En México impera la impunidad y la revictimización; 95 mil 121 desaparecidos: ONU

El Comité contra la Desaparición Forzada terminó su visita a México. Es la
primera visita a un país que realizamos en cumplimiento del artículo 33 de la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
El Comité es un órgano colegiado integrado por 10 expertos independientes,
nombrados por los Estados parte de la Convención. Su función es supervisar la
aplicación de las disposiciones de este tratado.
Para la realización de esta visita, el Comité designó a 4 de sus miembros hoy aquí
presentes: Juan Pablo Albán Alencastro; Juan José López Ortega; Horacio
Ravenna y, su servidora, Carmen Rosa Villa Quintana. Estuvimos acompañados
por dos miembros de la Secretaria del Comité: Albane Prophette-Pallasco y Sergio
Giuliano. Nuestra Delegación también contó con el apoyo de la Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Comité resalta la importancia de que México haya aceptado esta visita, lo cual
constituye una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y al apoyo
internacionales.
El informe de la presente visita será discutido y adoptado por el pleno del Comité
durante su 22° Periodo de Sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de
marzo y el 8 de abril de 2022. Confiamos que las recomendaciones que se adopten
serán implementadas y que a través de ellas se contribuya a dar solución al flagelo
de las desapariciones forzadas en México. Reiteramos la plena disposición del
Comité para cooperar en ese proceso.
Expresamos nuestro agradecimiento por la cooperación y facilidades brindadas por
el Estado mexicano antes y durante la visita, lo que nos ha permitido reunirnos con
diversas autoridades relacionadas con el tema de la desaparición forzada, tanto en
el ámbito federal como estatal. En este marco, visitamos 13 entidades federativas:
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de
México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Hemos
sostenido 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con cientos de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades federativas.

Acompañamos exhumaciones y jornadas de búsqueda en las entidades federativas
de Morelos, Coahuila y Estado de México. También visitamos el Centro de
Identificación Humana de Coahuila. Asimismo, hemos visitado varios centros de
privación de libertad federales, estatales y de migrantes, con el propósito de verificar
los registros oficiales y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
Convención.

Esta mañana nos hemos reunido con el Subsecretario de Derechos Humanos,
Alejandro Encinas, y otras autoridades federales, así como con altos oficiales de las
fuerzas armadas. Con ellos compartimos un avance de las primeras impresiones de
nuestra visita.
Sin perjuicio de la futura adopción del informe del Comité, queremos destacar
algunos aspectos generales que pudimos constatar durante nuestra estancia en
México del 15 al 26 de noviembre de 2021.
En primer lugar, saludamos el reconocimiento de la competencia del Comité para
examinar quejas individuales, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación que reconoce el carácter vinculante de las Acciones Urgentes emitidas
por el Comité.
También hemos constatado los avances legislativos e institucionales producidos en
los pasados años. Como ya sostuvimos en nuestras observaciones finales en 2018,
destacamos la importancia de la adopción de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de
Víctimas.
Asimismo, reconocemos la adopción del Protocolo Homologado de Búsqueda y del
Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el
establecimiento de las comisiones de búsqueda en el ámbito estatal, del Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, del Mecanismo
Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), y del Centro Regional de
Identificación Humana en Coahuila.
Adicionalmente, hemos de resaltar las acciones más recientes: la creación de la
Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la
Justicia de las violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas entre los
años 1965 – 1990; la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia
para Migrantes y de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas
dentro del Sistema Nacional de Búsqueda.
Todas estas normas y mecanismos constituyen herramientas con un gran potencial,
cuya efectiva implementación debe de ser prioritaria en la lucha contra la
desaparición forzada.
No obstante lo anterior, lamentamos constatar que se mantiene una situación
generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la
cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, “[imperan] la impunidad y la
revictimización”.
Si bien las autoridades nos han informado de una reducción del número de registros
de personas desaparecidas, no podemos obviar la necesidad de que México adopte
una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, que involucre a
todas las autoridades, y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición. No se trata solo de las víctimas,
pues la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en
su conjunto y de la humanidad entera.
Durante la visita, recibimos información preocupante, tanto de autoridades como de
víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones
forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y
evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen
organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente
por agentes del Estado.
Además, observamos con preocupación que varias de las recomendaciones
formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de
implementación.
Ya entonces subrayabamos la importancia de poner en funcionamiento a la
brevedad los registros y herramientas contemplados en la Ley General. Aun hoy
existen acciones pendientes de realizar que son esenciales para contar con datos
confiables.
En este sentido destacamos que las desapariciones no son únicamente un
fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste.
Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95121 personas desaparecidas,
de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia.
Al mismo tiempo, el esfuerzo por mantener actualizado el referido registro permite
acercarnos a la real dimensión del problema de las desapariciones en México.
Dentro de esta información, debemos resaltar el incremento notable del número de
desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lamentamos observar que
esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de la COVID 19.
Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a
las desapariciones. Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son solo
algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta
migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente
privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría
en personas desaparecidas.
La falta de coordinación entre autoridades y las limitadas atribuciones de las
Comisiones de Búsqueda Nacional y Estatales dificultan la búsqueda en vida de las
personas desaparecidas o el levantamiento de cuerpos en los lugares de hallazgo,
entre otras diligencias.

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“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, repiten insistentemente las víctimas. La
búsqueda en vida es una tarea prioritaria. Existen varios protocolos de actuación,
en particular el Protocolo Homologado de Búsqueda. Dicho protocolo es un
instrumento modélico, pero su efectividad todavía requiere de su debida
implementación. Por ello, quisiéramos resaltar la importancia de aunar todos los
esfuerzos para utilizar adecuadamente las herramientas que proporciona dicho
protocolo, instrumento fundamental para esclarecer la suerte y el paradero de las
personas desaparecidas.
En estas dos semanas, las personas con las que conversamos nos transmitieron la
imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la
impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades.
Nos han señalado que día a día en su búsqueda de respuestas y justicia, son
víctimas de la indiferencia y la falta de avances. Nos han expresado con vehemencia
su dolor y que las personas desaparecidas no son números, sino seres humanos.
La búsqueda, la investigación, el establecimiento de responsabilidades, el
develamiento de la verdad y la reparación integral no siempre constituyen una
prioridad para algunas de las autoridades.
Cada uno de estos casos es un drama humano indescriptible. Sus dimensiones son
tales que están dejando huellas profundas e irreparables para las víctimas, pero
también para la sociedad en su conjunto.
Frente a esta realidad, no se han atendido las causas profundas de las
desapariciones. El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente,
sino además inadecuado.
En este contexto, la lucha en contra de la impunidad es impostergable. Como todos
sabemos, y como ya ha resaltado el Comité en sus observaciones finales y también
otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, la impunidad
es casi absoluta.
Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el
encubrimiento de las desapariciones forzadas. Como una víctima nos expresó: “De
fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia su alma nunca
descansa”.
Superar la impunidad exige una estrategia integral del Estado para abordar sus
múltiples causas, entre ellas:
– la ineficacia en la investigación de estos crímenes;
– una comprensión desvirtuada de la autonomía de las Fiscalías, como una
suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso
de búsqueda;
– el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las
víctimas;
– un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado.
Además, varios factores dificultan el acceso a la justicia: 5
– la limitada asistencia jurídica brindada a las víctimas para impulsar sus
procesos;
– los obstáculos geográficos, idiomáticos y de carácter discriminatorio, a los
que se enfrentan grupos de la población, tales como las personas indígenas,
las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas
LGTBI+;
– la frecuente inaplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento
interno, tales como el amparo buscador, que por su propósito y naturaleza
deberían ser sencillos y accesibles para cualquier persona.
A ello se suma la actitud muchas veces pasiva de las instituciones judiciales frente
a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es
responsabilidad de todos los ámbitos del poder público.
Lo anterior se traduce en una notable falta de confianza de las víctimas. Durante la
visita, muchas de ellas expresaron su frustración por muy diversas causas,
incluyendo:
– la demora y la falta de resultados en las investigaciones;
– la fragmentación y la insuficiente articulación entre las entidades de
búsqueda e investigación;
– la negativa de algunas autoridades a la hora de proporcionar información;
– la falta de seguimiento a los requerimientos y disposiciones que se emiten en
el marco de las investigaciones;
– la frecuente omisión de estándares de debida diligencia aplicables en este
tipo de casos, como la búsqueda inmediata, el enfoque diferenciado y el
análisis de contexto;
– la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Además, esta falta de confianza se ve acrecentada por la ínfima cifra de
acusaciones formuladas, ordenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas
en casos de desaparición forzada, y por el efecto alentador que, para los
perpetradores, tiene la impunidad.
Por otra parte, nos preocupa el riesgo para quienes se involucran en los esfuerzos
de búsqueda y de justicia, no solo las víctimas y sus defensores, sino también los
funcionarios, máxime cuando los mecanismos de protección existentes tienen una
eficacia limitada. Desafortunadamente, esta situación ha sido evidenciada con el
asesinato de varias personas buscadoras y la desaparición de una. A ello se añaden
los altos índices de violencia de la delincuencia organizada, asistida en muchas
ocasiones, de acuerdo con la información proporcionada, por fuerzas de seguridad
del Estado.
También nos preocupan los estereotipos y la estigmatización de las personas
desaparecidas y sus familiares, utilizados frecuentemente como excusa para
“justificar” la deficiente actuación estatal. Todo ello genera un efecto inhibidor y una familias 7
e identificar formas de contribuir a la erradicación y prevención de las
desapariciones forzadas en el país”.
El Comité reitera su indeclinable compromiso de continuar apoyando a todas las
víctimas de desaparición forzada, al tiempo de instar al Estado al cumplimiento de
sus obligaciones al amparo de la Convención.