Diario 19 / 17 de octubre de 2018
Gobierno del Estado de Chihuahua considera que el recurso es infundado y tendrá que ser desechado por los magistrados
El pasado 11 de octubre el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete presentaron una controversia Constitucional en contra de posibles actos de justicia del Gobierno de Chihuahua a fin de obtener impunidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, el Gobierno del Estado de Chihuahua considera que el recurso es infundado y tendrá que ser desechado por los magistrados.
Enrique Peña Nieto y su gabinete tendrán que enfrentar la justicia de Chihuahua, señaló Jorge Espinosa, consejero jurídico de Gobierno del Estado de Chihuahua.
¨Enrique Peña Nieto y su gabinete tendrán que enfrentar la justicia en el estado de Chihuahua y en cualquier otro estado, así como la federación por todas aquellas conductas ilícitas que tuvieron durante el desempeño de sus funciones¨, afirmó.
Pretenden buscar que no se les juzgue por los delitos que hayan cometido, lo cual no podrá ser en virtud de su improcedencia, explicó el consejero jurídico.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de Gobierno del Estado en el combate franco a la corrupción, por lo que sentenció que la Administración estatal que encabeza el gobernador Javier Corral Jurado continuará con las investigaciones en las que podría estar involucrado el presidente Peña Nieto y sus funcionarios federales.
La controversia Constitucional presentada el pasado jueves once del presente mes, pretender reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.
Los nueve puntos que el Consejero Jurídico de EPN pretende dejar sin efecto
La existencia de esta maniobra jurídica fue dada a conocer por el diario Reforma la mañana de este miércoles, pero Aristegui Noticias te presenta el contenido de la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte.
La Consejería Jurídica solicitó a la Suprema Corte suspender de manera provisional o definitiva nueve actos de autoridad que le atribuyen a la Fiscalía General de Chihuahua; al gobernador Javier Corral y al Poder Judicial Estatal, con el propósito de que el gobierno local frené o se desista de las investigaciones del caso Zafiro en todos sus niveles.
Por parte de la Fiscalía General de Chihuahua, los abogados de la Presidencia de la República buscan dejar sin efecto “las investigaciones, averiguaciones previas, carpetas de investigación, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a funcionarios federales actuales y anteriores, ya sea de forma directa o indirecta”.
De igual forma, se pretende que las autoridades ministeriales de Chihuahua dejen sin efecto o suspendan citatorios, órdenes de detención, mandamientos de aprehensión y órdenes de arraigo que existan o que se vayan a girar de forma inminente en contra de cualquier funcionario actual o anterior, derivado del ejercicio de sus funciones.
Incluso, la Consejería Jurídica del Presidente Enrique Peña Nieto impugna las comunicaciones que sostengan la Fiscalía General de Chihuahua y los funcionarios del Gobierno de Chihuahua con otros poderes y niveles de gobierno relacionados con el caso de Alejandro Gutiérrez, particularmente en las que se involucre, vincule o mencione a funcionarios federales actuales o anteriores.
Por lo que respecta al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se busca suspender o anular “su intervención directa o indirecta, pública o privada” en el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Por último, al Poder Judicial del Estado de Chihuahua también se le pide dejar sin efecto y suspender cualquier tipo de orden, mandamiento o citatorio que relacione directa o indirectamente con funcionarios federales actuales y pasados con causas y procesos penales.
Lee la controversia completa: