Luis Cardona / diario19.com

 

El 27 de enero de 2014, los medios de comunicación de Ciudad Juárez daban cuenta de algo «nada nuevo», un hecho al que la mayoría de la gente se ha acostumbrado, a lo que los reporteros ya no asombra. Dos cuerpos fueron localizados, uno de ellos decapitado. Una camioneta abandonada en la Avenida Rafael Pérez Serna y Bulevar Juan Pablo II sirvió de aforo a una representación más de la crueldad y la impunidad con que grupos de asesinos actúan en una ciudad con olor a sangre, a muerte, y degradación social,

Juárez al momento de éste asesinato, sumó veinte muertos más a la interminable lista. Al mes aún le quedaban cuatro días más para elevar seguramente la cifra. Hubo un tiempo, en que los medios – al inicio de la guerra “narca”- publicaba el número de muertos, y la gente compraba los periódicos para saber a cuanta gente habían matado el día anterior, pero el dato dejó de ser noticia.

La muerte es algo con lo que los Juarenses conviven, resignada la población sale des sus casas “encomendándose a Dios”  esperando no ser víctima de una bala perdida, de un secuestro, asalto con pistola, con alguna navaja, un cuchillo, cualquier cosa que sirva de arma. Los padres salen de sus casas a trabajar esperando que sus hijas no sean raptadas por bandas para la trata de personas, o simplemente para ser violadas y hasta asesinadas por criminales embrutecidos por la droga, el feminicidio continúa, como la violencia, la diferencia es que la capacidad de asombro ha sido sobrepasada por mucho.
La cabeza de una de las víctimas, con parte del torso, sobre el cofre de la camioneta abandonada aún con el motor marcha “debió ser de alguien que andaba mal”, no importa la identidad, los forenses toman huellas, analizan cada uno de los cuadrantes en que dividen la escena. Observan sin aspavientos las bolsas que guardan los restos de seres humanos evidentemente torturados, toman gráficas, y van reuniendo cada cosa en una camioneta blanca que finalmente deposita los restos en la pestilente sala de una morgue que tuvo que ser ampliada hace mucho. “Aunque ya no son tantos como antes – 2008-2011 -, siempre son algunos”…

Los agentes de la policía municipal tampoco dan señales de duelo, llegaron, encontraron los cadáveres desmembrados envueltos en bolsas negras, al interior de la camioneta, dieron aviso a las demás dependencia, acordonaron el área, esperaron a que “se hiciera todo el movimiento” y fueron los últimos en retirarse. El escenario quedó listo para el siguiente acto.

Los curiosos ya no se amontonan cómo en otros tiempos, los que llegan son los reporteros de nota roja, los testigos que documentan la realidad de Ciudad de Juárez, que ha dejado de ser noticia, pero no estadística. El número de ejecuciones en enero de 2013 fue de cuatro. Las ejecuciones en enero de 2014 llegaron a 28 hoy rebasan las 80.

Las autoridades de Chihuahua, sin embargo apuntan que Juárez ya no es una zona de riesgo porque en 2012 se dieron 118 muertes violentas,  el mismo mes pero en 2011 se contabilizaron 215 y enero de 2010 se registraron 277, lo cual indica para ellos que 28 muertos, representan casi un 90% en el impacto del delito. Sin embargo en Ciudad Juárez se sigue sintiendo miedo. Menos homicidios, pero la sensación de inseguridad se nota en la cara de sus habitantes.

 

La gente huye de Ciudad Juárez

 

Una cifra muy cercana a las veinticinco mil personas abandonaron Ciudad Juárez a causa de la violencia generada por el crimen organizado. La cifra es contundente  expuso en 2013 a Chihuahua, como Estado entre los siete de más alta  emigración  en el país, de acuerdo al informe del Consejo Noruego de Refugiados.

Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, son los siete estados de la República en los el mayor número de personas desplazadas por el crimen organizado, suman. 430 mil personas entre 2011 y 2012, abandonaron su residencia, amenazadas, o después de un hecho violento que marcó sus vidas.

En 2012, 230 mil mexicanos tuvieron que abandonar su hogar a consecuencia de la violencia generada por el crimen organizado, destaca el informe del Consejo Noruego publicado en http://www.nrc.org.co/. El informe culpa de la emigración  forzada al crimen organizado, ante la impunidad que prevalece en la zona.

El PRD  en su oportunidad presentó una iniciativa de reforma constitucional para que el Estado asuma la responsabilidad “de garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente de su lugar de residencia, para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada…”, sin embargo las cosas no han cambiado.

Atender a las personas y familias desplazadas debiera ser una prioridad para el Estado, sin embargo todo queda en papel y “buenas intenciones” legislativas.

El diputado federal Israel Moreno indicó entonces que la categoría de desplazado, en el derecho humanitario a nivel mundial, difiere de la de refugiado, ya que aún y cuando en ambos casos las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden  acceder a los derechos de protección que les proporcionan los instrumentos internacionales en la materia “puesto que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida” y permanecer en su país los convierte en fantasmas sin derechos.

“El gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades de protección y asistencia que demandan los miles de desplazados que hay en territorio mexicano como consecuencia de la acción violenta del crimen organizado y el narcotráfico, dijo Moreno. Pero la situación está lejos de mejorar, se ha agudizado el crimen organizado es ahora el principal factor.

 

 

 

 

 

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