#RegresaElTemor / Líderes en vía de extinción / reportaje

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Diario 19 / 29 de Junio de 2019 / CONNECTAS / EARLY / EL PAÍS

 

 

Investigación: Jessica Villamil Muñoz

 

De los 357 asesinatos de líderes sociales en Colombia ocurridos entre 2012 y 2017, el 37% eran integrantes de organizaciones comunales. Con su aniquilación, en muchos casos, se arrasa el último bastión de la legalidad. En sus territorios quedan procesos sociales truncados, mientras el terror avanza. Así se evidenció tras una investigación realizada por El País, con el análisis de datos de Early y en alianza con CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas.

 

CON EL ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES, REGRESA EL TEMOR

 

Hablar con un líder social, en ciertas regiones del país, es casi una labor de espionaje: son necesarios los nombres en clave, los mensajes cifrados… Evitar sitios públicos. El silencio se convierte en ley y romper esa regla establecida por mera intuición para sobrevivir puede acelerar el paso a la muerte.

En Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, donde 18 líderes comunales fueron asesinados en los últimos cinco años, hubo acercamiento con personas de la zona durante más de dos meses para entender cómo vive una comunidad sin sus líderes, acechada por el terror impuesto por Peluzos (Ejército para la Liberación Popular) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en medio de sus disputas por los corredores del narcotráfico.

Pero al intentar concretar hora y día de la cita para desarrollar la investigación de El País y CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas, los mensajes de WhatsApp se quedaron en visto. Una semana después la muerte habló: Frederman Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Kilómetro 48, de El Tarra, y ocho hombres más que lo acompañaban fueron masacrados en un billar del centro de la población ante la mirada de los vecinos.

Entonces, la espiral del terror avanza en diferentes regiones de la misma manera: Primero las amenazas, luego el silencio, después la muerte y con ella, se enquista el miedo. No solo ocurre en Norte de Santander. Al otro lado del país, en el Valle del Cauca el miedo también causa estragos. Son los casos de 357 líderes asesinados como lo confirmó una investigación del periódico El País, Early y CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas.

Pasó a comienzos de 2018 en Buenaventura y se esparció por todo el departamento. Después del asesinato de Temístocles Machado, líder del Paro Cívico y líder comunitario del barrio Isla de la Paz, nadie quiso hablar. No importa que tres de sus homicidas ya estén en la cárcel. Ni que los primeros días el dolor los haya llevado a expresar en las calles la rabia, a exigir presencia del Estado por el asesinato de un líder que trabajaba por la recuperación de tierras despojadas de sus vecinos. En esa ciudad, bordeada por el océano Pacífico, poco a poco las reuniones comunales se fueron extinguiendo. Las estrategias fijadas entre los líderes para protegerse unos a los otros se agotaron. Hoy solo susurran sus problemas, pero el impulso que les daba Temístocles para solucionarlos, se esfumó con su vida.

El terror en el Valle del Cauca es intermitente. Este departamento en cinco años fue testigo silencioso del asesinato de 32 de sus líderes sociales. El caso más reciente es el de Libardo Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Pilas, en zona rural de Jamundí. Han pasado dos meses desde que lo mataron a disparos y ni su esposa, ni sus hijos, ni sus amigos se atreven a contestar los mensajes que se envían a través de conocidos.

Incluso Lina Tabares, líder defensora de Derechos Humanos e integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio La Pradera en ese municipio, dice que la familia de Libardo jamás se volvió a ver. No se sabe nada de ellos y tampoco de los proyectos que impulsaba este líder para mejorar el servicio de acueducto en su vereda y que en últimas -dicen-, terminó llevándolo a la muerte.

Ese miedo enquistado en las regiones y el daño que causa en los liderazgos retumba en la cabeza Carlos Guevara, investigador de la organización Somos Defensores. Los diez años que lleva viendo cómo la violencia arrasa con los bastiones de legalidad que abanderaban los líderes le da argumentos para advertir que “el fenómeno de violencia contra un líder no finaliza con la muerte. Los matan a ellos, pero siguen con la familia, con los amigos…

Sustenta sus palabras con la reciente investigación de Somos Defensores que documentó 107 entrevistas a familiares de víctimas y compañeros cercanos de la organización. El resultado no necesita explicación: El 67 % de familiares y amigos fueron amenazados, el 22 % tuvo que desplazarse; el 22 % sufrió atentados, el 20 % de los líderes que quedaron en el territorio también fueron asesinados y en el 13 % de los casos, se les robaron información valiosa para sus procesos.

Lo cotidiano es que la muerte sea el inicio de un nuevo ciclo de terror. Como el que vive la familia Cuero Ortiz: A don Bernardo, fiscal de la Asociación Comunitaria de Afrocolombianos Desplazados, que luchaba por restablecer los derechos de estas comunidades, lo asesinaron el 7 de junio de 2017 cuando dos hombres le dispararon frente a su casa desde una moto. El crimen ocurrió en Malambo, Atlántico, donde huyó por las amenazas que recibió en su natal Tumaco, Nariño. Su sangre no fue suficiente. El 19 de marzo pasado mataron a sus hijos luego de testificar contra los sicarios.

Esa muerte ya había sido anunciada por el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, con tres meses de anticipación a través del sistema de alertas tempranas que usa para advertir sobre escenarios de riesgo: “Casi que con nombre propio le dijimos en marzo al Gobierno nacional: ¡Van a matarlos! Al 22 de agosto, 33 de los 40 líderes fueron asesinados en los municipios donde hicimos alertas”.

Por eso, Lina Tabares, la líder de Jamundí, reclama que el Estado ha sido incapaz de ponerle freno al reciente “exterminio” de los líderes sociales, así en septiembre pasado, durante un debate de Control Político en el Congreso de la República, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, haya enumerado cuatro decretos y otras tres normas “generales y particulares” para promover la protección de los líderes en el país.

Hablar del dolor, de la ausencia, del miedo puede ser letal para las personas que siguen de en pie. Más al sur del país está el Cauca, departamento que aportó entre 2012 y 2017, 62 personas a lista de asesinatos.

“Debemos tener cero tolerancia con el asesinato de líderes sociales. Me da escalofrío hablar de cifras. Todos eran seres humanos que deberían estar vivos”.

Edward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático

Hubert Erazo, asesor de Derechos Humanos de la Alcaldía de El Tambo, en medio de su hermetismo revela que hay líderes que jamás han pisado la zona urbana de su municipio y los mensajes, de vereda a vereda, llegan a lomo de mula. Allá, en ese pueblo del Cauca enclavado en una montaña de la cordillera occidental, en un mes de 2016 mataron a tres integrantes de juntas de Acción Comunal. Después, el miedo obligó a trece de sus quince concejales a dejar sus sillas vacías.

En El Tambo no reciben a extraños porque saben que ponen en riesgo su seguridad y la de los visitantes. Las autoridades que se atreven a llegar lo hacen bajo riesgo propio, despojados de sus esquemas de seguridad. Ni siquiera la paz que prometió la firma del Acuerdo para la terminación del conflicto entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc llevó tranquilidad a esas poblaciones. Tampoco a Nariño, a Antioquia, a Córdoba, a Chocó, a Arauca… Solo 5 de los 32 departamentos que conforman el territorio nacional han salido ilesos de la muerte.

En 2012, cuando comenzaron los diálogos en La Habana, la cifra de líderes asesinados fue de 60, y aunque entre 2013 y 2015 la tregua entre Estado y guerrilla trajo una calma para quienes trabajan por sus comunidades (57 muertes por año), en 2016 el terror volvió a mostrar sus garras: La cifra de muertos ascendió a 67 y en 2017, cuando se suponía que Colombia acariciaba la paz, los líderes asesinados fueron 74.

Eso muestran las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación a las que tuvo acceso El País, Early y CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas. En total, 357 personas asesinadas entre 2012 y 2017.

De los 25 tipos de líderes que fueron identificados en esos registros, el blanco principal son quienes integran las juntas de Acción Comunal, esas organizaciones aliadas del Estado desde 1958 y a las que después de la Constitución de 1991 se les otorgó capacidades administrativas y operativas.

En entrevista con El País y CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, admite que los líderes “eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado”, pero también “un elemento de perturbación” para los objetivos de las organizaciones criminales”. Por eso, los 357 asesinatos de los últimos cinco años ponen a tambalear la institucionalidad. Esos 357 líderes ya no están y su muerte no fue el fin de una persecución.

El legado

En el departamento de Arauca la mayorìa de los líderes sociales asesinados eran mujeres. María del Carmen Moreno era presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico, en Arauquita. En sus doce años de labor social llevó redes de energía, de acueducto y logró que se construyera un puente vehicular. Sus cuatro hijos, seis meses después, todavía lloran su muerte.

***Miércoles. Nueve de la mañana. Antonio no llega solo. El expresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1 presenta con la mirada a otro hombre que camina a su lado y traza una ruta que todos seguimos en silencio hasta llegar a un negocio de artesanías contiguo a la Iglesia que, a esa hora, está deshabitado; es el único lugar del corregimiento San Antonio de Prado (Medellín) donde acceden a hablar sobre lo que nadie quiere: el asesinato de líderes sociales.

Solo huyendo, algunos logran sobrevivir. “En 1991 me dijeron: en tal fecha te vamos a matar. Tuve que desplazarme”, dice el acompañante de Antonio que lleva la mitad de su vida apuntando en una libreta fechas, lugares, nombres, datos de su comunidad que jamás debe dejar escapar un líder social. En una de sus hojas explica los momentos de persecución en su pueblo.

Cada momento de riesgo estuvo relacionado con su trabajo. Uno de ellos fue durante su periodo como Presidente de la Junta de Acción Comunal de El Limonar 1, mientras impedía la construcción del relleno sanitario El Guacal por su impacto ambiental sobre la comunidad.

Para esa época, el padre Óscar Ortiz, párroco del corregimiento, señalaba desde el púlpito a los habitantes que él consideraba ‘ovejas descarriadas’. Fue cuando paramilitares del Bloque Cacique Nutibara interpretaron la palabra con asesinatos, torturas, castigos. En total, tres años de calvario que terminaron con la captura del padre Óscar, quien en 2013 fue condenado a 19 años de prisión por concierto para delinquir y desaparición forzada.

Después, la amenaza vino de la mano de bandas criminales dedicadas al microtráfico que desaparecían a líderes por denunciar sus negocios ilegales. Ahora el peligro corre por cuenta del regreso de los paramilitares vestidos de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que ya dejaron su huella en decenas de casas ubicadas a lo largo de la única vía de acceso que tiene ese pueblo. Incluso, la fachada de la caseta comunal del Limonar 1 tiene estampado en letras rojas ACG, sigla con la que se identifica ese grupo criminal. Debajo de ellas, amenazante, escribieron: ‘Presente’.

A Julio César Rengifo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén de la Comuna 16 de Medellín, quien está a 45 minutos de distancia del hombre de la libreta, también le pusieron una lápida de la que por fortuna pudo zafarse: “De la casa me sacaron más de 20 hombres de la Sijín solo con lo que tenía puesto porque me iban a matar”. Él no lo dice, pero tiene que claro que ser la voz de su comuna es pecado.

Después de huir, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le puso un esquema de seguridad por las reiteradas amenazas, pero en cuestión de días se lo quitaron porque por su “nivel de riesgo no requería protección”. Qué más da. Después de 25 años de liderazgo y persecución ya aprendió a vivir con el peligro a cuestas. Sin nadie que lo proteja, ni que le garantice seguridad; ahora viaja en bus esquivando la muerte. Muerte de la que no pudo escapar María del Carmen Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico, en Arauquita. Ella no tuvo quién la sacara escoltada de su finca en marzo pasado. En sus doce años de labor social gestionó redes de acueducto, de energía y la construcción de un puente vehicular para sustituir un entablado que ahora son su legado.

Uno de sus hijos repasa los cuadernos en los que María del Carmen plasmaba sus preocupaciones, deudas, citas y proyectos de desarrollo para su comunidad. Encierra con su dedo el dibujo de un puente peatonal y susurra que fue la única tarea que su mamá no pudo terminar: su secuestro, dicen que a manos de delincuentes que cruzaron la frontera con Venezuela, y posterior asesinato hace seis meses detuvieron el proyecto. Sus cuatro hijos, hoy ya universitarios,no volvieron a la finca y tampoco saben en qué quedó esa obra. No es que no les interese, es que el miedo que cargan es más pesado que la cruz que llevaba su mamá.

“¿Si eso pasa con los hijos, usted cree que el vicepresidente que es la persona que sigue en la lista, va a asumir? La junta va quedando sin coordinador, sin líder. Queda una herida en la familia. Queda el impacto en la comunidad”, lamenta Juan de Jesús Gómez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojuntas, en Arauquita, departamento de Arauca, donde en los últimos cinco años ocho líderes fueron asesinados. Cinco de ellos eran mujeres.

El Fiscal General de la Nación admite que en la planeación del posconflicto el Estado se quedó “bastante rezagado” y asegura que “mientras se negociaba la paz, la gran amenaza que se sugería al país era la inseguridad en los centros urbanos y se les olvidó que el caldo de cultivo del crimen es el narcotráfico”.

Entonces, pese a los gritos ahogados de periodistas, ciudadanos en las redes sociales, defensores de derechos humanos, organismos internacionales y algunos funcionarios del Estado, el miedo por la reactivación de los cultivos ilegales, el narcotráfico y la corrupción, se esparce sobre pueblos, ciudades, departamentos e impide que en esas comunidades nazcan nuevos liderazgos. Por eso, Antonio y su acompañante hablan de lo que nadie quiere bajo las sombras del negocio contiguo a la Iglesia.

 

EL PAPEL DE LAS JAC

 

Bernabet López es el presidente actual de la Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1, pero más parece un arriero: coordina las actividades deportivas de los niños, vigila que el grupo de medio ambiente haga la separación de residuos en las esquinas del barrio antes de que el carro recolector pase, programa actividades culturales, hace rifas para recoger fondos para que funcione la Junta…

Conoce el vía crucis de trabajar en medio del peligro y sabe bien que conseguir el aval financiero para los proyectos es toda una procesión: “Me tengo que movilizar a las reuniones con mis propios recursos porque la Alcaldía no me da incentivos. El día que se antojan convocan reuniones y si usted no va, con justificación previa, la que pierde es la comunidad. Pero la gente en el barrio cree que yo recibo plata en efectivo y que con eso me estoy haciendo rico”.

Por eso Antonio, sentado en una banca del negocio contiguo a la Iglesia principal de ese corregimiento de Medellín dice que la participación está secuestrada y a la gente le da miedo hablar, denunciar, que reponer un líder muerto no es como reemplazar fichas de ajedrez. Se requiere obstinación y convicción para seguir liderando.

Mientras los líderes afirman que están casi solos en su tarea, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior en el Gobierno Santos, explica que desde la Dirección de Participación Ciudadana se les apoya con capacitación en temas de derechos humanos, de seguridad ciudadana, en convivencia. Pero confirma que no devengan un sueldo y que tampoco hay recursos asignados por Ley para los territorios.

Proceso de la mascara

Aún cuando fueron creadas por la Constitución de 1991, José David Riveros, exdirector de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, explica que los barrios o las veredas no tienen obligación de crear las juntas comunales, cada quien las arma por decisión propia: “Si quieren que les pavimenten una cuadra, que les pongan redes de acueducto, de energía, tiene que jalonar en la Alcaldía o Departamento recursos para el proyecto. Algunos líderes tienen contactos muy buenos con los políticos, a quienes también les sirve el apoyo posterior de esa comunidad. Pero a un líder nunca se le entrega plata en efectivo”.

Los líderes no reciben un sueldo por sus tareas, pero sí hay un presupuesto ‘participativo’ para las comunidades. Motivo que en Antioquia, el segundo departamento con más integrantes de Juntas de Acción Comunal asesinados en los últimos cinco años, ha llevado a grandes disputas. Antonio y su acompañante cuentan que bandas criminales y corruptos, en ocasiones, han hecho elegir en las juntas a sus aliados para desde allí controlar los territorios.

El puesto que hoy ocupa Bernabet fue el mismo de que ocupó Guillermo Arias antes de lo que mataran. Ya el líder que se encargaba de sacar de la drogadicción a los jóvenes de su barrio con actos culturales, había denunciado desde su cuenta de Facebook: “los líderes comunales estamos mamados de presentar iniciativas, debatirlas, concertarlas, visibilizarlas; gastar tiempo y pasajes de nuestro bolsillo, para que luego venga un foráneo a ejecutar los proyectos”.

Vulnerables

La Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1, del corregimiento San Antonio del Prado, en Medellín, ha sido blanco de ataques de bandas criminales y de quienes controlan la corrupción. Tres de sus últimos presidentes fueron asesinados por denunciar manejos irregulares del presupuesto partipativo que sirve para desarrollar proyectos sociales.

Guillermo estuvo solo dos meses en la Presidencia de la Junta. Antes había ayudado en las labores de tesorería. Una noche de octubre de 2015, después de una fiesta en la caseta comunal, un hombre le cortó el cuello. Y aunque su muerte no aparece entre las cifras oficiales suministradas por la Fiscalía General de la Nación a las que tuvimos acceso, en 2016 un boletín de su oficina de prensa informó que un reguetonero y su esposa habían sido condenados por el homicidio que “obedeció a una deuda que Arias tenía por una presentación artística”.

En ese año también mataron a Viviana Agudelo con siete balazos al salir de una reunión de la Junta. Ella fomentaba el deporte en ese corregimiento cuna del paramilitarismo en Antioquia, pero ni Antonio ni su acompañante se atreven a hablar de esa historia. César Mendoza, de la Fundación Sumapaz, que lleva el conteo de los líderes asesinados en ese departamento, se despoja de temores y recuerda que Viviana denunció que la corrupción se estaba apoderando del manejo del presupuesto participativo, que “en las comunas de Medellín alcanza hasta los 10.000 millones de pesos para ejecutar en un año” y que los grupos armados pretenden coger ese dinero.

Los directivos de organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que a los líderes no solo los persiguen por trabajar por la paz, sino por cumplir justamente las tareas propias de su cargo: mejorar las condiciones de su sector, dirimir conflictos, jalonar obras para el desarrollo de sus comunidades.

César, que también trabaja en la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, sostiene que “matan a los líderes y no avanzan las investigaciones de lo que denunciaban. En la mayoría de casos sabemos quién disparó, pero no hay investigaciones claras para conocer a los verdaderos responsables de las muertes”. Como en el caso de Temístocles Machado, el líder de Buenaventura asesinado en enero de 2018.

Sin embargo, el Fiscal General de la Nación dice que desde que llegó a esa institución en 2016, se han esclarecido el 50 % de los casos. Que es evidente que el 50 % de las víctimas eran líderes comunales y que los victimarios son en 24 % de los casos, delincuencia organizada, pero también el Clan del Golfo, las disidencias de Farc, el ELN.

No importa si es por cuenta de los dueños de cultivos ilícitos, de narcotraficantes que quiere apoderarse de los territorios, de la corrupción enquistada en las instituciones del Estado, de la delincuencia común, el temor se aloja en todo el territorio. Incluso, hay zonas, de donde nunca se fue.

Resistencia

Luis Fernando Gil Luján tenía 27 años cuando fue asesinado. Se encargaba de los procesos culturales en la Junta de Acción Comunal del barrio La Castilla, de Medellín. Sus amigos dicen que el pecado fue tratar de arrebatarle al narcotráfico los niños que estaban cayendo en ese mundo de las drogas.

“Ejercer el liderazgo social en este país es extremadamente difícil por el tema de seguridad, pero también porque no se reconoce nuestro trabajo, no se apoya”.

Martín sandoval, líder en Arauquita

EL ENREDO DE LAS CIFRAS

 

¿Cuántos líderes sociales han matado en Colombia? Ninguna de las instituciones del Estado se pone de acuerdo. Así lo dejó claro la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el debate de control político del 5 de septiembre en el Congreso de la República. Allí también dijo que no existe unidad en la caracterización de los líderes y que solo en algunas entidades se aplica la definición de Naciones Unidas como punto de partida para iniciar las investigaciones.

Proceso de la mascara

Entonces, casi todos hacen conteos desde desde 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, acuerdo que se dejó sentada la necesidad de proteger a estas personas. La Defensoría del Pueblo tiene hasta el 31 de julio pasado 333 asesinatos. La Fiscalía General de la Nación, los Ministerios del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, fijaron para sus reportes 178 crímenes. ¿Por qué la disparidad de las cifras y qué ocurrió de 2016 hacia atrás?

Como lo dijo la Ministra del Interior e insiste el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la definición parte de la descripción que hizo Naciones Unidas en 2002 de los líderes sociales: “Son defensores de los derechos humanos quienes trabajan en la defensa y vigencia de los principios democráticos y la paz; quienes defienden los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de las minorías, de otros grupos, incluyendo líderes y representantes de organizaciones sociales, campesinas, etc”. A partir de allí se crearon 20 categorías de líderes, entre ellos, comunal, comunitario, de tierras, campesino, de mujeres, afrodescendiente, indígena, sindical, ambiental, social…

El problema, sostiene Carlos Guevara, de la organización Somos Defensores, no solo es de concepto, “también es de metodología, de la manera como se recopilan los casos en todo el territorio nacional”.

Admite que tras la firma del Acuerdo de Paz, la polarización política, distintas organizaciones comenzaron a publicar informes que necesariamente “no tienen una metodología rigurosa” para obtener su información, por lo que incluyen a personas que no se dedicaban al liderazgo o reivindicaban derechos, sino que pertenecían a un sector político y eso necesariamente “no los convierte en líderes”.

Sin embargo, Leonardo González, coordinador investigativo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, asegura que “líder no solo es quien coordina y dirige la organización, sino también quien hace parte de ese colectivo”, como los que trabajan organizando documentos, recogiendo el dinero de las actividades, concretando citas, o simplemente, estableciendo contactos con otros sectores de la comunidad.

El defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, considera que el problema no es de cifras, pero pone un ejemplo: “Hay un muerto, para mí es un líder social porque es el presidente de la Junta de Acción Comunal o de la ONG de Derechos Humanos. Pero ¿si la causa criminal, según el Fiscal y sus investigadores, es que lo mataron por un problema con su vecino, tengo que decir que no eran 333 líderes muertos sino 332?”.

Hasta antes de que llegara Negret, no había un consolidado o unidad especializada encargada de contabilizar los sucesos violentos contra los líderes. Y las cifras de la Fiscalía o de la Defensoría, no se comparan entre sí con sus propios registros para establecer si hay o no incremento de los asesinatos. Por eso El País, Early y CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas, tomaron como referencia los datos de la Fiscalía General desde 2012 hasta diciembre de 2017.

Las cifras con datos específicos y actualizadas a este año no nos fueron entregadas por la Institución, pese a que en julio pasado publicaron un informe conjunto con la Policía Nacional, la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección en la que indican que 30 personas fueron asesinadas en lo que va del año por su actividad relacionada con el liderazgo.

En los reportes que sí obtuvimos, se encontró un total de 357 líderes asesinados. De ellos, el 81,2% eran hombres; el 13,7 % eran mujeres y el 5 % eran reconocidos como integrantes de la comunidad LGTBI.

Pese a que la Fiscalía asegura que tienen identificados 20 tipos de líderes en país, en las cuentas entregadas a este diario figuran 25 grupos. De ellos, el 39 % eran comunales. En una segunda y amplia proporción, están los indígenas, con 23 %. Después están los campesinos, los sindicalistas… Ni qué hablar de lo que muestran las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. De los 357 asesinatos 250 están en etapa de indagación, es decir, no se ha investigado ni el 70 % de los homicidios. No importa si el crimen ocurrió el primero de enero de 2012.

El fiscal explica que en su administración, que arrancó en agosto de 2016, asumió el compromiso de impedir la impunidad en los casos de líderes sociales. Por eso, justifica que las investigaciones arrancaron desde ese año. “Estamos trabajando públicamente frente a lo que está ocurriendo, sin perjuicio de lo que están haciendo en la Dirección de Derechos Humanos con los casos anteriores. Nosotros estamos sacando investigaciones del cesto de la basura, como lo ocurrido con la Unión Patriótica”.

Sin embargo, Carlos Guevara considera que los resultados de la Fiscalía “son un invento” porque “en los últimos años, de más de 500 casos de homicidios solo hay 48 condenas. La única prueba para medir que la justicia funciona se llama sentencia condenatoria”.

Hoy, frente al análisis de cifras, el Estado se niega a reconocer que hay una sistematicidad en los homicidios pese a que hay patrones frente a la víctima: tipo de trabajo que desempeñaban, lugares de los homicidios, tipo de arma utilizada para el crimen; pero no frente al victimario.

Oleadas de asesinatos muertos, vienen y van mientras que el silencio se impone en las comunidades y los líderes que sobreviven tienen miedo a levantar la voz y sus comunidades por quedan inmóviles ante el terror que está de regreso.

Proceso de la mascara

“Debemos sentir vergüenza de que como sociedad, como Estado, no hemos sido capaces de salvaguardar la vida de los líderes sociales, de los colombianos”.

Katherine Miranda, representante Alianza Verde

ENTREVISTAS

“Los líderes sociales asesinados eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado”

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dice que los integrantes de Juntas de Acción Comunal de Colombia son las principales víctimas en los homicidios contra líderes sociales. Reconoce que ellos eran la única representación que tenía el Estado en los territorios y que fueron abandonados. Narcotráfico, según él, es el principal responsable de estos crímenes.

Explica que las muertes no están relacionadas con la política: “desde el punto de vista empírico no se encuentra asociación entre afectación a líderes sociales y proceso político.

En el 50 % de los casos que ya hemos esclarecido, al perfilar las víctimas, encontramos que más del 50 % de ellas corresponden a líderes de Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias. Le siguen líderes indígenas en un 12 %, campesinos en un 12 %. Entonces, es evidente que en el centro de este conflicto que se está dando en los territorios, los líderes comunales están llevando la peor parte junto con la sociedad civil, porque estos homicidios están ocurriendo en los territorios del posconflicto.

Estamos hablando de Nariño, de Cauca, de Antioquia, de Norte de Santander donde más caracterizadamente se está dando este fenómeno de violencia. Y en estos lugares las tasas de crecimiento del homicidio de la sociedad civil está llegando a unos niveles muy importantes: se está viendo afectada la sociedad civil en su conjunto, en medio de un conflicto que se está generando en los territorios y dentro de esa sociedad civil, se afecta a líderes sociales.

“Yo no puedo ocultar homicidios de líderes sociales”

Carlos Alfonso Negret, defensor Nacional del Pueblo, habla sobre la dificultad de la institución para registrar el asesinato de líderes sociales. Asegura que las alertas tempranas que emite sirven, siempre y cuando las otras organizaciones del Estadolas tengan en cuenta. Asegura que hasta agosto de 2016, habían asesinado 33 de los 40 líderes que él anunció estaban en riesgo. Yo no tengo ningún afán de emitir alertas tempranas por emitir”, sostiene.

Un ejemplo, antes el rey de Cauca, Nariño y Valle del Cauca era un señor que se llama Pablo Catatumbo, que tenía a ‘Pacho Chino’ en el Cauca y este le obedecía. Ahora las disidencias, que están dedicadas en Corinto y Miranda a los secuestros exprés, son un problema muy grave porque no tienen un mando y están ávidos de coger $30 millones, $100 millones. Hace meses mataron a esta niña argentina que, prudente o imprudentemente estaba en su actividad turismo alrededor de la marihuana. No sé si estaba dentro del marco legal o no, pero aquí no podemos matar porque sí o porque no.

“La violencia contra el líder social no finaliza con su muerte, siguen con la familia”

Carlos Guevara, investigador de Somos Defensores, dice que la organización lleva 20 años estudiando la situación de los líderes sociales en Colombia. Asegura que la desprotección para estas personas es total por parte del Estado y sostiene que la espiral de violencia no finaliza con la muerte, sino que los verdugos van tras cualquier factor que signifique la legalidad en el terreno.

El tema de asesinatos de líderes es estructural, pero invisible. Ni siquiera el ‘Basta Ya’, que es el libro de memoria histórica en el país, ha registrado el conflicto contra los líderes sociales. Y resulta que históricamente cualquier grupo armado legal o ilegal para poder entrar a un territorio con los primeros que tiene que hablar es con los líderes de la zona y se la ponen así: o usted trabaja conmigo y salva su vida o nos lo impide y lo matamos.

Ahora hay visibilidad por ustedes los medios de comunicación. Obviamente, la reducción de las acciones bélicas entre el Estado y las Farc permitió que hubiera más parrilla de contenidos, más capacidad de difusión y que esos muertos fueran visibles.

El problema es que es necesario construir una noción o definición de qué es un líder social o un defensor de Derechos Humanos porque unos organismos tienen una cifra de muertos, otros menos.

Para nosotros un líder social es en estricta medida, también, un defensor de Derechos Humanos. Es una persona que se desprende un poco de la obsesión de defender solamente sus ideas y pasa a defender los derechos de otras personas, de manera voluntaria. Ahí se hace la diferencia.

Créditos:

Investigación: Jessica Villamil Muñoz  |  Editora: Priscila Hernández Flores  |  Fotografías y video: Jorge Orozco  |  Conceptualización y diseño multimedia: Mauricio Montoya Mejía  |  Edición de video: Juan Daniel Sánchez  |  Procesamiento y análisis de datos: Early (María De Arteaga, Vicente De Arteaga y Benedikt Boecking).

Esta investigación fue realizada por El País con el procesamiento y análisis de datos de EARLY y el apoyo de CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas.
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