Oposición no pudo con mayoría de Morena y aliados; aprueban miscelanea fiscal 2022

La Cámara de Diputados aprobó finalmente la Miscelánea Fiscal 2022 después de pleitos e insultos,  en la que se establecen, la obligación de los mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) aunque no tengan un empleo formal; limita la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a organizaciones civiles; quita el IVA a productos higiénicos para la menstruación y considera responsables de encubrimiento en delitos fiscales a los contadores públicos inscritos que no denuncien presuntos ilícitos de sus clientes.

Con 274 votos a favor y 220 en contra fue aprobada en lo particular la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos. Se envió al Senado para su discusión y votación.

La discusión en San Lázaro comenzó el lunes y a lo largo de tres días hubo enfrentamientos de los legisladores de Morena, PT y PVEM con integrantes de las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD.

Con ésta nujeva Miscelanea fiscal las personas que cumplan 18 años de edad estarán obligadas a solicitar su inscripción en el RFC aunque no tengan actividad económica. De acuerdo con el dictamen aprobado,  la medida permitirá prevenir y desarticular el robo de identidad que se realiza para la evasión fiscal.

“Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubo “inscripción de personas físicas sin actividad económica”, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les serán aplicadas sanciones”.

Por otra parte será hasta diciembre de 2021, que las personas físicas con actividades empresariales puedán realizar deducciones personales anuales de la siguiente manera: 7% en donativos a organizaciones sin fines de lucro, 10% en aportaciones complementarias de retiro y 15% en gastos médicos, funerarios, intereses de créditos hipotecarios, entre otros. Con la modificación al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de enero de 2022, podrán deducir 15% del total de su ingreso.

El dictamen aprobado precisa que “los donativos representan un gasto fiscal para el erario que se presenta principalmente en los de mayores ingresos, por lo que el beneficio de la deducción por donativos se concentra en un reducido sector de la sociedad con el mayor índice de ingresos. Con la finalidad de otorgar mayor progresividad al ISR, se considera acertado que estas deducciones se encuentren dentro del límite global de las deducciones personales”.

De acuerdo con la oposición, esta medida podría desincentivar la donación de personas físicas y afectar a 5 mil organizaciones civiles que atienden actividades esenciales como salud, justicia, derechos humanos y medio ambiente. Estiman que las ONG´s podrían dejar de percibir hasta 8 mil millones de pesos.

Otro punto neurálgico fueron las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que se considera responsables de encubrimiento en delitos fiscales a los contadores públicos inscritos que, derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, hayan tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito y no lo hayan informado al SAT.

Morena y sus aliados aprobaron una reserva de último momento para dejar fuera a los contadores públicos que traten la clasificación arancelaria de mercancías.

“Es incuestionable que el contador público tiene información que le permite conocimiento de cualquier irregularidad en el comportamiento fiscal del contribuyente (…) Consideramos adecuado que los contadores inscritos tengan la obligación de informar cualquier acción que pueda causar perjuicio al fisco federal y debe ir acompañado de una sanción”, dijo la morenista Ana Ayala.

“Esta propuesta invade las facultades que son exclusivas de la Fiscalía General de la República (…) El contador público no posee el perfil de certificaciones, conocimientos, habilidades ni facultades como autoridad para detectar la comisión de un delito”, reviró la panista Patricia Terrazas.

El Código Fiscal precisa que el encubrimiento se sancionará con prisión de tres meses a seis años.