Cinco años del asesinato de Eliseo Barrón en la Comarca Lagunera / La justicia no existe

Share

Juan Noé Fernández Andrade / Red de periodistas Rompiendo el silencio / diario19.com
 

 

A Eliseo Barrón Hernández (ejido Paso del Águila, municipio de Torreón, Coahuila. 1973), lo mataron la intolerancia de los grupos criminales asentados en la Laguna de Coahuila y Durango, y la falta de capacitación y apoyo de la empresa en la que trabajaba.

La noche (08:00pm) del lunes 25 de mayo de 2009, Eliseo fue sacado de su casa en el fraccionamiento Parque Hundido de Gómez Palacio, Durango (conurbado a Torreón). Un grupo armado de ocho sujetos irrumpió en su hogar justo cuando tenía unos minutos de haber llegado y estar viendo la televisión -cuenta su familia- con su esposa Judith y sus pequeñas hijas Ana Sofía y Yamileth. El martes 26, alrededor de las 09:00am, su cuerpo sin vida fue hallado en las orillas del canal de Sacramento, a la altura del ejido Eureka, enclavado también el municipio gomezpalatino. Eliseo recibió cinco disparos en el pecho y también mostraba huellas de haber sido torturado.

Como reportero, su trabajo no alcanzó los niveles de reconocimiento público que otros compañeros tienen o, caídos también por la violencia, han tenido. Pero Eliseo fue, sin duda, un comunicador responsable en el cumplimiento de su labor diaria.

Primero laboró en Ciudad Acuña, Coahuila, donde empezó a incursionar en el periodismo en el diario Zócalo. Ahí estuvo medio año. Luego regresó a Torreón y encontró un espacio en La Opinión.

Varios compañeros periodistas de la fuente policiaca, y a propósito de este reporte, consideran que Eliseo Barrón fue un buen amigo, un colega servicial y amigable. Era un apasionado del deporte, un hombre sano, sin los vicios comunes en el periodismo, como el tabaquismo o el alcoholismo. Era cristiano.

Ingeniero agrónomo de profesión, realizaba su trabajo directo, con información breve, básica, de boletín, y partes policiales sobre accidentes viales o una muerte. Ni siquiera especulaba. Con la aparición violenta del narcotráfico en la Comarca Lagunera, sus notas tuvieron que referirse a tales sucesos. Esto no les agradó a los malosos, pese a que en esa zona no había ni hay periodismo de investigación.

Según supe, una vez que empezaron los actos violentos en contra de comunicadores y medios, su familia le conminaba a que dejara el periodismo. Y como sabía que les preocupaba su trabajo, él optó -me cuentan sus cercanos- por no informarles nada acerca de lo que hacía a diario como reportero, ni sobre cómo lo hacía.

Cuando se lo llevaron de su casa, varios reporteros de la fuente policiaca trataron de indagar, primero sobre su paradero y después sobre los presuntos culpables. Nada fue posible. El hermetismo oficial ensombreció cualquier investigación, tanto en esos momentos como hasta ahora.

La Procuraduría General de la República se hizo cargo del caso (averiguación PGR/Dgo/GP/144/2009). Eliseo Barrón formaba parte de la influyente empresa mediática Grupo Multimedios (de Monterrey, Nuevo León) y la presión de sus directivos, que llegó hasta el propio presidente Felipe Calderón, hizo que su asesinato acaparara los reflectores, voces y plumas tanto a nivel nacional como internacional. La Procuraduría ofreció cinco millones de pesos a quien proporcionara información sobre los presuntos criminales, algo inédito en los asesinatos de periodistas en el país. La misma ONU y otros organismos condenaron el hecho.

El jueves 11 de junio de 2009, 17 días después del crimen, el ejército informó que había aprehendido a los asesinos de Eliseo. Cinco sujetos se reconocieron como miembros de los Zetas y victimarios del comunicador. Sólo que ni el ejército ni el Ministerio Público Federal detallaron sus identidades. Tampoco revelaron dónde o cómo los detuvieron.

Los periodistas de a pie salimos a las calles, nos manifestamos, hicimos un mitin, publicamos un desplegado, repudiamos el crimen. No pasó nada.

El entonces gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, fue el único, dentro de la esfera gubernamental, que se atrevió a decir que la agresión mortal contra el Eliseo “por supuesto que era una reacción por las investigaciones que traía el reportero en torno al crimen organizado en la Laguna”. Pero descartaba que el hecho fuera parte de un “acoso sistemático a las actividades propias del periodismo”.

La directora editorial de La Opinión Milenio (hoy Milenio Laguna), Marcela Moreno, me confió que después del homicidio los narcos les hablaron por teléfono a ella y a otros directivos del periódico, advirtiéndolos de amenazas, agresiones y hasta asesinatos si seguían informando sobre sus ilícitos. La situación, en la Laguna, es difícil, compleja. Entre los comunicadores hay temor, miedo e inseguridad. Y sí, después del artero crimen contra el compañero Eliseo, se registraron otro crimen contra un empleado de la empresa Multimedios, levantones de reporteros de la fuente policiaca, amenazas, atentados contra periódicos y televisoras.

Hoy, el periodismo lagunero prácticamente no existe. Entre la advertencia del crimen organizado y la intolerancia, la censura y la falta de apoyo publicitario oficial, el periodismo regional está extraviado en lo trivial.

Pareciera que la muerte de Eliseo fue el inicio de esta etapa oscurantista del medio.

 

Historia: El asesinato de Barrón

 

Por Mauricio Farah Gebara
Quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El rapto y asesinato de Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión MILENIO de Torreón, filial del grupo Multimedios en La Laguna, revela los extremos a los que puede llegar una violencia en expansión, una de cuyas vertientes se dirige frontalmente contra los periodistas.

No es ya el disparo furtivo de una sombra que agrede y huye, acción de suyo reprobable, sino la entrada visible de un comando de ocho personas que extrae a la víctima de su casa, la priva de su libertad y le arrebata la vida. Es la exhibición de la violencia como instrumento de represión, amenaza y advertencia.

En los recientes nueve años han sido asesinados 50 periodistas en México, 30 de ellos de 2006 a 2009. Se trata de una tendencia creciente que ha encontrado como respuesta la indignación social y, simultáneamente, la impunidad.

Desde el año 2000, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado 483 expedientes de queja por agresiones a periodistas y probables violaciones a sus derechos humanos, lo que representa un promedio anual de 48 en 10 años. En los últimos cuatro años, sin embargo, el promedio es de 77, en tanto que en los cinco primeros meses de 2009 se han radicado 24 expedientes de queja.

Si se toma en cuenta que en la década de los noventa el promedio de expedientes de queja abiertos por agravios a periodistas fue de 23, es claro que la violencia contra los profesionales de la información se ha triplicado, y ello sin considerar los casos de los que conocen las comisiones estatales de derechos humanos y aquellos que no se denuncian

Toda vulneración a los derechos fundamentales de las personas es inaceptable. En el caso de las agresiones a periodistas, en particular, además de la gravedad que es inherente a la amenaza, la intimidación y la privación de la libertad o de la vida, el ataque supone una represión a la libertad de expresión de la persona y una limitación al derecho a la información de la sociedad.

La circulación de noticias y opiniones es uno de los nutrientes fundamentales de una sociedad democrática. Impedirla, inhibirla o reprimirla, por tanto, es un atentado contra las libertades y los derechos de todos, pues con ello se obstruye el derecho a decir y el derecho a saber.

El periodismo es, por definición, una actividad pública, cuya materia es la información. Y es allí, en el terreno de la información pública, donde la actividad de un periodista puede ser debatida, aplaudida, criticada, rebatida.

Pero hoy, y cada vez con mayor frecuencia, esta actividad pública es llevada a lo privado hasta el extremo al que han llegado los agresores del reportero Eliseo Barrón Hernández, a quien, en presencia de su familia, insultan y golpean en su propia casa, de donde lo sacan para privarlo de la vida.

Hay aquí, además de la evidente e inadmisible violencia, una doble y peculiar distorsión: cómo la información y sus efectos son trasladados de lo público a lo privado y cómo la información se encarna, pa-
ra la venganza, en quien la divulga hasta convertirlo en blanco de una acción represiva.

Cada agresión a un periodista, más aún cuando se trata de homicidio o desaparición, es una agresión directa a la vigencia del estado de derecho. También lo es la inacción de la autoridad que desemboca en impunidad y que a la vez se constituye en aliento para quienes han elegido la violencia para proteger sus intereses.

La protección de la libertad de expresión no es abstracta. La libertad de expresión se salvaguarda con acciones específicas de prevención y de procuración de justicia.

Si la autoridad no asume su responsabilidad con la prontitud a la que está obligada, más aún considerando la frecuencia de hechos similares, se estará ensanchando el camino para los agresores.

Hasta ahora, la abrumadora mayoría de las agresiones que han padecido los periodistas en México permanecen en la impunidad. Las averiguaciones previas suelen abrirse lenta y tardíamente, largo es el tiempo de las investigaciones y escasa es la posibilidad de que se concluyan. Esta afirmación no parte de un supuesto. Los hechos revelan que los responsables de los ataques no han recibido las sanciones respectivas.

Por ello, el homicidio de Eliseo Barrón, como el de 49 informadores más, debe ser esclarecido y sus autores castigados. La familia de la víctima debe tener un eficaz y verdadero acceso a la justicia. Ésta, además de la prevención y de la creación de un entorno propicio para el ejercicio de las libertades, es la vía concreta para defender y dar vigencia a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Sin esta protección real, estos derechos no son más que una ficción.

Share
Share
Share