Desterrados y a la intemperie

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¿Cómo sobreviven los periodistas en peligro?

Son sobrevivientes pero lo han perdido casi todo. Luego de sufrir amenazas o atentados por parte de las autoridades y del crimen organizado, decenas de periodistas huyen de sus estados de origen. Algunos llegan a la Ciudad de México en condiciones precarias, críticas. Se enfrentan a la indiferencia de los mecanismos de protección gubernamentales, a la insensibilidad de sus colegas y a la apatía de la sociedad civil.

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CARLOS ACUÑA/ revista emeequis

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Han perdido vivienda, familia, trabajo. Estabilidad, seguridad.

Desterrados de su profesión y de su propio país se enfrentan a un sistema que los ignora y abandona a su suerte. Unos logran sobreponerse, otros quedan a la deriva, en silencio, en espera de que las condiciones cambien.

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Mario Segura no quiere indagar quién le perdonó la vida. Le bastó estar una semana secuestrado para entender que no vale la pena el riesgo. Siete días a ciegas, con los ojos cubiertos y la garganta seca, lo convencieron. Cualquiera entiende el mensaje: ser periodista en Tamaulipas es una estupidez. Un suicidio.

Siete días sin saber nada del mundo. Siete noches en las que Mario tuvo tiempo de repensar su vida. Allí, tirado en el piso, sin comer un solo bocado, recordó cuando sus hermanos y su padre le pedían que se callara, que no se metiera en esos asuntos, que por su culpa los iban a matar a todos. Por su culpa.

Había perdido ya la cuenta del número de amenazas anónimas recibidas durante sus dos décadas como periodista. No escribir sobre narco, le habían advertido. No escribir sobre los casinos, ni sobre piratería, ni sobre prostitución, ni sobre otras cosas. Mario siempre obedeció. Porque no es de fierro, se lamenta. Porque tiene hijos.

Él no es ningún justiciero. Eso quiso decirles siempre. No quería problemas con nadie. Él sólo era un periodista que intentaba trabajar con un mínimo de dignidad, de ética. Sin aceptar los favores del gobierno, sin callar tampoco las injusticias que veía todos los días. El desempleo. Las negligencias. Los muertos inútiles. Por eso, porque él no es ningún héroe, repite, renunció también a su cargo como subdirector del diario Pánuco, al recibir un ultimátum hace cuatro años.

Pero no supo callarse. Es cierto: dejó de escribir sobre crimen organizado, pero se enfocó en el periodismo social y político. En 2010 fundó el diario digital El Sol del Sur. En un estado con 56 periódicos, de los cuales la mayoría dedican a repetir la línea oficial, sin abordar el narcotráfico ni la corrupción, El Sol del Sur pronto ganó fama por ser el único medio local que hablaba, por ejemplo, de la deuda pública de los municipios. La información la recibía Mario de colegas que tenían prohibido publicar ese tipo de datos en sus propios espacios. Él sólo la trabajaba, la pulía, la mostraba al público. En menos de dos años, El Sol del Sur registró más de 6 millones de visitas.

Pero cómo no hablar de narcotráfico si cada día había una balacera. Un enfrentamiento, un operativo. Fosas repletas de migrantes centroamericanos. Desaparecidos, nuevos cadáveres cada mañana. Ante la indiferencia del Estado, Mario decidió abrir un espacio dentro de su diario que permitiera a la ciudad protegerse.

Alerta Oportuna fue un pequeño foro donde los ciudadanos de a pie podían emitir alertas sobre los puntos de riesgo en Tampico y Veracruz. El sistema funcionó gracias a una pequeña red de voluntarios que corroboraban la información y la ampliaban. No pasó mucho tiempo antes de que la gente aprovechara el foro para señalar casos de corrupción y de nexos con el narcotráfico. Mario quiso canalizar las opiniones y abrió otro espacio: Expresión Ciudadana, foro de denuncia pública cuya fama creció tan rápido que no tardó en ser utilizado, también, por los grupos criminales para denunciar a sus enemigos.

La labor periodística y social de Mario fue premiada en julio de 2012. La Asociación Veracruzana de Periodistas le entregó un reconocimiento a su labor como director de El Sol del Sur. Destacaron sus 20 años de carrera así como su honestidad en un estado en donde la censura y el temor a las represalias mantenía a los medios al margen de los problemas de sus habitantes.

Ese mismo día sus hermanos lo llamaron para felicitarlo: “No te equivocabas, carnal. Tanto que has luchado, qué chingón que se reconozca su trabajo”, le dijeron. Y Mario no pudo evitar las lágrimas. Recordó a ese mismo hermano advirtiéndole, años atrás, que se quedara quieto, que dejara de meterse. No pudo evitar sentir orgullo, agradecimiento. Dos meses después, el 13 de agosto, un comando de hombres armados lo recibiría afuera de su casa, a las ocho de la mañana, y se lo llevaría lejos.

Al momento de liberarlo, luego de casi quebrar varias tablas sobre su espalda, le ordenaron cerrar Alerta Oportuna y Expresión Ciudadana. Alguien se había ofendido. A Mario ya no le interesa saber quién. El crimen organizado, la clase política. En Tamaulipas, dice, “no hay diferencia”. Tampoco quiere saber por qué le perdonaron la vida. Él no hizo nada. Pero todavía escucha la voz de sus hermanos: te van a matar, nos van a matar a todos por tus cosas. Y la culpa se le viene encima como una losa. Porque tal vez tenían razón. Tal vez ser periodista en Tamaulipas es una estupidez. Un suicidio.

Por eso huyó. Tres días después de ser liberado, Mario Segura llegó al DF con sus hijos y su esposa. Pensó que el sufrimiento, poco a poco, quedaría atrás. Que allá, en el norte, junto a los tiroteos diarios, los cárteles, los operativos, los políticos corruptos, los medios acallados o comprados, también dejaba el dolor, la culpa de haber puesto en riesgo a su familia. Pero el suplicio apenas empezaba.

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En México cada año es el peor en materia de libertad de prensa. Las amenazas, intimidaciones, secuestros, ataques a instalaciones de medios de comunicación son más frecuentes. Cada 36 días muere un periodista en este país.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), México ocupó el año pasado el octavo lugar de acuerdo con el número de periodistas exiliados. No todos logran salir del país. La falta de recursos económicos, los problemas con el visado, obligan a muchos a quedarse.

La organización Reporteros sin Fronteras, por su parte, tiene ubicados a 12 periodistas desplazados en el país. Sus números son optimistas. Otros grupos de defensa de la libertad de expresión, como Artículo 19, reportan 50 periodistas y defensores de derechos humanos desplazados por año. Muchos viven a la sombra, lejos de las instituciones y de las asociaciones civiles, por miedo a represalias.

En octubre de 2013 se creó el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos a nivel federal. La Ciudad de México cuenta también con su propio programa, cuyo mecanismo comenzó a operar en mayo pasado.

Las condiciones, sin embargo, sólo han empeorado. Después del despliegue de buenas intenciones,ambos mecanismos han sido señalados como una simulación y han destacado su ausencia de resultados.

Pocas cifras bastan para demostrarlo. Por ejemplo, 2013 ha sido uno de los años más violentos contra la prensa. Artículo 19 documentó, de enero a septiembre, un total de 225 agresiones. Las más frecuentes no provienen del crimen organizado. Más de 50 por ciento fueron cometidas por policías municipales y estatales. A eso hay que sumar las detenciones arbitrarias, los casos de difamación y, sobre todo, las negativas a ofrecer protección y garantías a los periodistas violentados.

Más allá de las estadísticas, no existe forma de medir el abandono y la desesperación de las víctimas. Los periodistas caen, uno detrás del otro, y los culpables casi nunca aparecen. Detrás de sus grabadoras, de sus cámaras fotográficas, de los nombres impresos en los diarios locales, pocos recuerdan que hay vidas humanas.

Condenados al silencio y a una vida nómada, otros luchan por sobreponerse al miedo, por mantenerse en pie, por continuar su vida.

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La casa de Regina Martínez quedaba a unas cuantas cuadras. La misma casa donde la periodista sería golpeada y asesinada. Entonces se encendería una luz roja en todo Veracruz: si alguien como Regina cuyo trabajo profesional estaba respaldado por la revista Proceso, un medio importante, podía ser asesinada así, impunemente, entonces nadie estaba a salvo.

 

Pero esa mañana, el 11 de septiembre del 2012, Regina estaba todavía viva y el caricaturista Rafael Pineda, Rapé, pensó en ella sin tristeza. La alarma aún no había sonado y ser periodista en Xalapa todavía era posible. Era una mañana nublada, el chipi chipi caía sobre las calles. Rapé terminó su desayuno y se encaminó a su auto.

Todavía con la mañana enredada en sus ojos, encendió el motor y miró por el retrovisor. Se aterrorizó. Allí, en el medallón de su auto, utilizando la mugre acumulada y la lluvia, alguien le había dejado un mensaje. Los limpiaparabrisas se activaron apenas el motor comenzó su marcha, borrando toda evidencia. Pero aquella palabra en mayúsculas, recién trazadas, perduró por mucho tiempo en su cabeza:

“CALLADITO”

Rapé tiene los rasgos toscos, la espalda ancha. Las manos, con las que dibuja los cartones que publica en el periódico Milenio o en el semanario El Chamuco y los hijos del averno, presumen unos nudillos gruesos. Todavía hace poco tiempo se consideraba un tipo duro. A los 18 años fue infante de marina. Dice que está acostumbrado a las madrizas. Ahora sabe que el miedo no hace distinciones, que nada vale cuando estás en la mira.

No lo pensó dos veces. Desde la toma de posesión de Javier Duarte como gobernador de Veracruz, ocho periodistas habían sido asesinados. Uno más estaba desaparecido. Dos compañeros suyos habían dormido en su departamento luego de un intento de secuestro. Ni un solo sospechoso, ni un solo indicio de quién era el culpable. Para qué engordar esa lista de muertes inútiles e indignas, pensó. Para qué esperar a ser acribillado, cualquier día, y recibir las falsas condolencias del gobierno. Rapé entendió el mensaje. Todos lo entienden: o te callas o te callamos.

Hizo sus maletas y se refugió durante varios meses en la Ciudad de México. Todavía con el miedo encima, decidió esconderse en Francia. Allá permaneció de marzo a junio del 2013 antes de decidir refugiarse en el Distrito Federal. Hoy habita un domicilio del que pocos conocen su ubicación.

Su caso, admite, es de los menos dramáticos. A él no lo levantaron, ni lo golpearon afuera de su casa. Su semblante duro se atenúa con una voz suave, pero el acento jarocho está cargado de incertidumbre. No, subraya, su caso no es tan grave. Él nunca perdió el trabajo. Desde Francia siguió publicando sus cartones. Pero muchos colegas lo pierden todo.

Relata los casos de los periodistas desplazados que ha conocido. Algunos duermen durante semanas en autos prestados. Otros llegan con crisis emocionales que requieren ayuda psicológica. Con diabetes, con hipertensión, sin dinero para comprar medicamentos. Algunos traen consigo a su pareja y a sus hijos. Llegan en busca de cobijo y, de inmediato, se topan con un muro porque los mecanismos de protección no funcionan. Han hecho gala de su ineptitud, asegura. Son un laberinto burocrático con todo y Minotauro.

Sólo con la solidaridad de los colegas y las organizaciones civiles pueden sobrellevar su desarraigo. Por eso, en junio de este mismo año, y respaldado por Reporteros sin Fronteras y Periodistas de a Pie, Rapé convocó a una subasta de cartones en apoyo a los periodistas desplazados por la violencia. Caricaturistas como El Fisgón, Rius, Naranjo, Patricio, Hernández o Helguera donaron sus originales. Cerca de 70 mil pesos fueron recaudados y con ellos se otorgaron préstamos para comprar alimentos, costear hospedajes y emergencias médicas de algunos periodistas que llegan sólo con lo que traen encima.

            Rapé ya no piensa volver a poner un pie en Veracruz hasta que existan condiciones mínimas. Uno a uno, ha visto el éxodo de periodistas que han salido de su estado. Responsabiliza al gobierno de Javier Duarte. Sus cartones, publicados en Milenio a nivel nacional, están prohibidos en la distribución local del mismo diario. Acusa al gobierno de acoso y de censura, de complicidad. De haber convertido a Veracruz y a Xalapa en un matadero.

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   Rapé no es el único que ha emitido una alerta acerca del gobierno de Veracruz. La entidad ha sido calificada como la más peligrosa para ejercer el periodismo en el país. El 9 de septiembre de este año, Francisco Sánchez Macías, director del Diario de Poza Rica y del Diario de Tuxpan, acusó a Gina Domínguez, coordinadora de Comunicación Social del gobierno estatal, de “acoso y persecución” por negarse a despedir a reporteros que han cuestionado al gobierno de Javier Duarte.

En una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, publicada en Proceso, Sánchez Macías hizo públicas las amenazas: “Derivado del trabajo que se realiza en los periódicos que dirijo, María Gina Domínguez me ha pedido, muy comedida, la salida de algunos de mis trabajadores, por no convenir a sus intereses”.

“En fechas recientes, he detectado movimientos inusuales de gente extraña a bordo de camionetas sin placas, merodeando en mis fuentes de trabajo y domicilio. No creo en las casualidades”.

Sánchez Macías hace responsable a la coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Veracruz de cualquier hecho delictivo cometido en las instalaciones de su diario, así como contra su persona, su familia o cualquiera de sus reporteros.

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No hay dinero para proteger a los periodistas. A un año de haber sido creado el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, 129 millones de pesos, además de un remanente de 42 millones de pesos,  no han sido otorgados. Existe ya un comité técnico del fideicomiso, con reglas operativas para distribuirlos. Pero a menos de dos meses de que acabe el año, nadie sabe dónde está el dinero destinado a comprar cámaras de vigilancia, chalecos antibalas, refuerzos de viviendas e indemnizaciones a los periodistas amenazados.

El abogado Leopoldo Maldonado forma parte del equipo de Artículo 19. Desde la creación del mecanismo ha presionado a las autoridades para que se cumplan las medidas. Denuncia que el mecanismo no tiene las capacidades humanas, técnicas ni económicas para reaccionar ante los casos más urgentes. La ley marca un plazo de nueve horas para evaluar la situación y aplicar medidas ante un riesgo inminente. En la realidad, el mecanismo tarda días e incluso meses.

Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coordinador ejecutivo del mecanismo, ha reconocido que los tiempos no se pueden cumplir. Otros funcionarios admiten la necesidad de reformar la ley. Para Maldonado, una reforma no garantizaría el cumplimiento. “La verdadera falla es la falta de voluntad política”.

Lamenta el panorama, todavía más negro, de los periodistas desplazados. En su caso, sólo se prevén medidas de seguridad de corte policiaco. Derechos básicos como vivienda, salud, protección hacia su familia, educación, atención psicólogica, proyecto de vida, son desestimados por la ley.

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Luis Cardona intentó sacar su cámara cuando vio a los soldados. Se dirigía al banco, en el centro de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Acababa de bajar de su auto cuando descubrió a la pequeña tropa de soldados encapuchados. Pensó que era un operativo y de inmediato pensó en reportear, en recabar información para una nota. “Se va a poner bueno”, se dijo antes de sentir el cañón de un R-15 contra su nuca. Sólo entonces se percató de que aquel no era el uniforme oficial de la milicia. Supo que venían por él.

Entre gritos y golpes lo subieron a una camioneta Cherokee. Le taparon los ojos con cinta canela y lo llevaron a un lugar cerrado. No dejaban de golpearlo. Una voz animal lo enfrentó al poco tiempo. Que quién se creía, le preguntó. Que cuánto le pagaban por hacer su trabajo. Que si por tan poquito se iba a morir. Mientras le pateaba la cara, el de la voz le explicó que era el jefe de la plaza y que lo iba a matar. Dejarían su cuerpo en un monte. Su cadáver sería alimento para los coyotes. Nadie lo encontraría nunca.  Lo condujeron a un despoblado. Todo el camino lo azotaron con látigos para caballos. Le preguntaron si trabajaba para El Chapo. Le dijeron que ellos eran de La Línea. Él todavía no sabe qué creer.

En Juárez todo mundo es blanco fácil, dice. Luis Cardona trabajaba para el Heraldo de Chihuahua y para El Mexicano de Juárez. Tenía cinco años reporteando la zona que va desde Agua Prieta hasta Nuevo Casas Grandes y hasta la sierra de Cuauhtémoc. Es un área difícil, reconoce. Allí la gente desaparece y no se vuelve a saber de ella. Trataba de no reportear temas de narcotráfico. Cuando abordaba un tema delicado prefería no usar su nombre. Su error fue firmar una nota sobre las protestas realizadas en la garita de Janos, punto de extorsión de centroamericanos y mexicanos que intentan cruzar la frontera. Miles de personas leyeron su nombre publicado en el Heraldo.

No podía abrigar esperanzas. Todos los levantados de los que tenía noticia habían aparecido muertos. A sus 52 años, afirma, se resignó a morir. Se sentía listo. Sólo pedía que fuera rápido. De un balazo, no más. Ellos le preguntaron con qué mano escribía. Le dijeron que se la iban a cortar. Hagan lo que quieran, les respondió, cansado.  Y sintió una nueva lluvia de golpes en el rostro. Para que dejara de sentirse tan chingón.

Aún no sabe por qué lo dejaron libre. Todo mundo se había dado cuenta del secuestro. Lo supo después. Le dijeron que, ese día, el gobernador estaba a unos cuantos kilómetros de donde había sido levantado. Que alguien había avisado al periódico donde trabajaba. Que muchos se estaban moviendo. No sabía nada de eso cuando lo dejaron tirado bocabajo, en la carretera que va de Nuevo Casas Grandes a Chihuahua. Eran las dos y media de la tarde. Habían pasado más de cuatro horas. Antes de irse volvieron a golpearlo. Le advirtieron que si denunciaba algo, matarían a su familia. Le dijeron que no lo querían ver, ni a él ni a su periódico, en su zona.

Los directivos de la Organización Editorial Mexicana (OEM) —propietaria del diario y cuyo presidente es el empresario Mario Vázquez Raña— le prometieron ayuda. Lo cambiarían de ciudad. No perdería su trabajo, le prometieron. A los pocos días dejaron de recibirlo. Ya no le tomaron las llamadas. La Fiscalía del estado también le ofreció protección. Una patrulla velaría por su seguridad las 24 horas. Desaparecieron también, a los cuatro días. Luis Cardona llamó al comandante y él le dijo que ya no se preocupara, hombre, que todo estaba en orden. Llamó a los directivos de la OEM en la capital. Tampoco les importó su caso. Entendió el mensaje. Entendió, entre otras cosas, que en Chihuahua estaba solo. Que policías y narcos eran la misma cosa. Y decidió salir. No volver nunca.

* * *

Sus pasos son cortos y rápidos. A pesar de su baja estatura, una camisa brillante y una cámara colgada al cuello lo destacan de la multitud. Mario Segura dice que no le gusta esconderse. Le gusta dar la cara por lo que hace y por lo que escribe. Aquí, en la Ciudad de México, se siente seguro entre la gente. Pero ha pasado meses tortuosos. Hace casi año y medio que llegó a la capital, apoyado por Artículo 19. La organización solventó los gastos de su viaje, también pagó los gastos de hospedaje y alimentación. Recibió ayuda psicológica. Hoy ha entendido que él y su familia son víctimas. Que no tenía por qué sentirse culpable de su secuestro. Que ser periodista no es ningún crimen. Que el Estado tiene que resarcir el daño que no fue capaz de evitar.

Pero las cosas han sido lentas. Mario se dio cuenta de que no había personal capacitado, de que aún no estaban preparados para recibirlo. Que no existía un reglamento de operación efectivo. Los primeros meses, a falta de un recurso asignado al mecanismo, recibió apoyo del programa de desempleo del Distrito Federal. Después, nada.

No esperó más y salió a la calle. Se maquilló la cara. Se vistió de payaso y, junto a su hija de 10 años, comenzó a trabajar en las calles del Centro Histórico. Los policías amenazaban con detenerlo. Cómo explicarles que él era un periodista destacado. Que venía de Tamaulipas. Que estaba intentando sobrevivir porque, con su edad, en los periódicos sólo le ofrecían trabajo de vigilante. Pidió apoyo al mecanismo, algún tipo de permiso para trabajar en la calle. Le respondieron que no había problema. Que si la policía quería detenerlo, corriera. “Pendejadas así”, se queja. Que si lo detenían, ya verían ellos cómo sacarlo.

Del mecanismo que Marcelo Ebrard anunció como un gran avance en materia de defensa de los derechos humanos, una medida esencial para defender a los periodistas en peligro, sólo obtuvo dos despensas. Dos despensas. Nadie le preguntó sobre la diabetes que padece desde hace años. Nadie se preocupó por sus dos hijos, quienes han perdido un año sin poder ingresar a ninguna universidad. Ni por su hija pequeña que perdió la beca.

Entendió que necesitaba establecerse lo más pronto posible. Redujo sus peticiones. Fue el primer periodista en inscribirse al mecanismo federal y durante meses intentó gestionar una vivienda. Con una casa podría comenzar a reconstruir su vida. Hasta entonces había vivido en un hotel. Luego en un departamento prestado. Después en Iztapalapa. El Infonavit le aseguró que en un plazo máximo de tres meses le sería otorgada una casa. Ocho meses después seguía viviendo a la deriva. De las decenas de casas que le ofrecieron, la mayoría estaban ocupadas o desvalijadas. Con las puertas violadas. A veces en zonas donde el crimen organizado operaba abiertamente. Le parecía una burla que, a un periodista amenazado, que intentaba recuperarse de un secuestro, lo enviaran a zonas de alto riesgo. Tuvo que aceptar una casa sin sanitarios, pagar de su bolsillo la deuda de la luz eléctrica y del agua. Aún tiene que pagar el enganche antes de que acabe el año. Necesita 30 mil pesos. No sabe si la indemnización que le está destinada le será otorgada a tiempo.

Dice que él es una “víctima” y hace énfasis en esa palabra. Una víctima de una guerra en donde los dos frentes, gobierno y narcotráfico, se confunden. Llegó a la ciudad en busca de ayuda. Pero los funcionarios obligados a otorgarla lo han lastimado más. Lo dice con pesar. El mecanismo lo ha hecho sufrir más que los delincuentes que lo secuestraron. Porque el cerebro se prepara para el maltrato cuando está frente a uno de ellos. Pero cuando quien te daña, te miente y te traiciona es un organismo del gobierno, con la misión de protegerte y con los recursos para hacerlo, la mente hace cortocircuito. El dolor, por incomprensible, aflora con más fuerza. “Sientes el puñal en la espalda”, resume.

Han sido muchos meses de dar vueltas, de hablar con todos, de cumplir con trámites y papeleos. Mario Segura ya no lo hace por él. Piensa en los otros cientos de periodistas que llegarán en los próximos años en busca de cobijo a la ciudad.

Porque esto no se ha terminado.

Vienen malos tiempos, está seguro. Y en entidades como Tamaulipas no existe ningún de mecanismo de protección. Allá nadie se preocupa por los periodistas. “Aquí al menos hay algo”. Piensa que el mecanismo de protección puede corregirse. Que hay que señalar y denunciar sus errores. Obligar al Estado a cumplir sus promesas.

Sabe que ya no tiene la misma fuerza que hace 20 años. Actualmente Mario Segura trabaja de payaso en un centro comercial, acompañado de su hija menor y de su esposa.  Ha comprado también un par de botargas que renta para eventos infantiles. Recuerda que hace dos años le fue otorgado un reconocimiento por sus dos décadas de trabajo periodístico, por la labor social de su periódico. Ahora además vende tacos los fines de semana.

* * *

Para Darío Ramírez, director de Artículo 19, la creación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para la Protección del Ejercicio de la Libertad de Expresión fue un mero acto político sin ningún sustento real. Denuncia la falta de transparencia en su administración, y la poca efectividad en la atención de los casos y las medidas aplicadas. El caso de los periodistas desplazados, lamenta, no existe para las autoridades.

“No hay políticas en materia de periodistas desplazados en México. Ni del gobierno federal ni de ningún gobierno estatal. Es un fenómeno muy real que se ha invisibilizado. Al no ser visible, cualquier medida que se tome estará incompleta. La indiferencia del Estado y la ausencia de solidaridad por parte del mismo gremio, hace que las opciones de los desplazados sean mínimas”.

—¿Es realmente el DF una ciudad segura para los periodistas desplazados?

—Las amenazas a los periodistas son casi siempre locales. Eso hace que el nivel de riesgo baje. Tenemos 13 casos en los que los periodistas han tenido que salir del país debido a que los recursos del perpetrador tenían mucho más alcance. Pero sólo eso. La ausencia de una política clara, en todas las instancias de gobierno, hace que los periodistas desplazados continúen en la completa intemperie, inclusive en el DF.

* * *

Después del levantón, Luis Cardona cortó con todas su amistades. Cerró su Facebook. Cambió su teléfono. Llegó al DF apoyado por Artículo 19. Pensó que podría resistir solo el miedo. Se equivocaba. El insomnio hacía eternas las noches. No soportaba pensar que alguien cercano a él lo había traicionado, lo había entregado a los delincuentes.

Los efectos psicológicos de un acto de esta naturaleza son severos. Los afectados necesitan ayuda.

Durante meses Luis vivió gracias al apoyo otorgado por las organizaciones civiles. Recibió apoyo psicológico. Lo agradece. Pero le incomodaban las sugerencias de cambiar su ruta de trabajo, de dejar de escribir acerca del crimen organizado. Entendía la recomendación pero nunca le cuadró. No se sentía a gusto. “Es hacerles el juego a esos cabrones”. Al gobierno, a los delincuentes.

Hoy se ha convertido en un nómada. No cuenta con un domicilio fijo. Consiguió trabajo en una agencia extranjera. Firma con un seudónimo. No habla con nadie. “Tienes que volverte fuerte”, afirma. De lo contrario, “te lleva la chingada”. Hace un año que no compra ropa. Come poco para ahorrar dinero. A veces se despierta en la noche y vuelve a analizar a cada persona que se cruzó en su camino, intenta ubicar culpables.

Lo dejaron vivo, sí, pero a medias. Con el coraje encima. Con la impotencia. Trabajar es la única forma de canalizar todo el rencor. Antes del levantón, Luis ya pensaba en retirarse. Esa opción ha quedado descartada. Entre menos trabaje, más problemas emocionales tendrá que sobrellevar. Él ha tenido suerte. Sabe que muchos colegas no volverán a escribir.

No, no se siente seguro todavía. Cuando está en casa cierra puertas y ventanas. Intenta no interactuar con ningún vecino. Cuando sale a la calle, voltea a todos lados, jamás toma la misma ruta. Salir a la calle, poder reportear, lo hace sentirse a gusto. Libre. Eso lo fortalece. Ha intentado decirle eso a sus compañeros. Pero es difícil. Cada quien tiene su ritmo. Su manera de superar sus propias pérdidas.

Los periodistas desplazados, piensa Luis, no requieren caridad. Necesitan trabajo. Por eso planea, desde hace meses, un periódico digital exclusivamente para desplazados. Tal vez, si todo va bien, dice, salga en estos días. Se llamará Diario 19. ¿Que por qué ese nombre? Porque el 19 de septiembre fue el día de su levantón. Con el tiempo, ser un periodista desplazado se convierte en una marca, en una identidad.

—Yo, Luis Cardona, estudié para ser periodista
—dice—. Desde los seis años quise dedicarme a esto y no tengo por qué cambiar. El gobierno debe reparar el daño hecho a sus periodistas. Devolverles la libertad.
Y un periodista sólo puede ser libre al escribir.

Este texto fue publicado originalmente en la revista emeequis el 10/11/2013: http://www.m-x.com.mx/2013-11-10/desterrados-y-a-la-intemperie/

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