Colaboradores de Lozoya, identificados como participantes en invitaciones restringidas para una de las mega obras de AMLO

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Antiguos colaboradores de Emilio Lozoya fueron identificados como participantes en las invitaciones restringidas para una de las mega obras de Andrés Manuel López Obrador, y todavía trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de José Aarón Marrufo Ruiz y Leonardo Cornejo Serrano, de acuerdo con Milenio. El diario de circulación nacional informó que ambos interfirieron también en los contratos con Odebretch.

El periodista Rubén Mosso informó que Leonardo Cornejo es parte de Pemex Transformación Industrial (PTI) donde labora en la Subdirección de Proyectos de Transformación Industrial como subdirector corporativo. Marrufo, por su parte, también se dijo adscrito a PTI, pero como titular de unidad.

Apunto, además, que su relación con la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, radica en que fueron responsables de una de las llamadas invitaciones restringidas.

En ésta, el objetivo era el paquete de la refinería que también incluye Planta de Aguas Amargas no Fenólicas y Aguas Amargas Fenólicas de Amina con CO2, Regeneración de Amina sin CO2, Planta de Tratamiento de Gases, Planta de Recuperación de Azufre y Planta Productora de Hidrógeno.

Pese al triunfo de la empresa Kellogg Brown & Root, LLC. / Constructora Hostotipaquillo, el contrato fue terminado de manera pronta por la falta de un acuerdo en la versión final del mismo.

De acuerdo con funcionarios consultados por el medio, aseguraron que Cornejo Serrano, por ejemplo, también sería objeto de las investigaciones de la Función Pública por su relación con Odebrecht y Dos Bocas.

El 18 de julio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que interpuso la sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como contra otras 11 personas físicas y 33 morales.

Las demandas se presentaron por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos realizados presuntamente mientras el ex funcionario público fungía como el director de la dependencia petrolera en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La UIF habría identificado el esquema de lavado de dinero entre 2012 y 2016. En este contexto, y a través de las 34 empresas relacionadas con Odebrecht, se habrían otorgado contratos por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

La dependencia reveló que en un primer grupo de operaciones, “las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por PEMEX y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con ODEBRECHT”, se lee en el comunicado que detalla que esto se hizo por diversos vínculos corporativos, financieros y/o comercial.

Para el segundo grupo de operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo para después transaccionarlos y estratificarlos en un esquema de triangulación de recursos “para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos”.

Finalmente, aseguran que la dispersión de recursos se retiró masivamente en efectivo en donde se llevaron acabo comicios electorales como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.

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