Gobiernos con perspectiva de derechos humanos/ Luis Soriano

Se han generado organismos extraordinarios y temporales como el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Periodista y algunos mecanismos estatales, comisiones nacionales y estatales de Búsqueda, de Atención a Víctimas, con sus propios sistemas y consejos ciudadanos. Aunado a esto tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales, la CONAPRED, Instituto Nacional de Pueblos Originarios y los estatales; a los organismos descentralizados y/o centralizados nacionales y estatales relacionados a los derechos humanos de las mujeres y en algunos municipios, las comisiones de derechos humanos; y así podremos hablar de más organismos públicos extraordinarios, como se ve, que se han construido con la intención de resolver en lo inmediato necesidades nacionales, estatales o municipales.

Sin embargo, el enfoque de atender lo inmediato y no atender de manera integral los casos no ha frenado en nada las violaciones a los derechos humanos, sino al contrario, se han venido incrementado dichas violaciones, las desapariciones, los homicidios, los feminicidios, los atentados por discriminación, la descomposición de la sociedad, el rompimiento del tejido social; pues el Estado durante toda su existencia se ha ocupado más en ser reactivo y menos en ser preventivo.

No podemos seguir pensando bajo la lógica del viejo régimen de crear una institución que atienda el conflicto en la inmediatez, pero no para que se realicen acciones que motiven la erradicación del fenómeno que violenta los derechos humanos; por lo mismo los casos como Radilla Pacheco, el campo algodonero y los demás casos emblemáticos, afortunadamente han logrado romper con estos techos de cristal que la burocracia tanto defendió. Sin embargo, debemos de ser claros que se crearon con la intención de cumplir con una exigencia internacional pero no para romper con los sistemáticos casos anómalos que lo motivaron; por lo mismo hay mercenarios y burócratas que se han vuelto especialistas en dar resultados sin dar resultados reales, en cumplir indicadores cuantitativos y no cualitativos, como lo son en las alertas de género, desapariciones, discriminación, pues los gobiernos pueden vender el resultado en lo inmediato y no es políticamente rentable el resultado a mediano o largo plazo, pues es más caro, menos luminoso y con muy poco valor político.

En el debate público está la pregunta de quiénes han violado más los derechos humanos como ente de gobierno, los gobiernos del PRIAN o los gobiernos en tiempos de la 4T. Sin apasionamientos he de identificar que los gobiernos del pasado han sido creadores, constructores, autores y operadores directos de violaciones gravísimas donde el Estado fue cómplice, autor o protector de quienes cometieron los crímenes de emblemáticos casos como los de Tlatelolco, Halconazo, Acteal, Ayotzinapa, Chalchihuapan, Tlatlaya, Nochixtlán, Muertas de Juárez, la aprehensión de Florence Cassez, Atenco, los fallecidos del News Divine, el incendio de la Guardería ABC, la contaminación del Río Sonora por Grupo México y varios más; que de manera directa o como cómplices, o derivado de la corrupción o en beneficio del Estado, participaron de estos hechos, y que gobierno tras gobierno lo ocultaron, pues en sus gestiones se habría registrado un hecho de esa naturaleza, haciendo de México un ciclo infinito de impunidad, corrupción y colusión.

Esta condición fue escalando de manera tan grave que las instituciones se debilitaron o han sido secuestradas por la delincuencia estrechamente vinculada a medios de comunicación serviles que daban a conocer una realidad distinta, educando a una ciudadanía aspiracional, elitista, conformista y discriminatoria, la llamada ciudadanía Televisa o los aspiracionales a La Rosa de Guadalupe o a la formación educativa de El Chavo del Ocho.

Hoy tenemos en el gobierno actual a todas estas rémoras del poder pretendiendo convencer a este gobierno que son ellas y ellos quienes tienen la solución administrativa, legislativa y judicial y por eso siguen enquistados y cada vez mejor posicionados en esta nueva época de la 4T. Hoy se tienen diputados, jueces, secretarios e incluso gobernadores que han logrado colarse bajo el falso pretexto de que son la solución a todo, cuando también son cómplices de aquellos que se pretenden vincular a procesos administrativos y judiciales y que sólo han venido entorpeciendo a quienes realmente son idealistas de la 4T.

Sin embargo, se identifica al actual gobierno ocupado por dar a conocer los casos del pasado, a dar a conocer los orígenes de esta descomposición en la que vivimos, buscando desmontar este sistema heredado y corrupto, debiendo luchar tanto con la falta de experiencia y conocimientos como con aquellos poderes enquistados en la administración pública; y a la oposición en el exterior que pretenden regresar al poder, enfocándose en armar expedientes contra los autores intelectuales y materiales de graves crímenes, identificando también que estos mismos representantes del neoliberalismo e interesados en mantener un México corrupto y obscuro, se han enfocado a pretender mantener lo suficientemente ocupados a los funcionarios del Gobierno Federal actual abriendo muchos frentes contra el gobierno, mediáticos, con la sociedad civil, sindicatos, capitales nacionales y extranjeros, sectas, obligando a esta administración a atender esta guerra de los de antes con los de ahora.

Se está ocupando casi todo el tiempo en actividades para retener el poder, quedando muy poco tiempo para atender diligentemente lo que por ley o reglamento tienen que resolver y por supuesto se carece de personal, tiempo y recursos que dediquen a construir procesos que prevengan lo que sigue sucediendo y se agrava la descomposición social. Por lo mismo se han disparado los números como las desapariciones, donde 1 de cada 3 desapariciones de personas ha ocurrido en esta administración, o los 47 asesinatos a periodistas desde el inicio de la administración, pero los números más graves son los que se han dicho por parte de Alejandro Encinas, donde reveló que más del 90 por ciento de los homicidios quedan impunes en México, y que los números señalan que no se ha logrado frenar o por lo menos disminuir la descomposición en nuestro País, y se han enfocado sólo a lo inmediato y de las causas a señalar responsables, pero no a encontrar alternativas que rompan con estos ciclos de violencia que se viven en México.

Al llegar a esta segunda parte los gobiernos en tiempos de la 4T deberán ser gobiernos preventivos y no gobiernos reactivos, pues estos últimos han sido tóxicos. Hace falta la implementación de una efectiva y real justicia transicional, hacen falta gobiernos que privilegien programas, estrategias, proyectos y demás mecanismos que se encaminen a fortalecer la cohesión social, prevención del delito, prevención social de la violencia y la delincuencia, así como buscar la dignificación de los derechos humanos.

Es necesario un movimiento revolucionario idealista, que nos permita la reconstrucción del tejido social a través de la formación de la cultura de los derechos humanos mediante comités de paz. Existen diversos mecanismos que nos puedan permitir construir hacia un futuro mejor para México, es válido armonizar el marco normativo, crear tantas instituciones que sean necesarias, pero si estas instituciones se enfocan a lo reactivo y no a lo preventivo, será un derroche de recursos inútiles y absurdos pues no se lograra frenar la descomposición que vivimos, es necesario escuchar a la sociedad civil. Urge que los gobiernos vean a la sociedad civil y a los periodistas de investigación como sus aliados y no como enemigos, urge construir puentes entre ambos lados; las críticas deben de funcionar para revalorar si nuestro actuar público requiere un giro o tener la oportunidad de comprobar que lo que se está haciendo es la mejor estrategia.