¿Por qué se cayó mi edificio?

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Diario 19 / 11 de agosto de 2018 / MCCI

 

 

La Ciudad de México está a merced de una nueva catástrofe.

Las lecciones que dejaron los terremotos del pasado se olvidaron

 

 

La gente no tiene forma de saber si la escuela en que deja a sus hijos, las oficinas donde pasará horas de trabajo, el departamento recién comprado, la vivienda rentada años atrás o el sitio en que hará el próximo trámite van a desplomarse o quedar inservibles en cualquier momento.

Salvar la vida o perder el patrimonio dependen del azar más que de las políticas públicas de los gobiernos en los últimos 32 años. No importa la ideología ni las banderas de identidad de quienes han tomado decisiones.

Cinco días después del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lanzó una convocatoria para que los ciudadanos enviaran información sobre edificios que sufrieron algún tipo de afectación. El objetivo fue mostrar qué había causado esos daños, independientemente de las versiones gubernamentales.

Se recibieron datos de 200 inmuebles que se complementaron con recorridos, información recopilada por ingenieros de la UNAM, así como de la Plataforma CDMX del Gobierno de la Ciudad de México.

Al final se construyó una base de datos de 365 registros y se eligieron 28 edificios para realizar su autopsia. Los criterios de la elección fueron el nivel de daños, su ubicación y el año de construcción.

Para tener un mayor acercamiento a la historia de esos edificios se realizaron alrededor de 800 solicitudes de información a diferentes delegaciones y dependencias gubernamentales. Se acudió al Registro Público de la Propiedad para obtener la información de predios y empresas; se consultó a especialistas en ingeniería estructural y geotecnia. Y, sobre todo, se buscó a los habitantes de esos inmuebles.

Cada una de las 28 investigaciones periodísticas que aquí se presentan muestran varios de los eslabones que han formado esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad que hace más vulnerables a los ciudadanos. Los hallazgos son los siguientes:

El Reglamento de Construcciones, catalogado como uno de los mejores del mundo, se ignora tanto por las autoridades como por los constructores.

Los ciudadanos quedaron atrapados en edificios en donde se hicieron modificaciones en los cálculos de ingeniería para aumentar los márgenes de ganancias de las constructoras; en inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos. Las familias afectadas invirtieron sus ahorros o comprometieron su patrimonio en cascarones.

Entre las empresas involucradas están Vertical Homes, Canada Building Systems de México, Promotora e Inmobiliaria Dekah, Vívelo en Eje Central 526, Elite Apartments, Inmobiliaria Sacomo, Lonai Group Property Services, Inmobiliaria Álvaro Obregón, Helicópteros de Puebla y HIP HABITAT.

Después del sismo de 1985 se creó la figura de los Directores Responsables de Obra (DRO) y la de los Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE). La intención, entonces, era contar con profesionales que garantizaran que las nuevas edificaciones cumplían con el Reglamento de Construcciones.

Con el tiempo, esa figura se pervirtió. Sobre todo, porque son contratados por las inmobiliarias y con ello pierden independencia. Además, se creó una especie de mercado negro de firmas de DRO: los documentos y planos para obtener permisos sólo se firman, sin que se revise la autenticidad de la información que ahí se plasma.

En varios de los edificios que se analizaron aparecen nombres ligados con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Entre ellos familiares de Simón Neumann, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) al inicio del Gobierno de Miguel Ángel Mancera. Así como Fernando Méndez Bernal, quien en algún tiempo fue presidente del Colegio de Arquitectos —instancia que se encarga de certificar a los DRO— y ahora es asesor del actual director de la misma Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez.

Las delegaciones y las administraciones capitalinas ignoraron las voces de vecinos que alertaron y denunciaron sobre inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el sismo de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos.

Los edificios cayeron o quedaron inhabitables porque las autoridades no escucharon los llamados de los ciudadanos. Eso provocó la pérdida de vidas y de patrimonio.

Los vecinos no son los únicos que alertaron sobre cómo la corrupción y la negligencia construían una atmósfera de vulnerabilidad.

Desde 2006 —once años antes de la emergencia del 19 de septiembre del 2017— los investigadores Eduardo Reinoso, Miguel A. Jaimes y Marco A.

Torres, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, publicaron el estudio “Evaluación de la Observancia al Reglamento de Construcción en la Ciudad de México”, en donde presentaron resultados de la revisión que hicieron a edificios construidos después de 2004. Ahí advirtieron que muchos de ellos “tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso”, ya que no cumplían con los mínimos requeridos en el Reglamento de Construcciones.

No sólo se hacen a un lado las normas. En algunos de los edificios seleccionados para esta investigación se encontró que se utilizan documentos falsos, con información imprecisa o datos que no corresponden a lo que se construye.

Las autoridades del gobierno central y delegacionales otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo. Y aunque los revisaran, muchos de ellos no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación.

MCCI realizó solicitudes de información a todas las delegaciones para conocer los perfiles de quienes ocupan cargos en la Dirección de Obras. Se encontró que del 2000 al 2017 por lo menos 27 funcionarios que ocupaban ese puesto no tenían formación en ingeniería civil o arquitectura. Hay quienes son agrónomos, ingenieros mecánicos, geógrafos, abogados, administradores de empresas e, incluso, licenciados en entrenamiento deportivo.

Lo mismo sucede con quienes están a cargo de las Direcciones de Protección Civil en las delegaciones. De acuerdo con la ley, estos funcionarios deberían tener una experiencia en esta área de, por lo menos, tres años. Pero muchos de ellos, como en el caso de las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc, son cercanos a los políticos que dirigen esas demarcaciones.

Se ha diseñado un sistema en el que autoridades de todos los niveles, DRO y empresas inmobiliarias se lavan las manos. Nadie asume la responsabilidad. Además, no existen programas ni presupuesto para revisar los edificios dañados que sufrieron algún daño en el sismo de 1985 o aquellos que son vulnerables, como las unidades habitacionales.

Vía solicitudes de acceso a la información realizadas a la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) se conoció que, entre 2001 y 2017, los gobiernos capitalinos entregaron sólo mil 640 millones de pesos para reparaciones en unidades habitacionales. El dinero alcanzó para levantar rejas, pintar bardas, reforestar áreas verdes, pero no fue suficiente para atender daños estructurales detectados en esos edificios.

En el oriente de la Ciudad de México, donde miles de casas resultaron dañadas por las fracturas que con el sismo se hicieron más evidentes, se cortaron los recursos y cancelaron programas de colaboración entre autoridades y científicos para monitorear lo que sucedía en el suelo y atenderlo.

La Ciudad de México tiene un grave problema con sus archivos.

Información vital para conocer cómo se ha construido la metrópoli —planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelos, manifestaciones de construcción— no se encuentra en los archivos delegacionales o está incompleta.

En todas las demarcaciones se tuvieron negativas a solicitudes de información; incluso, se reservaron documentos, no contestaron o simplemente respondieron que no los tenían como fue el caso de Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

A doce meses del sismo, la vida de la gente que perdió a su familia y su patrimonio aún no se restablece. La impunidad es lo que predomina.

En la Ciudad de México 228 personas murieron en los edificios colapsados; cuatro más fallecieron en los hospitales durante los siguientes días. Además de los 38 edificios que colapsaron, las autoridades de la ciudad no han informado sobr ela totalidad de inmuebles con daños. En octubre de 2017, las estimaclones del gobierno federal para la capital del país eran de 5 mil 765 viviendas afectadas; de las cuales 2 mil 273 tuvieron daño total. Se abrieron 204 carpetas de investigación; 135 por oficio, 65 por denuncia y obtuvieron 65 órdenes de aprehensión, según los datos del Programa de Reconstrucción que presentó el Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, los dueños de empresas inmobiliarias y DRO están prófugos. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo.

Los habitantes en la Ciudad de México saben qué hacer durante un sismo; cómo salir de un departamento o dónde resguardarse mejor. Quienes han fallado han sido las autoridades. En el siguiente terremoto, estaremos condenados a que se repita la historia si no se termina con esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad.

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