Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas estados dónde más períodistas han sido asesinados en México

De acuerdo con esa organización en México, del 2000 hasta la semana pasada se han registrado 130 asesinatos de comunicadores, de los cuales 120 eran hombres y 10 mujeres.

En lo que va del año, han sido asesinados nueve periodistas (poco más de siete meses), el mismo número que en todo el año pasado.

De 2000 a la fecha, el año 2017 ha sido el más sangriento para la prensa en el país, pues en ese año mataron a 12 comunicadores.

Por entidad, Veracruz es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. En ese lugar han sido asesinadas 27 personas de 2000 a la fecha. Le siguen Tamaulipas con 14 y Chihuahua, Guerrero y Oaxaca con 13 cada uno.

Sólo en Campeche, Yucatán, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Colima no han ocurrido asesinatos de reporteros en el periodo citado.

Por sexenio, el más sangriento para la prensa es el de Enrique Peña Nieto, cuando se cometieron 48 asesinatos, pero es apenas uno más que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón cuando se registraron 47. En siete meses y dos días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han cometido casi la mitad que en todo el sexenio del presidente Fox.

La situación de inseguridad para ejercer el periodismo ha motivado que muchos comunicadores hayan solicitado la protección de la autoridad. Del 2013 a marzo del 2019, al menos 464 reporteros buscaron la incorporación al Mecanismo para la Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero sólo fueron admitidos 65, según datos de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente tienen el beneficio de ese instrumento 315 comunicadores, de los cuales fueron incorporados el año pasado 20.

Por estado, de los 315 periodistas beneficiados, 45 son de la Ciudad de México, 45 de Tamaulipas, 40 de Guerrero, 22 de Quintana Roo y 21 de Veracruz.

Al respecto, Ruelas comentó que no todos los periodistas que están en una situación de riesgo grave están protegidos por el mecanismo que administra la Secretaría de Gobernación, principalmente porque no confían en éste.

“En muchos casos periodistas han decidido mantenerse sin la protección del mecanismo, aun cuando esos niveles de riesgo son suficientemente altos y acuden a otro tipo de organizaciones no gubernamentales para recibir apoyo”, mencionó.

La activista de esa organización social mencionó que la mayoría de los periodistas que son agredidos en México son personas que abordan cotidianamente hechos de corrupción e inseguridad.

También indicó que coloca a los comunicadores en una situación de alta vulnerabilidad cuando tratan asuntos relacionados con los vínculos entre organizaciones criminales y el gobierno, a escala federal, estatal y municipal.

De los que han sido asesinados este año varios comunicaban asuntos policiacos.

Lo grave, continuó, es que “lo que hemos visto es que los perpetradores de las agresiones contra la prensa han visto que, ante la falta de consecuencias, ante la falta de sanciones y ante la posibilidad de hacerlo, no necesitan sentirse inconformes únicamente con este tipo de información que está publicando un periodista para atacarlo. Un periodista puede estar reportando hechos sobre baches que hay en una comunidad y esto ya genera inconformidad, un descontento por parte de funcionarios públicos y viene la agresión”.

Ruelas destacó que de las 2,500 agresiones que esa organización documentó durante el sexenio del presidente Enrique peña Nieto, 48% fue perpetrado por funcionarios de gobierno, mayoritariamente estatales, luego municipales y finalmente federales.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registro que desde el 2000 y hasta el 7 de junio del 2019 habían sido asesinados 148 periodistas, pero en este número se contabilizan los cometidos incluso por causas diferentes a su trabajo profesional.

Lo cierto es que el organismo considera a México como el país latinoamericano con el mayor número de homicidios de reporteros.

Lo grave del asunto, según la CNDH, es que a pesar de esa situación, las autoridades siguen sin acertar en la implementación de políticas públicas que permitan vislumbrar que la violencia contra el gremio puede tener fin pronto.