de 2016. Su confesión, cobra especial relevancia, ya que según señala elPeriódico de Guatemala, Monroy declaró que fue financista de la campaña electoral de 2015 de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, presidente y vicepresidente del gobierno. ElPeriódico detalla que Monroy amenazó con revelar dicho aporte, aunque terminó aceptando su extradición a Estados Unidos, asegurando que presentaría pruebas a las autoridades de este país.
Este es el más reciente cimbronazo de la narco-política en América Latina. Desde las imágenes de Pablo Escobar paseándose como congresista suplente en Colombia, hasta la perdida de la visa del entonces Presidente del mismo país, Ernesto Samper, por que su campaña recibió millones de dólares del llamado Cartel de Cali, es claro que el narco siempre ha querido tener políticos de bolsillo. La mejor vía, el financiamiento de sus campañas. Año con año en Guatemala las dudas han estado presentes. Sin embargo, hasta la fecha, la justicia no ha sido diligente en la investigación y procesamiento de financistas y financiados.
En julio de 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló en un informe que la corrupción es la principal fuente de financiamiento de organizaciones políticas. La CICIG expuso que de este monto tanto el crimen organizado como el narcotráfico podrían copar el 25 por ciento de estos fondos.

En este informe, la CICIG señaló que una de las estructuras de financistas que operó durante la administración de Álvaro Colom —entre 2008 y 2011— está relacionada con Obdulio Solórzano Montepeque, un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico. Solórzano fue financista de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y fue postulado y electo como diputado por este partido en 2003. En 2010 murió asesinado.

Otra de las estructuras del partido estuvo liderada por Gloria Torres, hermana de la entonces esposa del presidente Colom, acusada de tener vínculos con el grupo dedicado al narcotráfico, liderado por Juan Ortiz Chamalé.

En el mismo informe, la CICIG señala a Esduin Jerson Javier, electo alcalde de Ipala, Chiquimula, en las elecciones de 2015. Javier, conocido como el “Tres Quiebres”, está vinculado con el narcotráfico en la región. Actualmente sigue en su puesto.

Marllory Chacón, conocida como la reina del Sur, está señalada de dirigir una organización de narcotráfico y lavado de dinero. Según han detallado varios medios, Chacón figura como financista oculta del Partido Patriota (PP), que llevó a Otto Pérez Molina —hoy en prisión por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera— a la presidencia en 2012.

En otros países de América Latina las sospechas de financiamiento ilícito también están a la orden del día. En Honduras, Devis Leonel Rivera Maradiaga, un ex líder del cartel Los Cachiros confesó en marzo de este año haber pagado sobornos al expresidente Porfirio Lobo, que estuvo en el cargo entre 2010 y 2014. El monto de los sobornos, según Rivera, ronda los 550 mil dólares. Lobo calificó las acusaciones de “absolutamente falsas”.

El Salvador tampoco es la excepción. Un grupo de 14 congresistas de Estados Unidos demandaron en junio de este año que se investiguen los posibles vínculos de José Luis Merino, viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo de ese país, con el narcotráfico y el lavado de dinero. El vocero de la Presidencia calificó esta petición como una cortina de humo.

México es otro país en el que el narcotráfico vive en contubernio con política, aunque son pocos los casos que han sido llevados ante la justicia. Según una publicación de La Jornada, en 2009 se estimaba que el narco podría haber financiado campañas electorales en al menos 219 municipios de 22 estados. Varios medios publicaron en abril de este año cómo Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, financió su campaña a través de dinero del narco. Tras cinco años prófugo, Yarrington fue detenido a inicios de abril, acusado de lavar dinero del narcotráfico.

En Colombia, uno de los precursores de esta modalidad con los míticos carteles de los años 80, tiene de manera permanente nuevos casos que incluso ya se convierten en paisaje en la prensa local. La más reciente etapa en masa de narco-política a la colombiana fue con la denominada parapolítica que llevó ante la justicia a más del 30 por ciento del Congreso, por sus vínculos con paramilitares que a su vez estaban vinculados con narcotráfico. Estos grupos usaron múltiples estrategias criminales para buscar beneficios políticos para sus aliados, lo que fue una de las mayores evidencias en las investigaciones.

Venezuela también tiene algunos ejemplos de financiamiento de política a través de dinero del narcotráfico. Uno de ellos, el de Tareck El Aissami, vicepresidente del país señalado por utilizar testaferros para lavar activos provenientes del narco. El Aissami, quien fue incluido en la lista Clinto en febrero pasada, ha negado todas las acusaciones.

Mientras que en Paraguay, se desveló en 2014 una red de políticos y narcotraficantes que operaban conjuntamente. Documentos, mensajes y llamadas detallaron los vínculos de diputados y cabecillas del narco, quienes los ayudaron a costear campañas electorales.

Hasta ahora, los procesos contra partidos políticos por financiación electoral ilícita avanzan a paso lento. Las débiles herramientas para realizar investigaciones en profundidad, sumando a la falta de probidad de las autoridades judiciales en cada país, no han contribuido a cortar de raíz un tráfico ilegal de fondos que ayudan a políticos a llegar al poder. Lo que deja a los ciudadanos a la merced de políticos que le deben favores a delincuentes

 

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