Manlio Fabio Beltrones irremediablemente tendrá que responder ante la justicia por los devíos al PRI Nacional de al menos 7 Estados de la República

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Diario 19 / 22 de noviembre de 2018

 

 

Niega el ladino ex presidente del PRI Nacional la existencia de una red para desviar recursos a canpañas electorales en 2016, pero las pruebas son contundentes e irremdialente en un futuro deberá hacer frente a sus actos de corrupción que pueden salpicar a Enrique Peña Nieto y su gabinete

 

El ex dirigente nacional del PRI, amparado actualmente contra actos de detención por cualquier instancia policial federal y estatal de Chihuahua, Manlio Fabio Beltrones, rechazó la existencia de un esquema de financiamiento ilegal “Safiro”, vía 12 empresas fantasmas, para las campañas electorales de ese partido en 2016.

Reforma publicó que, de acuerdo con testimonios ministeriales, dichas compañías lograron desviar 650 millones de pesos bajo la complacencia del SAT, tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Autoridades de siete estados, según el texto, desviaron los recursos a 12 empresas fantasmas vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de dichas campañas.

Del monto total, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras seis entidades.

“Nada de la historia relatada en la edición de hoy 21 de noviembre de 2018, tiene que ver con financiamiento de campañas del PRI en el 2016.

“Desde hace tiempo lo he hecho valer como réplica y lo sostengo. Las ‘versiones’, ‘dichos’ y ‘conjeturas’, presuntamente relatadas por ‘testigos protegidos’, ilegales y a modo, son inconsistentes e insostenibles”, planteó Beltrones en una carta dirigida a este diario.

 

 

Investigación de MCCI documenta que en la llamada ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’, como es su nombre oficial) se desviaron fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, para presunto financiamiento de campañas electorales priístas. En la trama se utilizaron 12 empresas fantasma que –según testigos- estaban “blindadas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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