Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió un acuerdo por el cual el caso Ayotzinapa fue reabierto.
El miércoles anterior comenzó a funcionar la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa, adscrita a la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH, en el décimo piso del edificio alterno de la sede de ese órgano autónomo, en un hecho inédito en la historia de la CNDH.
De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento Interno de la CNDH, el orden jurídico (la ley y el reglamento) que rige la actuación del organismo nacional de derechos humanos prohíbe reabrir expedientes y casos en los que se determinaron violaciones a derechos humanos.
El reglamento de la Ley de la CNDH sólo prevé reabrir un expediente de queja cuando se haya concluido sin que se haya determinado la violación a Derechos Humanos, es decir, casos en los que no se haya dictado una recomendación.
No obstante, el 18 de octubre, Piedra Ibarra emitió el “Acuerdo de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el cual se apertura un nuevo expediente de queja sobre nuevos hechos y elementos respecto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero”.
La reapertura del caso por parte de la CNDH se basó, según el acuerdo firmado por Piedra Ibarra, a que el 24 de junio de 2021 el comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, presentaron un escrito ante el organismo público autónomo, “solicitando la apertura de un nuevo expediente de queja sobre el caso Ayotzinapa y manifestaron su inconformidad con el contenido de la recomendación 15VG/2018, por ser revictimizante, en agravio, tanto de los estudiantes normalistas rurales, como de sus madres, padres y familiares”.
Nuevos elementos del caso Ayotzinapa
Pero también se lee en el Acuerdo, por “las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como a los nuevos hechos y elementos del caso”.
La elaboración de una nueva investigación por parte de la CNDH, contempla, necesariamente la construcción de una verdad diferente a la planteada en la narrativa que ha sido consultada por investigadores, académicos, periodistas en la recomendación de la CNDH, a partir de los documentos e indagatorias realizadas durante años.
El documento de la CNDH presentado a la opinión pública el 28 de noviembre de 2018, consta de 2 mil 178 páginas, más anexos. Es considerado por muchos la verdad de los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, a manos del grupo criminal Guerreros Unidos en contubernio con policías municipales.
La titular de la CNDH, también ampara la reapertura de las investigaciones de esa dependencia, basada en que “derivado de los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) se ha obtenido nueva información relativa a presuntas violaciones a los derechos humanos”.
En este acuerdo se dispone la creación de la Dirección Especial para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la Dirección General de la Primera Visitaduría General. El 29 de enero de 2020, se publicó el Acuerdo de la Presidencia de la CNDH por el que se deja sin efectos el Acuerdo de creación de la Oficina Especial para el caso Iguala, de fecha 18 de diciembre de 2014.
Un año y diez meses después la misma Piedra Ibarra le da un mayor realce al caso: desapareció una Visitaduría -Oficina Especial- y creó una Dirección de Área, que, desde ayer, 1 de diciembre cuenta ya para empezar a funcionar con un espacio físico en el piso 10 del edificio anexo a la sede del órgano autónomo en el sur de la Ciudad de México. Hasta el momento no se conoce quién es su titular y quiénes sus miembros.
Originalmente, el trabajo sobre el caso Ayotzinapa en la administración de Piedra Ibarra recayó en José Martínez Cruz, quien fue nombrado por Piedra Ibarra como Primer Visitador. Por diferencias de criterio Martínez Cruz fue despedido; su principal línea de investigación del caso era la participación de elementos del Ejército mexicano en los hechos.
Con el nuevo artículo 182 Bis, Piedra Ibarra creó un dispositivo que le autoriza reabrir ese y cualquier otro caso y la la CNDH quedará autorizada a emitir una nueva recomendación.
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