Gobierno de AMLO subcontrata empresa fantasma para limpiar Palacio Nacional y otros edificios; mil 500 empleados

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POR:  Y 

MCCI

El actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación de al menos 1,500 trabajadores de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

Entre 2019 y 2020, Decoaro ha recibido 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de las Secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes. Nunca antes había tenido asignaciones públicas.

Uno de esos contratos lo asignó la Presidencia de la República para la limpieza del interior de Palacio Nacional, donde reside y despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha condenado en forma reiterada la subcontratación de empleados a través de outsourcing porque considera que es un mecanismo de explotación laboral, en el que los patrones se deslindan de sus responsabilidades.

En el contrato firmado el 3 de marzo de 2020 por la Presidencia de la República, ésta aceptó que Decoaro le pagara un sueldo de 123 pesos diarios a los trabajadores de limpieza de Palacio Nacional –que corresponde al salario mínimo oficial– además de deslindarse de cualquier vínculo laboral con los afanadores.

En el contrato firmado con la Presidencia el 3 de marzo de 2020, el representante legal de Decoaro declaró tener su domicilio fiscal en el pequeño departamento de la delegación Iztacalco, pero en el lugar nunca ha existido una empresa.
La propuesta económica de Decoaro fue presentada a la Secretaría Particular de la Presidencia, a cargo de Alejandro Esquer; en el documento, la empresa informó que le pagaría 123 pesos diarios a cada afanador de Palacio Nacional.

“El proveedor reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de sus trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados en el presente contrato, en forma tal, que deslinda de toda responsabilidad a la Oficina de la Presidencia, respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social”, se lee en la cláusula décima segunda del contrato, obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La empresa de outsourcing Decoaro asignó 31 empleados para la limpieza del interior de Palacio Nacional y de otros seis inmuebles que la Presidencia de la República tiene en avenida Constituyentes, en la colonia Roma, en la calle República de Guatemala y una mansión que perteneció a Manuel Ávila Camacho en el fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan.

La Presidencia se comprometió a pagar en 2020 a dicha empresa 7 millones 472 mil pesos por la subcontratación de los afanadores.

Francisco Javier Martínez Estrada, subdirector de Servicios Generales de la Presidencia y uno de los firmantes del contrato, aseguró que Decoaro ha ofrecido sin mayor problema el servicio de limpieza, el cual concluye en diciembre de 2020.

MCCI buscó a los dueños y al representante legal de la empresa, pero no se les localizó ni en los domicilios ni en el teléfono que aportaron a la Presidencia.

Decoaro se dedicaba originalmente a servicios de construcción y cambió al giro de limpieza en los meses previos al inicio del actual gobierno federal. En las anteriores administraciones no había recibido ni un peso en contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Reporta domicilio en departamento

El representante de Decoaro y Supervisión SA de CV, Gonzalo Arrevillaga Falcón, declaró en el contrato firmado con la Presidencia de la República que la empresa de outsourcing tenía su domicilio fiscal en la calle Azafrán 489, edificio C, interior 304, en la colonia Granjas México, en la alcaldía de Iztacalco.

El mismo domicilio aparece en las hojas membretadas, en las que la empresa presentó su propuesta económica, así como en otros procedimientos de contratación con otras dependencias federales.

Sin embargo, ese domicilio corresponde a un departamento que habitan dos mujeres (madre e hija), y no a una empresa, constató MCCI en distintas visitas realizadas al inmueble.

El departamento que Decoaro reportó como su domicilio está en un conjunto habitacional de cuatro edificios, ubicado entre dos bodegas. Los inquilinos del edificio C de ese conjunto confirmaron que en ese departamento nunca ha operado una empresa.

En este conjunto de departamentos ubicado en la colonia Granjas México está el domicilio fiscal de Decoaro.
Fotografía: Lucía Vergara

La administradora del edificio reconoció que en distintas ocasiones han acudido a preguntar por una empresa, pero ratificó que todos los departamentos son sólo de uso habitacional.

Javier Martínez Estrada, uno de los funcionarios que participó en el procedimiento de asignación del contrato, confirmó que esa dirección fue la que presentó Decoaro en la Presidencia, pero que aportó un segundo domicilio en Calzada Vallejo 1148, en Tlalnepantla, en donde supuestamente tiene oficinas.

“Ese (el departamento de Iztacalco) es el domicilio fiscal que ellos dieron y lo corroboraron con documentos fiscales, pero me imagino que el centro operativo está en Tlalnepantla”, dijo el funcionario.

El domicilio de Calzada Vallejo corresponde a otro edificio de departamentos recién construido.

Una empleada de Decoaro dijo que ella nunca se ha presentado en las oficinas que la empresa dice tener en Tlalnepantla, ya que desde que la contrataron todos los trámites los ha hecho directamente en Palacio Nacional.

El departamento que Decoaro dio como su domicilio fiscal tiene una superficie de 67 metros cuadrados, distribuidos en dos recámaras, cocina, sala-comedor y un baño. Un inmueble de características idénticas en el mismo edificio se ofrece en renta en 7 mil pesos.

Entregan cotizaciones al secretario del presidente

Cuatro días antes de darse el fallo a favor de Decoaro, la empresa había enviado su cotización a la Secretaría particular del presidente, que está a cargo de Alejandro Esquer Verdugo.

Lo anterior, pese a que el procedimiento de asignación estaba a cargo de Jael Hernández Hernández, director general de Recursos Materiales de la Presidencia de la República.

En el oficio de invitación del 7 de febrero se especificó que la presentación de proposiciones debería hacerse a la Dirección de recursos materiales, dependiente de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia.

La propuesta entregada a Esquer –de la que MCCI tiene copia- está fechada el 14 de febrero de 2020 y el fallo se anunció el 18 del mismo mes.

El pasado 9 de noviembre, MCCI publicó que Esquer Verdugo había contratado a dos empresas identificadas por el SAT como “fantasma” para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

Desde hace tres décadas, Esquer es un hombre muy cercano a López Obrador. Ha sido su secretario particular en distintos momentos; primero cuando fue líder nacional del PRD, entre 1996 y 1999; luego, entre noviembre de 2002 y julio de 2005, cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a partir de diciembre de 2018, cuando asumió la Presidencia de México.

En noviembre de 2015 Esquer asumió la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo en el que permaneció hasta finales de 2018, cuando pasó a ocupar su actual puesto en la Presidencia de la República.

Jael Hernández y Francisco Javier Martínez Estrada, los dos funcionarios de la Presidencia que firmaron el contrato con Decoaro, trabajaron como subordinados de Esquer Verdugo cuando éste se desempeñó como Secretario de Finanzas de Morena; el primero era el contador del partido político y el segundo su auxiliar, con la responsabilidad de presentar los reportes contables al Instituto Nacional Electoral.

Acumula $185 millones en contratos

El domicilio de Decoaro en un departamento de Iztacalco contrasta con los millonarios contratos que ha recibido de parte de la actual administración federal.

Entre 2019 y 2020 ha recibido al menos 24 asignaciones de contratos por más de 185 millones de pesos para la limpieza de inmuebles federales.

Además de la Presidencia, los afanadores subcontratados por Decoaro dan servicio de limpieza en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en al menos 15 estados; en las estaciones del Instituto Nacional de Migración en 7 estados del sur; en inmuebles de la Fiscalía General de la República en 5 entidades, en el puerto de Lázaro Cárdenas, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en las instalaciones de las Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores en la capital del país.

El mayor monto de los contratos fue asignado por el SAT, que en 11 contratos se comprometió a pagar 102 millones de pesos a Decoaro.

En cada uno de los contratos, las distintas dependencias se deslindan de cualquier vínculo laboral con los afanadores que son subcontratados. Por ejemplo, en la cláusula décimo sexta de responsabilidad laboral, el contrato de la FGR aclara:

“Queda expresamente estipulado que el proveedor será responsable única y directamente ante el personal que ocupe para la prestación de los servicios y por lo tanto, en ningún momento se considerará a la Fiscalía como patrón sustituto no tampoco a el proveedor como intermediario por lo que la fiscalía no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad en materia de trabajo y/o seguridad social, obligándose al proveedor a responder de cualquier acción legal que se pudiera presentar en contra de la Fiscalía por este concepto”.

La denuncian ante el IMSS

En los contratos firmados con el Gobierno federal, Decoaro y Supervisión se ha comprometido a proporcionar al menos 1,500 empleados de limpieza con todas las prestaciones de ley. Tan sólo en 5 asignaciones del SAT suman 868 afanadores subcontratados.

Sin embargo, la empresa ha sido acusada ante el IMSS por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación y Limpieza por supuestamente no cumplir con sus obligaciones laborales.

Dicha asociación solicitó desde inicios de 2020 ante la Coordinación Nacional de Fiscalización y Cobranza del IMSS que se revise y verifique el cumplimiento de las obligaciones laborales de Decoaro y de su asociado Molt Net SA de CV, ya que “existen indicios de que no inscriben a los trabajadores en el Sistema Único de Autodeterminación del IMSS”.

En la licitación realizada el 17 de marzo de 2020 por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Decoaro fue descalificada por no presentar la relación de personal asegurado con fecha no mayor a un mes de antelación a la fecha del concurso, además de haber presentado un comprobante de domicilio vencido.

En otra licitación realizada el 31 de julio de 2020 en la Secretaría de Relaciones Exteriores también omitió informar el número total de trabajadores y un documento vigente expedido por el IMSS sobre el cumplimiento de sus obligaciones patronales. La empresa argumentó que presentaría ese documento sólo si resultaba beneficiada con el contrato.

 

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