Un negro historial de represión: Ángel Aguirre

Share

Margena de la O / diario19

Igual que durante su gobierno interino, el periodo constitucional de Ángel Aguirre Rivero se caracteriza por el exterminio sistemático de dirigentes sociales. 

 
El Charco fue la gran etiqueta de sus tres años de interinato (1996-1999), y el constitucional lo estrenó con el crimen de dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en la autopista del Sol a pleno mediodía, el 12 de diciembre de 2011.

Actualmente está dedicado a encarcelar a los disidentes de la casa de justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), y a engrosar las estadísticas de crímenes contra dirigentes sociales. El 2013, cerró con 15 luchadores sociales asesinados, y 13 comunitarios presos.

Apenas el 1º de diciembre, la Policía Ministerial de Estado (PME) detuvo a Arturo Campos Herrera, consejero de la casa de justicia de El Paraíso, Ayutla, en Chilpancingo, cuando se regresaba a Tixtla.

El delito que le adjudicaron según la causa penal 191/2013 fue secuestro agravado, y es por la acusación de los 39 detenidos en El Paraíso. En agosto, tras la detención de la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García, los comunitarios protestaron en Ayutla por su liberación, y miembros del Ejército, en respuesta, ingresaron a la comunidad de El Paraíso, y liberaron a los 39 detenidos por policías comunitarios, muchos ellos en proceso de reeducación por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Desde el 2 de diciembre Campos Herrera está en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

De 13 miembros de la CRAC detenidos, 12 son de la casa de justicia de El Paraíso, la primera fue la promotora en Olinalá, y otro de la casa de justicia de Zitlatepec, Metlatónoc.

El 10 de noviembre, asesinaron al dirigente de Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y su pareja Ana Lilia Gática Rómulo, en su casa, en la colonia Fuerte Emiliano Zapata que fundaron hace 13 años desplazados de la guerra sucia, en Coyuca de Benítez.

Era de conocimiento público que lo matarían, pero nadie lo protegió. “Aquí te dejamos este regalito ¡Luis Olivares!, así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Att. La Santa M.”, es el mensaje que dejaron en el cuerpo de su pariente, David Romero Téllez, asesinado, igual, a balazos, a unos 40 metros de su casa en esa misma colonia de Coyuca de Benítez el 2 de noviembre de 2011.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) apenas procesaba el trámite de las medidas cautelares que solicitó un día después del crimen de su pariente.

El 30 y 31 de octubre, el dirigente estuvo en Chilpancingo, en la Red Guerrerense de Organismos Defensores de Derechos Humanos, donde dio conferencias de prensa para defender a cinco jóvenes de la colonia que detuvo el Ejército y la Policía Ministerial del Estado el 28 y el 29 de ese mismo mes, presuntamente responsables del crimen del líder de la Liga Agraria de Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores, ocurrido el 7 de agosto pasado.

Olivares Enríquez dijo esa vez que la gente de la colonia conocía Velázquez Flores porque realizaron juntos protestas, la última fue en demanda de láminas galvanizadas en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), un mes atrás del crimen. Incluso, esa ocasión, recordó que el día de la protesta vieron al gobernador en Casa Guerrero, y que éste le exigió al líder de la Larsez que ya se calmara: “Mira Raymundo, déjate de chingaderas, ¡Ya cálmate!”.

En 1996, Aguirre Rivero suplió al priísta Rubén Figueroa Alcocer, removido por la masacre de Aguas Blancas: el 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron emboscados y masacrados por policías judiciales en el vado de ese comunidad de Coyuca de Benítez, para evitar que llegaran a una protesta en la cabecera municipal.

El 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, el municipio de Ayutla, 11 personas fueron asesinadas extrajuidicialmente y detuvieron arbitrariamente y torturaron a 22 más. Aguirre Rivero llevaba apenas dos años frente al gobierno interino.

Gonzalo Molina González, promotor de la organización en Tixtla, también está preso; el proceso es por los delitos de lesiones, privación ilegal de libertad, y terrorismo, fue detenido por ministeriales el 6 de noviembre en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, y a la madrugada siguiente trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social de Oaxaca.

Molina González, junto con sus compañeros impulsó el proyecto de la CRAC en Tixtla, Huamuxtitlán, Olinalá, Atlixtac (Tlataquitepec), donde actualmente existen grupos de Policía Comunitaria.

La organización de esos grupos que dan seguridad a los pueblos, responsabilidad constitucional del Estado, la hizo sin ninguna representación formal dentro de la organización, pues la figura de promotor no existe en el organigrama, pero se asumió como parte de la casa de justicia de El Paraíso, Ayutla, y apoyó movimientos como el magisterial cetegista de febrero a mayo de este año contra la reforma educativa, y auxilió a los damnificados de Tixtla por la tormenta tropical Manuel.

El 26 de agosto, los policías comunitarios del barrio El Fortín, en Tixtla, y Molina González desarmaron a policías municipales y retuvieron a funcionarios en una protesta que después se convirtió en una gresca frente al ayuntamiento, por la libertad de Salgado García, presa en un penal federal de Tepic, Nayarit. Esto, el gobierno lo utilizó como argumento para etiquetarlo como un delincuente de la talla de Osama Bin Laden.

A Nestora Salgado García, el Ejército la detuvo a la salida de Olinalá el 21 de agosto pasado, por el delito de secuestro agraviado; días antes, junto a policías comunitarios, detuvo al síndico, Armando Patrón, por cometer abigeo, y por el presunto asesinato de dos ganaderos.

Tanto Salgado García, Molina González y Campos Herrera, son miembros de El Paraíso, la casa de justicia más joven del sistema comunitario de la Crac, sumada apenas el 25 de noviembre de 2012, en el festejo de los 17 años de la organización en Miahuichán, San Luis Acatlán, y a quienes Eliseo Villar Castillo, coordinador de esa casa de justicia, la principal de las cuatro acreditadas por la organización, expulsó.

Villar Castillo tejió migas con el gobierno, repetía cada vez que podía Campos Herrera. El coordinador le donó una res al gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando andaba en campaña, para uno de sus actos proselitistas

En la lista de casos del abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, de mayo a noviembre policías estatales y el Ejército detuvieron a 100 miembros de las casas de El Paraíso y Zitlaltepec, de los cuales 13 siguen presos.

El 19 de octubre, alrededor de la 1:30 de la tarde, en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac, fue asesinada la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, por dos hombres que le dispararon por la espalda. A ella también la habían amenazado antes.

Mesino Mesino recibió la muerte en la cocina popular que había establecido como comedor comunitario para los hombres que construyen el puente provisional para atravesar el río, porque el que existía la corriente de las lluvias de septiembre se lo llevo.

Dos meses y 12 días atrás, mataron al dirigente de la Larsez. “El dirigente de la Larsez, Raymundo Velázquez Flores, fue encontrado ayer asesinado, con las manos atadas y con el tiro de gracia. Le acompañaban dos miembros de su misma organización, Samuel Vargas, quien también fue asesinado, y otro cuya identidad no fue revelada, quien se encuentra desaparecido”, fue la entrada de la nota de un medio estatal.

Fue Olivares Enríquez quien informó que el cuerpo del dirigente de la Larsez fue encontrado por un pescador flotando en el Río Grande, en las inmediaciones de la colonia 10 de Abril, de Coyuca de Benítez.

El 3 de junio pasado, al cuarto día de estar desaparecidos, en el tramo Mezcala a Iguala de la carretera federal México a Acapulco, de la colonia Valerio Trujano, fueron encontrados muertos, tres dirigentes de la Unidad Popular (UP) de Iguala: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, y Ángel Román Ramírez.

En total, eran ocho los que desaparecieron el 29 de mayo, algunos lograron escapar de quienes los levantaron después de una protesta por fertilizante en la caseta de Paso Morelos, en la autopista.

El día que hallaron los cuerpos, pero antes de que se supiera, Héctor Arroyo, dirigente de la organización Lucio Cabañas, miembro de la UP, y uno de los líderes de logró escapar del plagio, se comunicó por teléfono con Bertoldo Martínez, amigo de Hernández Cardona, que protestaba en Acapulco pidiendo su liberación. “Al ingeniero lo chingaron el día viernes. Luego el sábado mataron a golpes a (Félix Rafael) Banderas, y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de milagro estamos vivos, yo me voy  de Iguala porque me van a matar”.

Nicolás Mendoza Villa, otro de los sobrevivientes, declararía el 25 de julio, ante el notario público del Distrito Federal, Alfredo Miguel Morán Moguel, que fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien los raptó y quien asesinó al ingeniero, como se referían a Hernández Cardona.”Qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte”, aseguró que le dijo el alcalde antes de darle un escopetazo en la cara y otro en el pecho a Hernández Cardona; sus otros dos compañeros, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, fueron asesinados al intentar huir del mismo rapto.

Juventina Villa Mojica, era una líder ecologista en la sierra de Coyuca de Catalán; la mataron a balazos en una emboscada junto a su hijo, un menor, el 28 de noviembre de 2011. El día del crimen la ecologista y su familia dejarían su comunidad, La Laguna, y se refugiaría en Puerto las Ollas, porque eran acosados por la delincuencia organizada.

Los defensores de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, desaparecieron las primeras horas del pasado 7 de diciembre de 2011. Unos hombres encapuchados, los bajaron del autobús en que viajaban sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y se los llevaron; hasta ahora se desconoce de su paradero.

Todos estos casos tienen una similitud: se apilan en los archivos de la etiqueta sin resolver.

Al único caso que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) parece darle agilidad es el del crimen del dirigente de la Larsez. El juez consignó a Gabino García Avilés, Uriel Ruano García, Daniel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana, y Salvador del Carmen Vázquez.

Los acusados son los miembros de la OPPCG, a los que Olivares Enríquez defendió de culpas hasta antes de morir.

Share