El doble fraude en el IMSS

Diario 19 / 28 de noviembre de 2018 / Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

 

 

Orthofix —una poderosa transnacional de la ortopedia — fue castigada en Estados Unidos por corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ha incumplido con la entrega de equipos por 3 millones de dólares como reparación del daño y siguió vendiendo sus aparatos en hospitales de la misma institución, después de que se descubriera el caso. En México no hay un solo funcionario sancionado por esto.

 

 

Por Dulce González y Laura Sánchez / MCCI

Ilustración de Christina Chung

Diseño Mariana Hernández / Video Gloria Hernández

 

En febrero de 2016 los abogados que representaban en Estados Unidos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maney & González-Félix, se presentaron en la sala de audiencias de la corte de Plano, una ciudad al norte de Texas.

Estaban ahí para dar por terminada una disputa de dos años con Orthofix, que había sido su proveedor de prótesis médicas. Llegaron a poner punto final a un escándalo en el que nadie era inocente.

Años atrás, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) descubrió que Orthofix sobornó a funcionarios del IMSS para ganar alrededor de 8 millones 700 mil dólares en contratos (116 millones 580 mil pesos). Una decena de ejecutivos de esa compañía y funcionarios del IMSS, entre los cuales hubo jefes de compras, médicos y encargados de almacén, estuvieron involucrados en esa trama.

La sanción contra Orthofix fue conocida en México y Estados Unidos por medio de comunicados de prensa en 2012. No obstante, hasta la publicación de este reportaje, se desconocía la forma en que el IMSS intentó resolver el caso y que además la empresa continuó operando en suelo mexicano a pesar de ser sorprendida en actos de corrupción.

Una base de datos elaborada por MCCI permite saber qué durante ocho años la transnacional obtuvo al menos 888 contratos en los que se registraron algunas irregularidades respecto a la legislación mexicana: sobreprecios, sobornos en efectivo, regalos, paquetes vacacionales, entre otros.

Presionados por la investigación y sus hallazgos en Estados Unidos, en 2014 el IMSS presentó una demanda civil y culpó a la transnacional de delitos, asegurando que “la conducta ilegal de Orthofix los había dañado de numerosas maneras”.

Tras dos años de disputa el 23 de febrero del 2016, el equipo de abogados del IMSS llegó a un acuerdo en una corte de Texas y pactaron con Orthofix retirar la demanda a cambio de dinero y equipo médico.

Hasta la fecha se desconocen los términos exactos de ese acuerdo, ya que la dependencia ha declinado las peticiones de entrevista que se le han enviado por distintos medios, y a través del sistema de transparencia declaró la inexistencia de información relacionada con este proceso judicial.

Sin embargo, expedientes obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en cortes de Estados Unidos revelan que Orthofix y el IMSS llegaron a un acuerdo económico de 3 millones de dólares (54 millones de pesos) en equipo médico y un millón de dólares (18 millones de pesos) “en efectivo”.

 

MCCI también encontró que Orthofix no cumplió su parte del trato. Durante dos años el IMSS ha esperado que la empresa entregue los dispositivos médicos. La dependencia mexicana aseguró que la compañía ni siquiera hizo el intento de ingresarlos a México, y hasta la fecha no ha reparado el daño.

De acuerdo con una revisión realizada por MCCI, mientras el IMSS esperaba que la transnacional cumpliera con el acuerdo, los productos fabricados por la empresa continuaban ingresando a los hospitales a través de un distribuidor: BMTI, al que Orthofix reconoce como su actual representante.

 

Los primeros contratos

La empresa Orthofix inició operaciones en 1980 en Verona, Italia y fue fundada por un reconocido investigador ortopédico, Giovanni De Bastiani. Desde entonces, se ha dedicado al diseño y manufactura de dispositivos médicos para columna vertebral, ortopedia y fijación de extremidades.

Los productos que Orthofix ofrece son distribuidos a través de representantes de ventas y subsidiarias en más de 60 países; es una de las compañías más grandes de dispositivos ortopédicos y está presente en Sudáfrica, China, Noruega, Argentina, Nueva Zelanda, Estados Unidos y México.

De acuerdo con su página web, sus oficinas centrales están en Lewisville, Texas; actualmente cuenta con 900 empleados y colabora en investigación y desarrollo de dispositivos médicos con distintas organizaciones, como la Fundación de Investigación y Educación Ortopédica (OREF por sus siglas en inglés) y el Hospital de Niños del Rito Escocés.

La compañía de dispositivos médicos logró ingresar a tierras mexicanas en el año 2003, gracias a una empresa subsidiaria llamada Promeca S.A. de C.V.

De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, Promeca fue fundada en 1994 por Arturo Alberto Soto Cabrera para comprar, vender, importar, exportar y distribuir prótesis e implantes de todo tipo.

 

Los socios y directivos de esta empresa fueron Alejandro Sergio Méndez Torres Paniagua, Mauricio Fernando Calvos Warnery, Alfonso Solloa Junco y Armando Bocanegra Castillo. En el año 2003, se incorporaron como apoderados dos ciudadanos estadounidenses: Robert Rucinsky y Gary Henley.

Estos últimos también contaban con puestos directivos en Orthofix: Henley como presidente de la división de América y Rucinsky como integrante del consejo administrativo de la empresa.

Las oficinas de Promeca estaban ubicadas en la calle José María Vértiz 1235 en la colonia Letrán Valle, en Ciudad de México y en la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla número 44600, en el barrio de Ladrón de Guevara, en Guadalajara. MCCI realizó una visita a los inmuebles y en el caso de Jalisco solo había una casa abandonada. Mientras que, en Ciudad de México, se encontró una empresa de prótesis médicas llamada Missolutions, aquí un policía que no se identificó, dijo que Promeca no estaba ahí desde hace dos años. De los accionistas no hay rastro en registros públicos.

De acuerdo con el caso 4:18-cv-00121-ALM-KPJ, que fue reabierto el 23 de febrero del 2018 por la Fiscalía del Distrito Este de Texas, Promeca surtió de dispositivos médicos al gobierno mexicano desde 2003 hasta 2010.

En el año 2003 ganó por primera vez contratos para vender productos de Orthofix a dos instituciones de salud pública de México que pertenecían al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas y Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes en Ciudad de México y Estado de México.

 

 

Según información del gobierno de EU, Promeca ganó estos contratos gracias al pago de sobornos a funcionarios: “chocolates” les llamaron. Un esquema creado y administrado por el entonces jefe de operaciones en América de Orthofix.

 

Los “chocolates”

Cientos de documentos obtenidos por MCCI revela que el esquema de sobornos no fue nada complejo: funcionarios del IMSS se dejaron corromper a cambio de pagos menores. Constantemente personal de Promeca llegaba a los hospitales con regalos en mano.

El monto del soborno se tasaba en función de la jerarquía del funcionario. Liquidaban las deudas bancarias de los médicos encargados de las áreas de compras, mientras que, a otros directivos, les pagaban entre el 6 y el 10 por ciento de comisión por cada contrato obtenido.

Hasta los jefes de almacén ganaban: se llevan 2 mil pesos por destruir las prótesis médicas que habían comprado a otro proveedor y estaban guardadas en las bodegas de los hospitales de traumatología y ortopedia.

Esto le permitió a Promeca introducir los remplazos sin necesidad de esperar a que se agotaran las prótesis médicas. Las compras eran rápidas y pasaban desapercibidas ya que los montos no rebasaban el millón de pesos.

Desde que Promeca ganó su primer contrato con el IMSS, ejecutivos en EU fueron informados a través de correos electrónicos que eran obtenidos sin necesidad de concursar con otros competidores. Todo estaba arreglado: en México se podía corromper funcionarios.

Para el año 2005, los directivos de Promeca incluso reportaron en sus informes anuales cuánto ganaban y cuánto dinero habían tenido que desembolsar para obtener el contrato.

Cinco ejecutivos de alto perfil de Orthofix conocían con detalle el esquema de sobornos que había implementado su distribuidor en México.

Según informes de la Fiscalía de Texas, a pesar de tener conocimiento, a nadie en EU le sorprendió la red de sobornos: “los chocolates” se ajustaban a las prácticas estándar de Orthofix en el mundo.

De hecho, según correos electrónicos en poder del gobierno de Estados Unidos, la única preocupación de la transnacional era la cantidad que gastaban en corromper funcionarios, porque con esos costos “no tenía los márgenes para sobornar a todos los cirujanos”  y así incrementar sus ganancias.

En ese periodo Orthofix exigió a Promeca elevar sus metas de ventas.
Personal de los hospitales de traumatología y ortopedia revisaba periódicamente los informes de ventas de Promeca, para determinar el porcentaje de sobornos que debían recibir. Las cuentas tenían que cuadrar sin mentiras.

 

Venían desde EU

Cuando Promeca no tenía dinero para cumplir los deseos de los funcionarios del IMSS, llamaban a Estados Unidos y desde las oficinas de Orthofix enviaban dinero para pagar los sobornos.

En un correo electrónico descubierto a un ejecutivo de la empresa en EU, se lee su justificación: había que hacerlo porque “el 80 por ciento de nuestro negocio es con el gobierno”.

En el año 2007 Orthofix decidió adquirir el 99.9 por ciento de las acciones de Promeca y según expedientes judiciales, cuando se convirtió en la dueña absoluta de su filial mexicana empezaron a hacer regalos de otro tipo: cámaras, relojes, guitarras, laptops y paquetes vacacionales todo incluido.

En el año 2008 el IMSS empezó a adquirir productos bajo un nuevo sistema nacional de contratación, donde un comité vigilaba las compras. Promeca diseñó otro esquema para obtener contratos.

Según el expediente radicado en la Fiscalía del Distrito Este de Texas, Promeca creó tres empresas que estaban a nombre de empleados del IMSS para ganar licitaciones y adjudicaciones directas y así hacerle llegar “chocolates” a los funcionarios: Comercializadora Sesamer S.A. de C.V., Proveedora de Servicios Médicos del Centro S.A. de C.V. y Servicios en Medicina Especializada de Calidad. Se buscaron los domicilios de estas, pero no se encontraron.

De acuerdo con una búsqueda realizada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Ciudad de México, Comercializadora SESAMER S.A. de C.V era presidida por Camilo Sandoval Zepeda, Martin Federico Merchand Cervantes, Gerardo Antonio Sepúlveda Granados, Martín Cadena Mera, Mayra Enoe Caballero Giffard, Marisela Martínez Espinoza, Perla Quezada Santillán, José Margarito Jorge Félix Arbeu. En internet y en redes sociales no hay rastro de estos “accionistas”.

 

De las otras dos empresas implicadas en la triangulación, no se encontró ningún registro.

En el año 2010 una denuncia presentada por personal al interior de Orthofix, llevó a la SEC y a la Fiscalía del Distrito Este de Texas a abrir dos investigaciones por corrupción y soborno de funcionarios en México.

La empresa entregó al gobierno de EU correos electrónicos, llamadas grabadas, libros, registros, entrevistas con personal, directivos, empleados, agentes, consultores, contratistas y subcontratistas.

Después de ocho años en la impunidad los delitos del IMSS y Orthofix— ocurridos de 2003 al 2011— quedaron al descubierto.

Según cálculos del gobierno estadounidense, Orthofix pagó unos 317 mil dólares (4 millones 247 mil pesos) en sobornos para obtener contratos que les generaron ingresos de 8 millones 700 mil dólares (116 millones 580 mil pesos). Al menos 4.9 millones de dólares (65 millones 660 mil pesos) de ganancia limpia para la trasnacional, según el expediente judicial radicado en Estados Unidos.

En ambos procesos la empresa admitió que su filial mexicana sobornó a funcionarios. En 2012 acordó pagar al gobierno de Estados Unidos una multa de 4 millones 983 mil 644 dólares (84 millones 711 mil pesos).

“Todo lo que hice fue de conformidad con la cultura establecida de Orthofix y de acuerdo con las normas establecidas por el corporativo”, se lee en una declaración de un empleado de Promeca, que resume la política de la transnacional en México.

Orthofix también fue señalada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de ingresar a varios países —entre ellos México— clavos intramedulares para tibia y fémur defectuosos.

Una revisión hecha por MCCI reveló que en los hospitales de Magdalena de las Salinas y Lomas Verdes se habían suministrado al menos 510 de estos dispositivos médicos. Fueron clavos intramedulares para fémur solidos o canulados y clavos intramedulares para tibia solidos o canulados.

La demanda

Después del proceso judicial que iniciara el gobierno de Estados Unidos contra Orthofix —y donde pagó una multa— en el año 2014 el IMSS finalmente demandó a Orthofix, se consideró afectado por las prácticas corruptas y el sobreprecio que pagó en la compra de prótesis ortopédicas. En su momento, la dependencia hizo público esto mediante un comunicado.

Pero dos años después su postura cambió: el 23 de febrero del 2016, cuando el excandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola apenas tenía unos días como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, decidió llegar a un acuerdo.

No continuarían el proceso judicial a cambio de equipo médico y dinero en efectivo.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información el IMSS dijo no tener en sus archivos información sobre el acuerdo y declararon la inexistencia de la misma.

MCCI también realizó peticiones reiteradas de entrevistas a la dependencia, a través del área de Comunicación Social, pero no fueron concedidas.

El pasado miércoles 21 de noviembre, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad buscó al exdirector del Seguro Social para que fijara su postura. Su equipo respondió de la siguiente forma: “Mikel no tiene nada que ver con el tema” y lo deslindaron de responsabilidad alguna porque según ellos él había asumido el cargo hasta marzo del 2016, es decir, unas semanas después del acuerdo que habría firmado el IMSS y Orthofix.

Unos días antes de que MCCI difundiera este reportaje, Mikel Arriola cambió de versión. Por medio de un escrito vía WhatsApp sostuvo que el IMSS recibió 1 millón de dólares en efectivo por parte de la empresa como reparación del daño por los sobornos, sin embargo, no especificó el destino del dinero.

Arriola comentó que Orthofix debería entregar al IMSS 3 millones de dólares en equipamiento para zanjar el asunto pero que el material aún no ha llegado.

Según él, “el IMSS actuó en estricto apego a derecho en todo momento y ha llevado a cabo todas las acciones necesarias para cuidar y defender el patrimonio de los trabajadores”. Además, atribuyó el surgimiento de este problema “a un asunto que surgió a partir de notas periodísticas publicadas en 2014 en las que se señalaba que Orthofix había sobornado a funcionarios mexicanos para obtener contratos ventajosos”.

 

 

Documentos obtenidos por MCCI en cortes de Estados Unidos reflejan que el asunto surgió de investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EU y de la Fiscalía de Texas, iniciadas por testimonios de personal de Orthofix.

MCCI realizó una solicitud de información en la que solicitaba el expediente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el caso, sin embargo, la dependencia indicó que este se encontraba clasificado, por lo que es imposible conocer los detalles. Los argumentos de la SFP para no divulgar la información es que está concluido  “por falta de elementos”.

Los datos no son públicos porque dar a conocer la identidad de los investigados “dañaría su buen nombre”. Lo mismo contestó la Procuraduría General de la República (PGR). Ninguna de estas dependencias informó públicamente nada y se desconoce si hubo sancionados en México.

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Cuatro veces culpable

 El 23 de febrero del 2018, el IMSS presentó otra denuncia contra Orthofix, por conspiración, fraude, soborno y la violación de un acuerdo.

La empresa de dispositivos médicos había traicionado al Instituto Mexicano del Seguro Social.

A pesar de que habían llegado a un acuerdo que incluía la entrega de equipo médico con un valor de 3 millones de dólares, Orthofix ni siquiera intentó ingresarlo a México.

El IMSS contrató al mismo equipo de abogados en Estados Unidos para ir por segunda vez contra el que alguna vez fue su proveedor.

El nuevo expediente está conformado por 67 documentos, en poder de MCCI, que develan la nueva disputa que inició la dependencia del gobierno federal, aún encabezado por Enrique Peña Nieto, contra Orthofix.

Pero ahora la postura ha cambiado con respecto a 2016: en una de las declaraciones ante la corte, Hugo Ruiz, titular de la unidad de asuntos contenciosos del IMSS, aseguraba que no podían desestimar la nueva demanda.

Orthofix en cambio, les recordó que ya se juzgó, por lo tanto, no podía volver a ser enjuiciado por el mismo delito. Se espera que el caso tenga una resolución en agosto del año 2019.

En un documento del expediente 4:18-cv-00121-ALM-KPJ, el Instituto Mexicano del Seguro Social también solicitó a Orthofix toda la información disponible de una empresa llamada BMTI, S.A. de C.V. con residencia en México, propiedad de Marco Vega; no especifica para qué.

En una revisión hecha por MCCI se encontró que esta empresa es una distribuidora de Orthofix en México y tiene residencia en Ciudad de México y Tijuana. Es decir, no ha dejado de tener operaciones en el país a pesar de los sobornos millonarios.

El pasado 19 de octubre de este año se realizó una llamada a las oficinas centrales de Orthofix donde corroboraron que esta empresa actualmente distribuye sus productos en México y también proporcionaron el contacto de Marco Vega.

 

 

En la página de internet del IMSS se encontró que esta empresa ha sido proveedora de la dependencia, del año 2009 al 2016.

Según la relación de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social, BMTI ha obtenido contratos en las delegaciones de Jalisco, Coahuila, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua y el Hospital de Traumatología Lomas Verdes, este último donde Orthofix sobornara funcionarios durante ocho años.

En una revisión de contratos públicos se encontró que vendió dispositivos médicos de Orthofix al IMSS después del escándalo. Por ejemplo en el contrato con número D250246 en el año 2012—firmado meses después de que se hicieran públicos los sobornos—le compraron por adjudicación directa, fijadores axiales y tornillos. Todos marca Orthofix y traídos desde Italia.

Otros contratos no especificaron la marca, pero en la revisión de la clave del producto se encontró que son los mismos dispositivos que Orthofix ingresó a México durante la época de los sobornos.

Según la página de compras del IMSS habrían recibido, al menos, 92 contratos, por sistemas de implantes, material de osteosíntesis, sistemas de clavos, entre otros. Los montos de los contratos fueron desde los 7 mil pesos hasta los dos millones de pesos. Orthofix no se fue de los pasillos blancos y esterilizados de la dependencia mexicana. El proceso judicial sigue su curso… en Estados Unidos.

Este reportaje elaborado por MCCI forma parte de la cobertura sobre dispositivos médicos presentada a partir del pasado domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) en alianza con periodistas en 36 países.

Desde 2008 los fabricantes han pagado en Estados Unidos y en otros países al menos mil 600 millones de dólares para resolver las acusaciones de corrupción, fraude y otras violaciones a las leyes, de acuerdo con una revisión realizada por ICIJ a los registros del Departamento de Justicia y a la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos.

El negocio de los dispositivos es enorme y crece rápidamente. Las ventas anuales de la industria aumentaron de 118 mil millones a 400 mil millones de dólares entre 2000 y 2018. De hecho, un fondo de inversión de acciones de los principales fabricantes de dispositivos médicos tuvo un excelente rendimiento de 125 por ciento en los últimos cinco años, en comparación con el rendimiento de 52 por ciento de la economía en general, según muestra el índice 500 de Standard & Poor’s.

 

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