En Chihuahua no existen garantías para luchadores sociales, son presa de asesinos a sueldo, como Julián Carrillo / Chihuahua gobernada por la Impunidad

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Diario 19 / 25 de Octubre de 2018

 

 

El gobierno de Chihuahua incapaz de brindar seguridad a sus habitantes en cualquier parte. En Chihuahua gobierna la impunidad desde la Sierra hasta el Valle. Comunidades enteras gobernadas por el narcotráfico asesinan a quien se atreve a levantar la voz exigiendo sus derechos. A Chihuahua dificilmente llegará la Justicia, todo es simulación y disimulo.

 

 

Julián Carrillo ha muerto defendiendo a su pueblo, mientras el gobierno pretexta mil razones por la cuales no puede brindar seguridad a sus ciudadanos. Nada cambia en el estado más extenso de la República. La impunidad gobierna Chihuahua

 

No obstante tener medidas cautelares por el mecanismo de protección a derechohumanistas, sicarios le dieron muerte al parecer por ordenes de caciques de la región que no reconocen más poder que el suyo. El defensor de la tierra raramuri, fue perseguido desde el día anterior, segpun se supo al recibirse una comunicación suya donde advirtio que se iba de su casa porque lo andaban siguiendo unos sicarios.

Organizaciones no guernamentales exigieron esta tarde el esclarecimiento del asesinato, pero mas las circunstancias en que a pesar de tener medidas cauteraleras, y haber dado la voz de alerta por medio de dispositivo movil de seguridad, las autoridadees policiales de Chihuahua, no se movilizaron de inmediato al recibir la alerta del centro de seguridad del mecanismo de protección a decehohuamnistas, dependiente de la SEGOB.

Ya entrada la tarde la Fiscalía dio cnocer que iniciciaba las investigaciones para dar con el paradero de sus asesinos. El Gobierno de Javier Corral ha sido incapaz de enfrentar al poder en la zona serrana de Chihuahua, que no es otro más que el narcotráfico, que pone y quita gobernantes sin que nadie pieda hacer nada, y los cacicazgos se definan por esa misma fuerza. Sin embargo por medio de un boletín fijo su postura sobre el líder raramuri asesinado

 

Despliega Fiscalía General operativo para dar con el paradero de los responsables del asesinato de Julian Carrillo

 

El Gobierno del Estado condenó el artero y cobarde homicidio en contra del activista y defensor de los derechos humanos, Julián Carrillo Martínez, suscitado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación, agentes del Ministerio Publico, peritos y analistas, iniciaron de inmediato con los trabajos y diligencias en torno al caso, a fin de esclarecer el lamentable hecho.

Indicó que en coordinación con el personal de la Comisión Estatal de Seguridad, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

El líder de la comunidad rarámuri y defensor de los recursos naturales, Julián Carrillo Martínez, fue privado de la vida este miércoles; era beneficiario del mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos.

La Fiscalía General del Estado instruyó para que se investigue a partir de la consideración de que la agresión pudo haber provenido de los caciques de aquella región, como respuesta a la defensa que ha realizado de su comunidad y de los derechos de los pueblos originarios de la sierra de Chihuahua.

 

A Julián le habían matado antes a cinco familiares, esas tierras de Chihuahua las gobierna la Impunidad. Siempre estuvo amenazado por eso tenía “protección” del Mecanismo, y aún así lo asesinaron

 

Erika Guevara directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó al portal de noticias Animal Político en la Ciudad de México que desde hace tiempo el defensor había recibido amenazas constantes por la labor que realizaba.

“A consecuencia de esto desde 2014 Julián y su comunidad quedaron bajo el resguardo del Mecanismo de Protección que supuestamente les brindaba medidas de protección”.

En los últimos 2 años, Julián había perdido ya a cinco familiares, a quienes asesinaron, al parecer, por la misma situación.

El 5 de febrero de 2016 su hijo, Víctor Carrillo, fue asesinado; el 1 de julio de 2016 ocurrió lo mismo con su sobrino, Guadalupe Carrillo Polanco; el 1 de julio de 2017 mataron a Alberto Quiñones Carrillo, otro de sus sobrinos, y el 1 de julio de 2018 fue asesinado su yerno, Francisco Chaparro Carrillo.

“Condenamos el asesinato de Julián y exigimos a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos e identificar y castigar a los autores materiales e intelectuales. De no ser así, las autoridades mexicanas estarían alentando otros ataques a personas defensoras”, declaró Tania Reneaum Panszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México.

Resaltó la grave situación de peligro que enfrentan día a día las personas defensoras en el país, y la falta de capacidad del estado para implementar medidas de protección efectivas que garanticen su vida e integridad.

“En Chihuahua, particularmente, se han activado medidas por parte de la Secretaría de Gobernación para prevenir agresiones contra personas defensoras. Pero se hace latente una vez más la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección ante el aumento de agresiones que enfrentan por realizar su trabajo”, finalizó.

 

Hombres armados lo cazaron entre el caserio y la sierra

 

Julián Carrillo, defensor rarámuri de tierra y territorio de Las Coloradas de la Virgen, Chihuahua, municipio de Guadalupe y Calvo fue asesinado por un grupo de hombres armados que lo andivieron siguiendo, se dice que hasta llevaban un guía “pies ligeros” para encontrar la ruta de escape del activista

En la entrevista para Animal Político, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, detalló que “Julián era un defensor indígena rarámuri y líder de la comunidad Coloradas de La Vigen, que desde 2007 luchaba contra la explotación de recursos naturales en los territorios ancestrales de la zona”.

Julián vivía en la Sierra Tarahumara, una zona con escasa seguridad y sin servicios básicos, que en los últimos años ha sido ocupada por grupos del crimen organizado que aprovechan la tierra para la siembra de amapola y Marihuana.

En varias ocasiones Julián se reunió con personal de Amnistía Internacional y platicó que de un tiempo a la fecha algunos terratenientes se habían apropiado, de manera fraudulenta, de las tierras pertencientes a los rarámuris para entregarlas al crimen organizado.

Tras esto, los afectados interpusieron “reclamos agrarios” ante las autoridades para recuperar sus títulos de propiedades pero a cambio solo recibieron amenazas de los terratenientes, o algunos fueron asesinados como en el caso de Julián.

Amnistía Internacional calcula que en los últimos dos años han sucedido, por lo menos 9 asesinatos, incluidos el de Julián y sus familiares, relacionados con los reclamos por los despojos de tierra. Pero no todas las familias han denunciado por temor a represalias.

 

En Las Coloradas de la Vírgen había 44 habitantes, con el asesinato de Julián carrillo, quedarón 43; toda la comunidad está bajo el resguardo del mecanismo de protección a derecho humanistas, pero es igual que no les brindara protección nadie, pues la respuesta de los grupos policiales en esas zonas llega, tres o cuatro horas después de la alarma del botón de Pánico.

 

La localidad de Coloradas de la Virgen está situado en el Municipio de Guadalupe y Calvo (en el Estado de Chihuahua). Había 44 habitantes. Coloradas de la Virgen está a 1959 metros de altitud, es un lugar frió, donde son desda ahora 23 hombres habitantes y 20 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 0,833, y el índice de fecundidad es de 2,00 hijos por mujer. Del total de la población, el 4,55% proviene de fuera de el Estado de Chihuahua. El 4,55% de la población es analfabeta (el 4,17% de los hombres y el 5,00% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 5.17 (5.31 en hombres y 5 en mujeres). El 29,55% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 50,00% de los hombres y el 5,00% de las mujeres).

En Coloradas de la Virgen hay 15 viviendas sin electricidad, sin agua entubada. El 77,78% tiene excusado o sanitario, el 33,33% radio, nadie tiene Televisión ni refrigerador, no llega el gas, ni tienen lavadora, solo el 66,67% posee automóvil, No hay internet y nadie tiene  computadora personal, teléfono fijo o teléfono celular. La forma de pedir auxilio que determinó el mecanismo cuandop los incluyó en sus medidas de seguridad es un teléfono satélital que no recibe llamadas, por donde Julián advirtió la tarde del Miercoles que lo andaban siguiendo uns sicarios y por eso se iba a esconde, sine embrago ya no se supo más de él, hasta que lo encontraron muerto.

En estas condiciones viven cientos de hermanos indígenas que no hablan siquiera español, sooo su lengua materna y dificilmente reciben ayuda del gobierno y sus programas de desarrollo social, tan publicitados en redes sociales. Estas son tierra de nadie, impunes a las que no existe la voluntad política de proteger. Si en las comunidades urbanas de Cihuahua es dificil acceder a la seguridad, mucho más lo es en la comunidades serranas.

Por el desconocimiento sobre la forma de realizar el análisis de riesgo colectivo, así como por las condiciones de orografía y especialmente por la inseguridad en la región, el Mecanismo tardó 17 meses para realizarlo y lo hizo de manera remota, sin trasladarse a la comunidad.

Hace una semana, en el marco de la revisión de la mesa ambiental del plan de contingencia, uno de los beneficiarios del Mecanismo expresó ante organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y federales su preocupación por la violencia al interior de la comunidad y por las cuatro concesiones mineras otorgadas irregularmente a sus agresores.

También expresó su deseo de seguir haciendo su trabajo en condiciones de seguridad y libertad, y se manifestó muy preocupado por la impunidad en que se encuentran los 17 asesinatos de líderes rarámuri y autoridades indígenas en la zona, incluyendo el caso de Isidro Baldenegro.

 

En mayor riesgo defensores indígenas

 

Son evidentes los retos en la implementación de medidas colectivas de protección por parte del Mecanismo.

Como lo señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, en su informe de visita a México en enero de 2017:

Los defensores de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo de los defensores que trabajan sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

La situación de los derechos humanos indígenas es extremadamente preocupante y aquellos que defienden los derechos de estas comunidades enfrentan mayores riesgos.

En los estados como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas, la multiplicación de proyectos de desarrollo y acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos ya que las comunidades indígenas se rehúsan a perder sus tierras ancestrales.

Con frecuencia, estas comunidades tienen una concepción del mundo específica, en la que las tierras, bosques, agua, viento son esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales.

Bajo las obligaciones internacionales, constitucionales y legales, las autoridades mexicanas tienen el deber reforzado de prevenir, atender, proteger, procesar, sancionar y erradicar los ataques contra personas de derechos humanos.

El posicionamiento de los Centros de Derechos

Primero: Expresamos nuestro total repudio ante el asesinato de Julian Carrillo Martínez, líder indígena defensor de derechos humanos que estaba bajo la protección del Mecanismo de Protección.

Segundo: Solicitamos a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección que agende la revisión urgente del caso y una evaluación sobre el actuar del mismo, en el marco de siguiente reunión ordinaria a celebrarse a los días 30 y 31 de octubre.

Tercero: Urgimos a la FGE a investigar oportuna y diligentemente el caso, con el fin de identificar a todos los autores materiales e intelectuales, con el fin de procesarles y sancionarles respetando las garantías del debido proceso.

Cuarto: Solicitamos se revise, a la brevedad, la implementación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a personas defensoras de derechos humanos, con miras a fortalecer las medidas necesarias para garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos colectivos en regiones con alta presencia del crimen organizado y ausencia de las autoridades competentes.

Con información de Animal Político, Amnistía Internacional, Regeneración y Luis Cardona de diario19.com 
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