Luego de 4 años inhabilitado y un proceso penal pendiente, José Luis García regresa al servicio público en el COBACH

La secretaria de la Función Pública (SFP) de Chihuahua inhabilitó por cuatro años en 2017 al exsecretario de Desarrollo Social y ex director del colegio de Bachilleres, José Luis Rodríguez García, por violencia institucional en contra de la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer), Emma Saldaña Loera.

Hoy ha tomado el cargo de Secretario académico, cobijado por su amigo González Moken secretario actual de Educación en Chihuahua. García también ha sido vinculado en gran amistad con la Gobernadora Maru Campos, criticada por el nombramiento del ex funcionario Duartista.

Saldaña Loera denunció a Rodríguez García en 2016 y fue después de un año que la entonces, secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya, notificó a las partes que si hubo faltas que acreditan la violencia institucional y discriminación.

Emma Saldaña también denunció al exfuncionario penalmente, y el proceso continúa su desarrollo. García habría ejercido violencia física contra la funcionaria que defiende precisamente a las mujeres, así como gritos, agresiones físicas y actos tendientes a ridiculizar a la denunciante y a sus subordinados.

«Por resolución del día de hoy emitida por Rocío Stefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública, se determina la inhabilitación por cuatro años a José Luis García, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, esto por haber incurrido en violencia institucional y laboral y un trato con gritos, agresiones físicas y actos tendientes a ridiculizar a la denunciante y a sus subordinados”, dice un comunicado enviado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

De acuerdo con el documento, la SFP tomó en consideración «el cúmulo de evidencias proporcionadas por ambas partes» y le dio veracidad a la denuncia presentada por Emma Saldaña.

El Cedehm asentó que la resolución es fundamental para los casos en los que las mujeres denuncian violencia, con independencia de la instancia en la que lo hagan.

Violencia familiar y laboral: Denuncia penal pendiente.

Cuando fue llamado a declarar por la denuncia penal en su contra por violencia, José Luis García refirió que la última semana de mayo del 2015 su hija fue olvidada en Parral, luego de un concierto que ofreció la orquesta del Colegio de Bachilleres, de la que era integrante, y por teléfono le reclamó enojado a la mamá de la joven encargada de la orquesta.

Luego se declaró inocente y destacó que es la primera ocasión que se ve involucrado en un caso penal.

El tema fue discutido por Emma Saldaña y García en una reunión en el Museo Semilla, donde la víctima refirió que el exfuncionario le gritó.

La defensa de García mencionó a tres funcionarios como testigos (entre ellos el delegado de la Sedesol), quienes aseguraron que aquél no le gritó a la directora de Ichmujer.

Irma Saldaña, coadyuvante de Emma Saldaña, destacó que ese no es el único momento en el que José Luis García ejerció violencia verbal contra aquella, ya que en otra ocasión incluso hubo maltrato físico cuando la empujó y estrujó.

Precisó que uno de los casos en que José Luis García trató mal y despreció las demandas de Emma Saldaña fue cuando ella denunció en las reuniones de la Sedesol que el DIF estatal no otorgaba despensas a las víctimas, como era su obligación.

Para no consignar al exfuncionario a un juzgado, el MP dijo que no hubo abuso de autoridad porque Saldaña es funcionaria. No obstante, el juez le aclaró que la ley no distingue entre la condición de cada persona, y toda persona, agregó, es sujeto de derecho.

El Ministerio Público también argumentó que no había relación laboral entre Saldaña y García porque el Ichmujer es autónomo, pero Rodríguez Gaytán explicó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que ese Instituto está dentro de la estructura organizativa y la esfera de competencia de la Sedesol.

En ese sentido, el juez determinó que el MP no atendió las reglas del procedimiento y perjudicó los derechos de la víctima, además de que no fundamentó su decisión y dejó inconclusa su investigación, por lo que debió reabrirla y sigue pendiente.