Jorge Torres

Cuando David Gaddis, acompañado de Karen Tandy, convenció a un grupo de funcionarios mexicanos en octubre de 2006 de iniciar una cacería contra narcotraficantes, nunca imaginó la dimensión que alcanzaría la masacre.

Tandy, en ese tiempo administradora general de la DEA, y Gaddis, entonces director regional para América del Norte y Centroamérica de la agencia antidrogas, le recetaron al gobierno mexicano un antídoto envenenado para combatir la violencia que ya se manifestaba desde finales de la administración de Vicente Fox.

En plena transición política y a unas semanas de la llegada de Felipe Calderón al gobierno, la DEA planteó la necesidad de una estrategia de “aniquilamiento periférico”, que implicaba la captura o muerte de capos violentos y bandas sanguinarias de narcotraficantes. Un planteamiento que dejaba fuera a las principales cabezas del narcotráfico en México y se ocupaba de los grupos “periféricos”.

Según fuentes consultadas del gobierno mexicano, los receptores de la propuesta fueron Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna -funcionarios del gobierno de Vicente Fox todavía en ese momento-, y César Nava, en calidad de representante del presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa.

Eduardo Medina Mora había transitado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a la Secretaría de Seguridad Pública federal y preparaba su arribo a la Procuraduría General de la República en el gobierno de Calderón, y Genaro García Luna se gestaba desde la Agencia Federal de Investigación como el inexplicablemente poderoso secretario de seguridad pública.

Cinco años después de aquella reunión en Cuernavaca, Morelos, la DEA reconocía más de 43 mil muertos. La cifra, según datos conservadores, se elevó a más de 50 mil personas asesinadas en medio de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y fuerzas federales del gobierno mexicano.

Fuentes gubernamentales y especialistas coinciden en que hubo una inusitada apertura a los organismos de inteligencia del gobierno norteamericano, lo que permitió que en una primera fase de la “guerra”, la DEA manejara prácticamente los operativos desde algunas dependencias del gobierno. Para finales del sexenio la CIA y el Pentágono actuaban abiertamente en México en el marco del Plan Mérida.

Según la DEA, gracias a su “colaboración” se logró detener a Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, en marzo de 2009 en la Ciudad de México; en octubre de ese mismo año la DEA proporcionó información para capturar en Jalisco a Oscar Nava, otro miembro de la banda de Sinaloa; en enero de 2010 cayó en Tijuana Teodoro García Simental, El Teo, acusado de cientos de asesinatos de rivales en la frontera.

Entre los objetivos de la DEA se encontraban Arturo Beltrán Leyva, asesinado en Cuernavaca por elementos de la Marina; Ignacio Nacho Coronel, asesinado en julio de 2010 en Guadalajara por miembros del Ejército Mexicano y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, asesinado en Matamoros por la Marina.

La DEA habría participado también en las detenciones de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie; Sergio Barragán Villarreal, El Grande y Sergio Montemayor González, suegro de la Barbie. La DEA también estuvo involucrada en la muerte de Heriberto Lazcano, El Lazca, uno de los principales líderes de la banda de Los Zetas. Este fue uno de los últimos golpes contra las pandillas de narcotraficantes en el sexenio pasado.

“La cooperación entre agencias de inteligencia siempre ha existido, pero durante los últimos seis años el gobierno mexicano mantuvo una relación  de dependencia con las agencias de espionaje norteamericanas”, dice un ex funcionario antidrogas del gobierno mexicano.

Javier Oliva, académico de la UNAM y especialista en Seguridad Nacional, dice que “fue notable la apertura a los servicios de inteligencia estadounidenses” por parte del gobierno. “Y esto provocó que la inteligencia civil estuviera más enfocada a aspectos estrictamente policiales y por lo tanto represivos o correctivos”.

Oliva cree que esta estrategia fue en detrimento de las labores de  inteligencia del gobierno mexicano “porque lo que necesitaban era más fuerza que análisis de la información”.

La información, según el ex funcionario antidrogas consultado para este artículo, la proporcionaba la DEA, el ICE, la CIA o el Pentágono, y los servicios de inteligencia mexicanos se dedicaron a procesar segmentos de información que entregaban estas agencias.

Pero detrás de la inteligencia que el gobierno permitió hacer a las agencias estadounidenses en suelo mexicano, existe todo un entramado de complicidades en donde por lo menos la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han beneficiado a algunas bandas de narcotraficantes.

Ahora se sabe que durante el sexenio de Felipe Calderón, parte de las investigaciones encubiertas de la DEA incluían el lavado de millones de dólares que se transferían desde casas de cambio en el Distrito Federal a bancos de EU y se transportaba cocaína a Europa en operaciones “controladas” desde México.

Pero quizá una de las operaciones encubiertas más delicadas en donde participaron agentes de la DEA y del ICE está siendo ahora investigada en los tribunales de EU. La historia, de la cual se conocen detalles, narra cómo un grupo de agentes de la DEA y el ICE obtuvieron información de miembros de la banda de Sinaloa y cómo esta información llevó solo a capturas o muertes de los enemigos de este grupo criminal.

Es historia conocida que Humberto Loya Castro, un abogado que trabajó con la banda de Sinaloa, fue reclutado como informante por la DEA desde principios del sexenio de Vicente Fox. Pero fue hasta 2005 que la DEA le dio el estatus de informante oficial, lo que ayudó al abogado con las órdenes de aprehensión pendientes que tenía en EU.

Loya Castro le fue asignado al agente Manuel Castanon, un ex miembro de la patrulla fronteriza y novato en la DEA. Castanon tenía la misión de borrar del mapa a la banda de Tijuana, que encabezaban los hermanos Arellano Félix. Pero no sólo la DEA quería fuera a los Arellano, también los de la banda de Sinaloa querían la frontera sin obstáculos, y Loya Castro ayudó en ese propósito.

Uno de los altos funcionarios de la DEA que supervisó la operación encubierta con Loya Castro fue David Gaddis, en ese tiempo director regional para América del Norte y Centroamérica de la agencia antidrogas, y uno de los promotores de la estrategia de “aniquilamiento periférico” contra las bandas de narcos propuesta por la DEA a Calderón a finales de 2006.

Según detalles de esta historia ventilada en tribunales de EU, Loya Castro proporcionó la información que llevó a la ubicación de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca en diciembre de 2009. Beltrán Leyva, asesinado por marinos luego de que la DEA les transmitiera la información, se había separado de la banda de Sinaloa y representaba un estorbo para Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los principales socios de este grupo.

Pero las cosas han cambiado, dice un ex funcionario antidrogas del gobierno mexicano, y cada vez es más evidente el choque entre las agencias norteamericanas y la administración Peña.

“La instrucción del presidente es que la relación con los norteamericanos sea a muy alto nivel”, lo que ha limitado las operaciones sobre el terreno de los agentes operativos de los servicios de inteligencia de EU.

Este ex funcionario está convencido de que el artículo que le dedicó The New York Times al general Moisés García Ochoa a principios de febrero, en donde se infería que la DEA sospechaba que el general mantenía relaciones con el narcotráfico, es un amago de la agencia de EU por haber sido relegada por la actual administración.

“Es una venganza”, dice el ex funcionario, y no duda de que surjan más filtraciones desde las oficinas de la DEA en EU. “En la PGR la DEA tenía derecho de picaporte con la procuradora Marisela Morales, pero las cosas cambiaron”.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal fueron de las dependencias que más privilegió la DEA con información desde principios del sexenio, y “no es gratuito” que una de las primeras acciones de Enrique Peña Nieto haya sido la desaparición de esta secretaría, dice el ex funcionario consultado.

Coincidentemente la Policía Federal se mantiene a la expectativa bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación y sus operativos han disminuido. “Prácticamente no hay operativos de alto impacto”, dice un funcionario de la Policía Federal consultado para este artículo.

Luego de 43 mil muertos -cifra reconocida por la DEA en 2011-, y una gran cantidad de operaciones que beneficiaron a la banda de Joaquín El Chapo Guzmán, David Gaddis –el promotor de la estrategia de “aniquilamiento periférico”-.se retiró de la agencia y trabaja para G-Global Protection Solutions, una empresa de seguridad en EU.

Javier Oliva coincide en que desde la administración priísta se limitarán las operaciones de inteligencia del gobierno norteamericano, pero no es muy optimista en torno a la estrategia del presidente Peña contra los narcotraficantes. Los hombres del presidente estarían convencidos de que deben limitar las acciones del gobierno de EU, pero no tienen claro qué van a hacer con el problema que les dejó la DEA.

“Creo que el gobierno priista no tienen claro que va a hacer en materia de inteligencia y seguridad nacional. Hay una notable improvisación en varias de estas áreas y yo diría que hasta ausencia de objetivos claros”, dice Oliva.

@jtorresjimenez

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