Sigue Fiscalía de Chihuahua dando palos de ciego, piden a juez aumentar plazo para investigar a los ex funcionarios duartistas Marcelo González y Antonio Tarín

Diario 19 / 21 de mayo de 2019

 

 

Este martes regresan al estrado ante un juez el exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, y el exfuncionario de Hacienda, Antonio Tarín,  como parte del proceso penal que el Estado lleva contra ambos por el delito desvío de recursos públicos durante la administración del ex gobernador César Duarte.

Las audiencias se llevan a cabo desde las 9:30 de la mañana;  y en ellas la Fiscalía solicitará aumentar el plazo para realizar la investigación por el presunto desvío de 23 millones de pesos, mientras que en el segundo de tiene programada la preparación de juicio oral.

La causa penal 11/2019, señala a Marcelo González  hechos de abril de 2015, cuando el imputado se desempeñaba como titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD) y como director general de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh).

La Fiscalía le acusa de que, junto a diversos servidores públicos, distrajo la cantidad de 23 millones 200 mil pesos, la cual estaba destinada a fines públicos dentro del sector educativo.

Aseguran que el exfuncionario estatal, habría simulado un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales con la empresa Explocean S. de R.L., consistente en “Asesoría Técnica y Financiera para el Análisis de la Recuperación y/o Reestructura y/o Regularización con base en una determinación de incremento o déficit al presupuesto del fondo de aportación para la educación”, sin haber registro de ello.

En el caso de Antonio Tarín, se le acusa de desviar 12 millones de pesos a través de la simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa Hinfra S. A. de C. V., para beneficiar al exauditor Jesús Esparza Flores, por un compromiso que César Duarte Jáquez tenía con él, ya que supuestamente ocultaba las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Para realizar la simulación, el imputado firmó el dictamen de excepción a la licitación pública y el acta de adjudicación directa a la mencionada empresa, para la supuesta prestación de servicios profesionales en el análisis, evaluación y asesoría técnica especializada en el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda.