A cinco años del escándalo conocido como Gobierno Espía, que exhibió cómo la administración de Enrique Peña Nieto utilizó el software Pegasus para intervenir de manera ilegal los celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha llamado a declarar a ningún alto funcionario del sexenio pasado involucrado. La simulación y la complicidad parecen ser las causas.
Los implicados: Miguel Ángel Osorio Chong, Eugenio Imaz Gispert, Jesús Murillo Karam y Salvador Cienfuegos Zepeda, quienes dirigieron la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respectivamente, porque son las instituciones de seguridad que compraron el programa espía Pegasus y lo utilizaron de manera ilegal.
La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero entrevistó a operadores de Pegasus en la extinta PGR y buscó hablar con Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien presentó una serie de amparos para no dar su versión.
Después Zerón huyó a Israel, donde se esconde de la justicia mexicana que lo busca por su participación en delitos de tortura en el contexto del caso Ayotzinapa.
De acuerdo con el medio israelí Cacalistech, Zerón ha vivido en el departamento de David Avital, un contratista de seguridad que ha vendido sistemas de vigilancia “Geomatrix” y “Echo” a la PGR y la FGR.
El único personaje detenido por el caso Pegasus se llama Juan Carlos García Rivera, un exempleado de la red de compañías del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, quien vendió al gobierno de Peña Nieto el software desarrollado por NSO Group.
García Rivera fue detenido por la FGR en noviembre de 2021, con base en las acusaciones de un testigo protegido, su colega en las empresas de Ansbacher. El testigo, identificado en la carpeta como “Zeus”, acusó a García de enviar mensajes infectados con Pegasus, de operar el programa desde las oficinas de Ansbacher en la calle Ejército Nacional, y de haber vendido el programa a la Sedena.








