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ILUSTRACIONES: JOSÉ QUINTERO
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad
El 4 de noviembre del año 2010 a las ocho de la noche, Humberto Moreira Valdés, entonces gobernador de Coahuila, salió a la pista del Coliseo Centenario, un centro de espectáculos emblemático en Torreón. Los gritos y las porras de las más de ocho mil personas que asistieron a su quinto informe de gobierno eran estruendosos al grado de no dejarlo iniciar su discurso.
La gente ovacionaba al político de 44 años que había ganado las elecciones de 2005 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que gozaba de popularidad entre los coahuilenses.
En esos días, Humberto Moreira presumía un índice de popularidad superior al 95 por ciento, y durante cinco años lanzó múltiples programas sociales como Los Comedores de la Gente, Las Farmacias de la Gente y las Mega Farmacias de la Gente.
Atrás de él una gran pantalla proyectaba su fotografía a medio plano y fondo rojo, el color insignia de su partido. Humberto Moreira estuvo acompañado por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; el gobernador de Puebla, Mario Marín; el de Oaxaca, Ulises Ruiz; el mandatario de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; y el alcalde de Tepic, Roberto Sandoval. Así como los actores Carmen Salinas y Pablo Montero. La cúpula priista le aplaudía.
Durante su discurso dijo: “¿Cuáles son nuestras fortalezas? Economía diversificada, indicadores superiores a la media nacional, condiciones de bienestar social favorables, incremento en los niveles de inversión y deuda pública manejable. Somos el primer lugar nacional con menor porcentaje de gasto destinado a la deuda”.
Meses después se revelaría otra realidad: que las finanzas del estado estaban sobre endeudadas. Durante el sexenio comprendido de 2005 a 2011, la deuda bancaria del estado se incrementó de 323 millones de pesos a 35 mil millones de pesos. Se elevó casi 109 veces.
Han pasado ocho años de la adquisición de créditos que convirtió a Coahuila en el cuarto estado más endeudado de México y a la fecha se desconoce a detalle el destino del total del dinero y ninguno de los involucrados fue sancionado.
Una investigación apoyada por la convocatoria de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que desde que se contrajo la llamada “Mega Deuda” se iniciaron nueve denuncias en Coahuila relacionadas con una parte del endeudamiento del estado, pero a la fecha solo se conoce una sentencia, relacionada con la petición de solo mil millones de pesos al banco Santander.
Pero el fallo resultó a favor de dos funcionarios públicos: Enrique Ledezma Sánchez y Juan Manuel Delgado Hernández, trabajadores del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), una de las dependencias que adquirió los créditos.
Información obtenida por MCCI a través de 50 solicitudes de acceso a la información revela que este proceso legal iniciado contra los funcionarios públicos se basó en un delito menor y un documento ilocalizable. También se cometieron omisiones por parte del juzgado donde se llevó a cabo: el Segundo en Materia Penal del Distrito de Saltillo.
A pesar de los dichos de Humberto Moreira que afirman que el dinero se invirtió en obras para el estado, una sentencia judicial revela que no hay constancia de que el dinero adquirido se haya utilizado en infraestructura y fue desviado “con propósitos desconocidos”.
REVELAN DEUDA
Dos meses después del quinto informe de gobierno de Humberto Moreira, y de cara a la elección presidencial del año 2012, el político coahuilense anunció que abandonaba su cargo para buscar la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 4 de enero del 2011, en lugar de Humberto Moreira asumió el cargo Jorge Torres López. El gobernador interino ocupó los puestos de tesorero municipal, contralor, secretario de desarrollo social y secretario de finanzas, todos durante la administración municipal y estatal que encabezó Humberto Moreira.
Jorge Torres mantenía la misma política de gobierno de su antecesor, hasta que el 25 de junio del año 2011 en un encuentro con empresarios de La Laguna, el secretario de Hacienda Ernesto Cordero reveló que Coahuila tenía una deuda de alrededor de 30 mil millones de pesos.
Las declaraciones de Ernesto Cordero fueron respaldadas el 30 de junio del 2011 cuando el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila realizó una conferencia de prensa para informar que el estado no solo había incrementado la deuda pública, sino que una parte del total se obtuvo con documentos falsos.
Cinco meses después, la Procuraduría Fiscal de la Federación confirmó lo dicho por el PAN en Coahuila y reveló que cinco mil millones de pesos habían sido obtenidos con documentos falsos. Al día de hoy ha sido posible para las autoridades del estado comprobar que, de dicha cifra, solo mil millones de pesos fueron obtenidos con documentos apócrifos.
Las autoridades mantuvieron bajo reserva el expediente penal 76/2011, sobre el juicio que inició la Fiscalía de Coahuila por la adquisición de mil millones de pesos con documentos falsos. A través de solicitudes vía transparencia y un litigio ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, MCCI obtuvo en marzo de 2019 la sentencia del único proceso penal que a la fecha ha concluido a nivel estatal. El documento revela que fue la Fiscalía General de Coahuila a cargo de Jesús Torres Charles, la que recabó las pruebas. Este Fiscal fue nombrado por el mismo Moreira en 2009.
Mientras que Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado designado por Rubén Moreira en el año 2012, fue quien le dio continuidad a la investigación en contra de los involucrados.
En la sentencia se lee que la adquisición ilegal de mil millones de pesos se hizo a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del gobierno de Coahuila (CEAS) y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), por medio de un crédito solicitado ante el banco Santander el 28 de marzo de 2011 en la Ciudad de México.
Contrato que firmaron el gobierno de Coahuila y el banco Santander
Para obtener este crédito, el banco y la Ley de Deuda Pública del Estado tenían como requisito la aprobación del Congreso local mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial de Coahuila. De acuerdo a la sentencia, el titular de la CEAS y el subadministrador de Políticas Financieras del SATEC, Fausto Destenave Kuri y Enrique Ledezma Sánchez, respectivamente, se presentaron en el banco. Destenave fue a firmar el crédito que debía incluir como anexo el supuesto decreto número 476 para cubrir este requisito.
Decreto falso con el que habrían obtenido mil millones de pesos en créditos bancarios.
En la denuncia presentada por el PAN a la que se tuvo acceso, se observó que este documento aún no existía y el verdadero decreto 476 fue publicado hasta el 19 de abril del 2011, pero no es sobre la deuda, si no una ratificación como cuarta regidora del Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, de Deyanira de la Cruz; es decir que los servidores públicos falsearon información para obtener mil millones de pesos en créditos bancarios.
DEPENDENCIA FACHADA
En una búsqueda documental en los archivos en el Periódico Oficial de Coahuila se encontró que fue durante la administración de Humberto Moreira que se armó la estructura para solicitar el crédito bancario.
El 23 de abril de 2010 el entonces gobernador Humberto Moreira propuso al Congreso crear el Servicio de Administración Tributaria del Estado del Estado de Coahuila (SATEC), organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio para recaudar y encargarse de la adquisición de créditos bancarios.
El 9 de agosto de 2010, el entonces gobernador Humberto Moreira nombró a los funcionarios que conformarían el SATEC / Fotografía: Gobierno de Coahuila.
La fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso coahuilense expresó que no encontraba fundamento para la creación de la nueva dependencia, cuando la Secretaría de Finanzas ya contaba con facultades en la materia; pese a ello, la reforma se aprobó por mayoría.
Dos meses después, el gobernador fijaba las funciones del nuevo organismo, lo que se refleja en tres decretos publicados dentro del número 50 del Periódico Oficial del Estado, los cuales fueron revisados por MCCI.
El primero publicaba la reglamentación interna del SATEC, en cuyo artículo 18 facultó a la dependencia para suscribir en representación del gobierno de Coahuila “los contratos de financiamiento, reestructura y los demás que se requiriera para la buena marcha de la administración pública estatal, con instituciones de crédito y financieras”.También se aprobó la sectorización de la CEAS, es decir que esta dependencia tendría que endosarle los ingresos que percibieran por cualquier concepto al SATEC.
En agosto de 2010, el SATEC entró en operaciones: Héctor Javier Villarreal Hernández fue nombrado su titular. Originario de Tamaulipas, Villarreal escaló a puestos de primer nivel en la administración de Humberto Moreira. Fue nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto en la Secretaría de Finanzas de Coahuila. Entre los colaboradores cercanos de Villarreal estaba Sergio Fuentes en el cargo de administrador de Políticas Públicas, y Enrique Ledezma como subadministrador de Políticas Financieras. Desde enero de 2009 en el CEAS ocupaba el cargo de director Fausto Destenave Kuri, un político local que fue Secretario de Seguridad Pública de Coahuila, a principios del sexenio de Humberto Moreira. Según la sentencia a la que MCCI tuvo acceso, desde que se creó el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila los trabajadores se percataron que era una dependencia fachada.
El administrador normativo de la nueva dependencia, de quien reservan su nombre, declaró que laboraba en la Secretaría de Finanzas en el área de Análisis Financiero y cuando se creó el SATEC lo transfirieron para “no hacer nada”. “Aunque me es penoso decirlo, yo iba a no hacer nada honestamente porque me involucraban muy poco en el trabajo de la oficina de Políticas Públicas”, declaró el funcionario ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Otro de los casos documentados es el del administrador de Proyectos Especiales y Estadísticas Económicas, de quien también reservan su nombre, cuya función era el desarrollo de proyectos y de servicios públicos, así como la elaboración de estudios económicos. Al igual que en el caso anterior, este funcionario laboraba en la Secretaría de Finanzas y fue trasladado al SATEC: “A mí me tenía excluido en participar en este tipo de actividades que, aunque era mi función como ya lo mencioné, analizar tasas de interés y condiciones del mercado no se me asignaban estos proyectos, no obstante que yo intenté participar en estos trabajos. Llegué a escuchar que pactaban contratos en condiciones muy altas o desfavorables para Coahuila, pero yo no podía tener participación en esas decisiones”.
LOS PROCESOS PENALES
A lo largo de ocho años se iniciaron nueve denuncias en Coahuila relacionadas con el endeudamiento del estado que llegó hasta 35 mil millones de pesos. Dos de estas nueve denuncias fueron interpuestas por la bancada panista del Congreso Local el 28 de junio y 29 de diciembre de 2011. En ellas los legisladores señalaron como posibles delitos el ejercicio indebido del servicio público y la colusión de servidores públicos. Otras seis denuncias, correspondientes a los años 2011, 2013 y 2016 fueron hechas por la Auditoría Superior del Estado, tras observar contratación irregular de deuda pública, contratación de montos superiores permitidos para adquirir deuda pública y falta de documentos que acreditaran destino de los recursos. Otra más fue hecha por el Gobierno del Estado de Coahuila, cuando ya estaba a cargo el gobernador interino Jorge Torres.
A través de solicitudes de acceso a la información a la Auditoría Superior del Estado se pidió el estatus de las denuncias. Contestaron que actualmente se encuentran en fase de investigación. Solo dos de las nueve denuncias, una de ellas la interpuesta por la bancada panista de la 58 Legislatura del Congreso de Local y la presentada después por el gobierno del Estado, se conoce que han concluido. Ambas denuncias fueron agrupadas en la causa penal 76/2011 en el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, a cargo del entonces juez Adrián González Hernández y fue por la obtención de mil millones de pesos con documentos falsos.
La sentencia obtenida revela que el proceso judicial se centró en Enrique Ledezma Sánchez, exsubadministrador de Políticas Financieras y Juan Manuel Delgado Hernández, funcionario de la misma dependencia. En la sentencia del expediente penal 76/2011 se observa que la Fiscalía inició la investigación por el delito de Equiparado al Fraude en su Modalidad de Simulación de Acto Jurídico, esto quiere decir que los involucrados en forma conjunta habrían simulado un acto que causó un daño al gobierno de Coahuila. A través del análisis de la sentencia se encontró que tanto el juez Adrián González Hernández como la Fiscalía encabezada por Jesús Torres Charles cometieron omisiones durante el proceso.
En la sentencia el juez Adrián González consideró que no se acreditó el cuerpo del delito ya que el decreto supuestamente presentado ante Santander no podía ser considerado un acto jurídico simulado.
“En todo caso existe otro delito posiblemente la elaboración y uso de un documento falso, como lo es el decreto apócrifo 476 que aparentemente había emitido el Congreso”, se lee en la sentencia. El juez dejó asentado que el delito antes mencionado (elaboración de un documento falso) no fue imputado a los acusados por la Fiscalía de Coahuila. “No quedó acreditado el cuerpo del delito”, por lo tanto dictó sentencia absolutoria.
Primera sentencia donde el juez Adrián González Hernández dictó sentencia absolutoria para los involucrados.
La sentencia del juez Adrián González Hernández fue apelada por el Ministerio Público y se inició el proceso 456/2017 en segunda instancia y al que MCCI tuvo acceso. Los cinco magistrados de Coahuila que revisaron este caso dejaron asentado en la página 131 de la sentencia que “hubo impunidad y falta de efectividad” en el proceso penal. “En primer lugar porque la complejidad del hecho ilícito podía calificarse en delitos de mayor gravedad a la consignada en la acusación por el representante social. Y en segundo lugar porque los responsables del hecho ilícito no han sido sancionados”, señalan. Agregaron: “Por ello consideramos que en atención a los principios éticos que rigen el actuar de todo juzgador, debieron incorporarse al fallo determinados aspectos que resultan ser esenciales para el total esclarecimiento de los hechos denunciados y que por circunstancias incomprensibles no se incluyeron en la acusación del ministerio público y consecuentemente quedaron impunes”.
Sentencia en segunda instancia donde los magistrados reconocen que hubo impunidad en el proceso penal.
Los magistrados también refirieron que, en este caso, la investigación del Ministerio Público no debió ser parcial y la acción penal debió llevarse a cabo con seriedad y no “como una simple formalidad condenada a ser infructuosa”. En entrevista con las reporteras uno de los cinco magistrados que dictaminaron, Armín José Valdez Torres, dijo que la Fiscalía ni siquiera anexó al expediente el decreto falsificado. “Por lo deficiente que vino la averiguación, no puede ser que te quieran acreditar la simulación de un acto jurídico, en este caso la simulación que se hizo con respecto del decreto, en donde se aprobaba que se contratara y no te agrega ni siquiera el periódico oficial falsificado. No te lo agregaron, entonces cómo vas a probar que hubo una simulación si ni siquiera tienes el acto jurídico simulado y así una serie tremenda de documentos que se sustrajeron de la averiguación y que al final tenían como propósito que no hubiera una sentencia condenatoria”.
Armín José Valdés Torres también reconoció que el delito que debieron investigar era peculado, ya que era el más fácil de perseguir. “Sobre todo cuando se mete directamente la mano a la caja, que es lo que sucedió; desgraciadamente, como para hacer más tortuosa la investigación, se fue por simulación de acto jurídico y no por peculado”.
Armín José Valdés Torres fue uno de los magistrados que revisaron en segunda instancia el proceso penal iniciado por mil millones de pesos de la Mega Deuda.
En el Código Penal de Coahuila vigente al 2011 se detectó que las figuras típicas equiparadas al fraude como es la simulación de acto jurídico se castigaban con cárcel de 2 a 8 años, y establecía multa de la que no se fijaba un monto exacto. En cambio, en el artículo 195 el castigo por peculado, que es el uso indebido de dinero público por parte de quienes lo manejan, era la inhabilitación definitiva, mismo periodo de cárcel y una multa que en este caso iba de los 500 a los mil 500 millones de pesos. El Pleno de la Sala Penal del Tribunal Superior del Estado estaba integrado por los Magistrados Óscar Aarón Nájera Davis, Armín José Valdés Torres, Antonio Berchelmann Arizpe, Juan Antonio Martínez Gómez y Efraín Rogelio García Flores.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad comprobó que al menos en dependencias gubernamentales el supuesto decreto 476 que presentaron en Santander para adquirir el crédito falso no se encontraba. A través de la solicitud de información número 00926918, la Secretaría de Finanzas de Coahuila dijo que no tenía el documento. La versión pública del contrato del préstamo, localizada en la página web de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, tampoco incluye el decreto, pese a que era requisito bancario para aprobarlo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta a una solicitud de información con fecha 5 de febrero de 2019, indicó que la deuda nunca fue registrada como lo marcaba la normatividad vigente. En su declaración en primera instancia Fausto Destenave Kuri, extitular de la CEAS, reveló que al acudir a las oficinas de Santander a suscribir el crédito nadie le mostró ningún documento anexo, es decir el decreto. Actualmente ninguno de los involucrados mencionados fue sancionado en Coahuila. El 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal Hernández, entonces titular del SATEC estuvo unas horas detenido tras ser descubierto el fraude al erario; el Juzgado Segundo en Materia Penal, entonces a cargo de Adrián González le impuso una multa y lo dejó en libertad condicional. Pese a la medida precautoria, salió del país.
Posteriormente, Villarreal fue detenido el 10 de febrero del 2012 en Texas por una infracción menor, y al descubrir 67 mil dólares en efectivo las autoridades de ese país iniciaron una investigación. Actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos en espera de sentencia por los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado. Otros de los involucrados en la petición del crédito ilegal con Santander es Sergio Fuentes, quien mantiene juicios de amparo en México y eso ha impedido al Juzgado continuar su proceso judicial. En el caso de Fausto Destenave Kuri, extitular de la CEAS, reconoció en declaraciones ministeriales haber participado en la petición del crédito, incluso confesó que observó irregularidades, pero dijo desconocer la firma del contrato en poder de la Fiscalía.
En el proceso penal detalló que había cordialidad entre trabajadores del SATEC y el personal del banco: “Como de mucha amistad y confianza”. Dijo que el día de la firma de la adquisición de los mil millones de pesos a los presentes “les urgía que firmara”. En 2017 Destenave se lanzó como candidato por la alcaldía de Saltillo. Perdió.
EL PASO DE MOREIRA
Seis años después de que se revelara la “Mega Deuda” de Coahuila, Humberto Moreira había perdido el poder político que gozó algún día. Después de abandonar la gubernatura en 2011 fue presidente un corto periodo de tiempo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En diciembre de ese año dimitió ante el escándalo por la noticia de la deuda ilegal que adquirió el gobierno de Coahuila. En 2013, Humberto Moreira se mudó a vivir a España. En el año 2016 el exgobernador fue detenido en ese país acusado de lavado de dinero. Según declaraciones de Moreira fue exonerado de todos los cargos. En 2017, con cara a las elecciones locales de Coahuila, el exmandatario volvió a la política: fue parte de la lista de candidatos a una diputación plurinominal por el
Partido Joven.
Con la candidatura también regresaron los cuestionamientos sobre la “Mega Deuda”. El exgobernador comparó las críticas recibidas por el endeudamiento con una campaña mediática similar a la del régimen de Hitler en contra de los judíos. Según la teoría de Humberto Moreira, la administración del expresidente Felipe Calderón fue el artífice de las acusaciones en su contra. “Goebbels lo que hizo fue hacer una propaganda como la que hicieron contra mí, eso fue lo que hizo Hitler, lo mismo que hizo Calderón y hubo un grupo de gente, perdón, cerrada, que le creyó a esa propaganda, pero yo estoy con la frente en alto porque soy el único político al que han investigado y estoy exonerado de todo”, dijo en entrevista con un
medio de comunicación local.
“Por otra parte yo no estaba enterado porque no tenía la facultad de la contratación directa, había funcionarios”, agregó.
Adrián González, el juez que absolvió a los involucrados, dejó su cargo en el Juzgado Segundo en Materia Penal del Distrito de Saltillo para ser nombrado el 10 de mayo de 2017 Magistrado a propuesta del gobernador Rubén Moreira Valdés, hermano de Humberto y sucesor en el cargo. En sesión ordinaria de Congreso local ese día, el entonces diputado Jesús de León Tello, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional y representante suplente del Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, reprochó que la lista de candidatos para el nombramiento no fue enviada por el Ejecutivo con antelación para su revisión, y que la convocatoria para ocupar el cargo no fue abierta y careció de publicidad.
Actualmente en Coahuila el monto de la deuda bancaria no desciende. En la administración a cargo de Rubén Moreira y la actual de Miguel Ángel Riquelme han recurrido a tres reestructuras y refinanciamientos, que dejan un saldo de 37 mil 136 millones de pesos al mes de marzo de este año. Y la actual administración ha argumentado insuficiencia financiera para adquirir nuevos créditos bancarios a corto plazo.
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