Por instrucciones de Enrique irazoque Palazuelos, coordinador del Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se lleva a cabo una operación en contra de los usuarios con el fin de dejar de prestar medidas de seguridad a más de 250 personas desplazadas entre activistas y periodistas, utilizando métodos intimidatorios e inquisitivos, de parte del encargado de la segunda unidad Honorio Pérez Reyes.
Las acciones van de la mano del consejo del mecanismo que por Medio de juntas de gobierno virtuales, aceleran con análisis de riesgo manipuladas, la suspensión de medidas de las personas que no pueden regresar a sus lugares de orígen por situaciones que ponen en peligro su vida y las de sus familias.
La batida Anti periodistas y activistas de derechos humanos, desplazados, inició en octubre de 2021.
Los usuarios son intimidados por el personal a cargo de Irazoque, a través de Honorio Pérez Reyes, quien obliga a las personas a asistir a Juntas de gobierno programadas con supuestos acuerdos telefónicos o por WhatsApp, que el Consejo del mecanismo avala, sin ser un instrumento legalmente jurídico, y así se han deshecho de más de cincuenta personas que tenían ayuda de alimentación y hospedaje en la CDMX, que han tenido que regresar por sus propios medios a las comunidades de dónde fueron sacados, y donde corren peligro de morir asesinados.
Los casos de hombres y mujeres que el mecanismo está dejando a la deriva, no tienen defensa alguna, pues la instrucción de la subsecretaría de derechos humanos, que dirige Alejandro Encinas ha dado la instrucción de eliminar las ayudas de alimentos y hospedaje tanto dentro del mecanismo, cómo de la CEAV, en una persecución inquisitiva.
Por la pandemia de Covid, desde marzo de 2020 se dejaron de llevar a cabo Juntas de gobierno presenciales, y activaron las virtuales, sin embargo se giraron oficios dónde aquellas personas que no querían actuar de firma virtual, tenían la opción de esperar el restablecimiento presencial al término de la emergencia sanitaria, sin embargo, la secretaria de gobernacion, giró instrucciones de no respetar ese acuerdo, y ahora por medio del personal de Irazoque se lleva a cabo la actividad para quitar medidas de protección, basándose en que no es una «institución de beneficencia», negando el derecho a cientos de víctimas de contar con la protección del estado, dejándolas al garete, sin proyecto de vida, sin empleos y obligando al regreso a sus comunidades dónde han Sido centro de agresiones.
La batida Anti desplazados, del Mecanismo federal de protección, tiene por objetivo, acabar con la práctica de ayuda y obligar a los Estados, a brindar el «servicio»:de hacerse cargo de sus víctimas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va en contra de los derechos de las víctimas, mientras por otra parte lleva a cabo el exterminio de Organizaciones civiles de ayuda a víctimas.
La acción inquisitoria atenta contra los derechos humanos, sin embargo la CNDH, actúa en contubernio con los organismos del Estado, en contra de los derechos de las víctimas.
Aquí una copia (versión pública) de la inconformidad presentada por Luis Cardona ante el coordinador Enrique Irazoque Palazuelos:









