Tras la tragedia del viernes al mediodía en una mina de arrastre del ejido Rancherías en Múzquiz, Coahuila, que dejó mineros muertos, se han rescatado los cuerpos de cuatro de los siete trabajadores que quedaron atrapados.
Las características del terreno y que la mina esté completamente inundada han hecho que los rescates tarden más de lo normal.
“Apenas mi hijo tenía dos días de estar trabajando en este horrible lugar, y la necesidad, más que nada, los hace tomar cualquier trabajo que les den, incluso mirando que es un lugar horrendo”, refirió Cecilia Sánchez, madre de Pedro Ramírez Sánchez.
A caballo, así trasladaron al panteón el ataúd con el cuerpo de Pedro Ramírez Sánchez, uno de los siete trabajadores que quedaron atrapados en la mina de carbon en Múzquiz, Coahuila al mediodía del viernes pasado.
Familiares denuncian que ni los dueños de la mina ni los gobiernos municipal, estatal o federal les han ofrecido ayuda y mucho menos explicación de la causas del accidente.
“No quiero que esto se quede así porque el dueño del lugar hasta hoy no lo conocemos ni tampoco nos dan información, la justicia no nos dice nada, exigimos que de la cara el responsable de esa mina, que ya con anticipación se le había comunicado que esa mina estaba mal y no puso atención, le valió”, agregó Cecilia Sánchez, madre de Pedro Ramírez Sánchez.
Pedro, de 26 años de edad, se encontraba trabajando con su primo Humberto Rodríguez, de 41 años, cuando el agua de lluvia acumulada en un tajo aledaño a la mina entró por un boquete.
“Desgraciadamente ellos ya no pudieron salir porque cuando los atrapó el agua fue como un remolino, se los llevo y los sumió hacia abajo”, señaló Cecilia Sánchez, madre de Pedro Rodríguez Sánchez
“Los lugares no estaban protegidos y así tenían que trabajar. Los empresarios nunca se fijan en eso, ellos lo que quieren es el carbón, Se hacen ricos con el carbón y a los trabajadores lo tienen en la miseria”, reiteró David Rodríguez Hernández, padre de Humberto Rodríguez Ríos.
Humberto Rodríguez fue uno de los mineros que denunció las precarias medidas de seguridad con las que trabajaban esa mina de Múzquiz. En octubre de 2020, la organización civil familia Pasta de Conchos documentó las irregularidades y junto con el centro PROHD de Derechos Humanos le entregó un documento público con fotografías a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad.








