El caso Ayotzinapa: empezar desde cero

Esta semana se cumple otro aniversario de una tragedia nacional emblemática, que ha tenido resonancias a nivel internacional y que ha puesto en tela de juicio no solo la capacidad del Estado mexicano para solucionar este caso, sino una aparente falta de capacidad e interés para resolver miles y miles de casos de desaparición en un país donde hay al menos 40.180 personas desaparecidas, según las declaraciones de este año del Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro. La resolución de este caso podría sentar un precedente para el resto de investigaciones de desapariciones forzadas inconclusas en el país. Sin embargo, con este nueva decisión, el paradero de los 43 desaparecidos parece más incierto que nunca.

Los primeros años de esta investigación, que aún está lejos de obtener respuestas, llegan en el contexto de un nuevo gobierno –el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– que ha mostrado interés para resolver este caso. Para esto, la Fiscalía General de la República (FGR) asegura que volverá a realizar la investigación “desde cero”. ¿Qué significa eso? ¿Desechará toda la información previa? ¿Cómo reconstruirá escenarios, obtendrá testimonios, analizará pruebas si la información que se tiene ha sido manipulada? ¿Cómo asegurará que habrá respuestas claras y convincentes antes de que termine el sexenio? A todas estas preguntas se le suma que, por primera vez, los padres de estos estudiantes tendrán la palabra en la tribuna de la Cámara de Diputados este jueves 26 de septiembre.

El pasado 11 de septiembre, en una rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los padres de los normalistas dieron un adelanto de lo que será su postura frente a los diputados federales. Allí pidieron saber la verdad, exigieron justicia y que sus hijos aparecieran con vida. También aseguraron que no todas las instancias de gobierno que deberían estar ocupadas en resolver el caso “caminan a la par” del subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, y del propio López Obrador, quienes han mostrado voluntad públicamente para resolver el caso.

Las familias de los normalistas de Ayotzinapa recientemente tuvieron un encuentro con el actual presidente mexicano, quien se comprometió a tener reuniones con ellos cada dos o tres meses para ver los avances de la investigación. Ellos defienden su postura: el crimen contra sus hijos fue producto de una desaparición forzada y rechazan las investigaciones realizadas por el gobierno de Peña Nieto. “No existen evidencias de lo que el anterior gobierno le quiso hacer creer a la sociedad mexicana y al mundo entero”. El año pasado, el expresidente reiteró la versión que habría arrojado la investigación bajo su gobierno: los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos e incinerados por grupos del crimen organizado, una versión que ha sido rechazada varias veces por las familias de las víctimas y varios organismos internacionales.

Aun así, las familias de los estudiantes también desconfían del gobierno obradorista, a pesar de que el 15 de septiembre Encinas afirmó que la FGR “presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio (exdirector de la Agencia de Investigación Criminal) y José Aarón Pérez, quien era el titular de la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa en esos momentos de la mal llamada verdad histórica.

El presidente mexicano llega a su primer año de gobierno con un enorme apoyo popular, pero con un desempeño que está empezando a generar suspicacias. La economía no creció al 2 por ciento como había prometido, ya que apenas alcanzó el 0.01 por ciento, hecho al que se suma la renuncia de su primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. También, contrario a lo que había dicho al inicio de su administración, puso vigilancia en la frontera para impedir el paso de migrantes; asimismo, ha hecho ataques verbales sistemáticos contra la prensa, en un país muy peligroso para el ejercicio de esta profesión; no ha disminuido la violencia en el país, que reportó un aumento del 6 por ciento en 2019, con respecto al año anterior, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se ha registrado un aumento de 40 por ciento debido a denuncias en el actual gobierno, en comparación con 2018, según información de la Secretaría de la Función Pública.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirma que, a pesar de que se ha documentado ampliamente cómo sucedieron los hechos y de que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) –creado el 18 de noviembre de 2014 por acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el gobierno mexicano, con el fin de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los estudiantes– ubicó dentro de dos de los autobuses a 35 de los 43 estudiantes desaparecidos, resulta “inverosímil que ninguna de las personas detenidas haya declarado sobre quién dio la orden de sacar a los normalistas de Iguala”. Según la versión sostenida por el anterior gobierno, luego de ser apartados de Iguala, los estudiantes fueron presuntamente entregados a Guerreros Unidos, un grupo criminal que opera en la región central de México y trafica drogas a Estados Unidos, que también se caracteriza por la extorsión y el secuestro.

Lo anterior se ha hecho pasar como un “hecho fortuito, como un mero accidente”, sin que fuera dirigido por ninguna persona, acusa el centro Tlachinollan, que apoya a un grupo de padres de los normalistas desaparecidos. Y fue este vacío informativo el que permitió que el gobierno de Enrique Peña Nieto fabricara lo que el centro llama una verdad histórica que fue desacreditada por la opinión pública –y por el propio GIEI– casi en el mismo momento en que fue pronunciada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Para los familiares –como declararon en la reunión con la prensa en el Centro Prodh–, el de Peña Nieto fue “un gobierno inhumano hacia el pueblo de México”, que “manipuló a todas las instituciones”. Ellos dicen saber, con nombres y apellidos, quiénes son los responsables de la desaparición de sus hijos, pero la ley “es muy tardía” para que se les investigue y se les detenga, afirman. Piden que se castigue a Zerón, Karam y a quienes participaron en la invención de la llamada verdad histórica.

Hay voces que también se alzan para hablar de las labores del nuevo gobierno con este caso. “No han avanzado con la celeridad que esperábamos”, afirmó Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una entrevista con el diario El Universal, aunque confía en que esta nueva administración tome en cuenta las hipótesis de la CIDH. “Hemos visto esfuerzos iniciales del nuevo gobierno por resolver el caso y los saludamos, aunque falta mucho por hacer”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha mostrado preocupación por la posible existencia de violaciones a los derechos humanos desde 2015 y, en 2018, recomendó, a la entonces Procuraduría General de la República, que realizara, en un plazo razonable, las investigaciones correspondientes e identificara “a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos”, según se lee en el informe “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

Durante estos cinco años ya se han liberado a 77 de los 142 detenidos por el caso Ayotzinapa y se han documentado actos de tortura en los procedimientos de las pasadas administraciones. Estas liberaciones ensombrecen aún más la posibilidad de que la verdad se sepa y se haga justicia. Todavía están sin responder las preguntas más fundamentales: ¿qué pasó? ¿quién ordenó? ¿quién ejecutó?

El de Ayotzinapa es un caso fundamental para México. Dependiendo de su resolución, se abre la puerta a la posibilidad de poder resolver la situación del resto de desaparecidos de este país. Y es allí donde el gobierno ha tenido y sigue teniendo los mayores retos: garantizar el respeto a los derechos humanos, recuperar el valor de la vida humana, y restablecer la seguridad de un país que ha venido sufriendo muertes violentas y desapariciones masivas desde hace ya más de una década.

¿Podrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dar certezas en esta historia si pretende investigar el caso otra vez desde el día cero? ¿O Ayotzinapa se sumará a otros casos emblemáticos de desapariciones forzadas, corrupción y abuso de derechos humanos de los habitantes de México, como lo han sido la guardería ABC –un incendio en Sonora en 2009, donde murieron quemados 49 niños– y la explosión de la mina de carbón en Pasta de Conchos en Coahuila, que dejó sepultados a 63 mineros, que aún intentan ser recuperados por sus familiares?

Ambos casos ya han marcado tres periodos presidenciales y en sus procesos han hecho evidente el silencio estatal, la compra de voluntades y la desaparición de evidencias. ¿Podrá AMLO darle vuelta a toda esta narrativa dando luz a uno de los capítulos más oscuros de la historia mexicana?