CNDH va contra recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU y la CIDH

El sitio de notícias mexicano, Animal Político, expuso en un texto que la amenaza que hizo pública ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de investigar y sancionar a su personal tras la publicación de Animal Político de documentos internos con testimonios de secuestros masivos de migrantes en México, va contra las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ayer jueves, la CNDH emitió un comunicado advirtiendo que dio parte a autoridades competentes, sin precisar cuáles, para que se inicie una investigación de su personal con el fin de averiguar cómo obtuvo este medio los documentos que revelan presuntas violaciones graves de derechos humanos en contra de migrantes.

Sin embargo, esta amenaza del organismo autónomo de derechos humanos en México colisiona con lo establecido por la ONU en septiembre de 2015, cuando el entonces relator especial sobre la protección al derecho de la libertad de expresión, David Kaye, emitió un informe sobre la protección de derechos humanos de personas informantes.

En este documento, que puedes checar aquí, en su artículo 64 establece claramente que “revelar violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario nunca debería dar lugar a la aplicación de sanciones de ninguna índole”.

Incluso, en este mismo artículo del informe de la ONU, que es el mismo Estado -en este caso México- el que debe proporcionar “los mecanismos de vigilancia institucionales y externos” para ofrecer “canales de protección eficaces a quienes denuncien irregularidades”.

Es decir, según lo establecido por la ONU, lejos de sancionar a funcionarios que revelen irregularidades, como casos de violaciones de derechos humanos, el Estado mexicano debe protegerlos y no perseguirlos. Ya que, de hacerlo, se estaría consolidando “una cultura de silencio, secreto, y miedo dentro y fuera de las instituciones” gubernamentales.

Expertos en derecho internacional consultados por este medio explicaron que estas disposiciones de la ONU, si bien no son estrictamente obligatorias para México, si constituyen una recomendación para que el país cumpla con la firma de tratados internacionales a los que está adscrito en materia de derechos humanos y libertad de expresión.