Descalifica SEDENA a la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa

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Diario 19 / 1 de octubre de 2018

 

 

 “La principal preocupación del caso es que se busque la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”:  Alejandro Ramos Flores

La Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa “no tiene la objetividad ni la imparcialidad que se requiere en el debido proceso, porque les deja la dirección de la indagatoria a los representantes de las víctimas, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, aseguró Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En entrevista con EL UNIVERSAL, a cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el general aseguró que “la principal preocupación del caso es que se busque la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”. Añadió que, ante esta situación, algunos soldados interpusieron un recurso contra esa resolución.

 

Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

 

La Comisión de la Investigación para la Justicia y la Verdad que propone el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, no está prevista en el orden jurídico mexicano ni en algún tratado internacional, así como tampoco cuenta con la objetividad y la imparcialidad que se requiere porque le deja la dirección de la investigación a los representantes de las víctimas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó el general Alejandro Ramos Flores,jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunque dejó en claro que si las acciones para instrumentar dicha comisión se ajustan al marco de la ley, las Fuerzas Armadas se ceñirán a esa legislación.

Entrevistado por El Universal, el general  Ramos Flores adelantó que algunos elementos militares interpusieron ya un recurso contra esta resolución, porque si la investigación no se hace en el marco de la ley,  sus derechos, garantías, pueden verse lesionados al ser una investigación ad hoc, fuera de procedimientos.

En ese mismo tenor, el Jefe de Asuntos Jurídicos de la Sedena, rechazó tajante la participación del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y sostuvo que derivado de la investigación, no existe ningún elemento que refiera que se actuó por parte de personal militar.

Fue más allá, al apuntar que “es sospechoso que toda la carga de la ira, de los señalamientos y que la principal preocupación del caso sea que se busque la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”.

Explicó que dicho batallón está encargado de colaborar en actividades de seguridad  en un sector integrado por 10 municipios. De ahí que, el día de los hechos, se encontraba asignado a actividades como adiestramiento y atención a emergencias tras el incidente con una pipa, de tal suerte que el único conocimiento que tuvo sobre las actividades de los estudiantes que estaban trasladándose a Iguala en algunos autobuses de pasajeros que tomaron, fue a partir de reportes del C4.

Sobre la presencia de un militar que tomó fotografías la percatarse del movimiento de los camiones, el general comentó que por alguna  circunstancia estaba en ese momento ahí, reportó que el persona de la policía estaba conteniendo a los estudiantes y que los estaban bajando de uno de los autobuses, pero al darse cuenta de que la policía lo veía con sospecha prefirió retirarse e integrarse al cuartel.  “Esa es la mayor participación que hubo, si es que se puede decir que hubo participación”, afirmó.

Además, dijo que los militares hicieron rondines de vigilancia solo después de recibir el reporte del ataque al autobús del equipo de futbol Avispones, así como el de la presencia de un supuesto grupo armado, pues señaló que hay un reglamento y una ley de disciplina que le prohíbe a las Fuerzas Armadas entrometerse en asuntos de la policía.

El general Alejandro Ramos hizo énfasis en que hay que distinguir los intereses que pueden subyacer detrás del movimiento y del dolor de los familiares de los estudiantes que padecieron esta lamentable situación.

Agregó que la principal preocupación es que se investigue qué fue lo que pasó, quiénes actuaron en contra de los estudiantes y dónde están. Además de que no se debe olvidar la responsabilidad de las autoridades estudiantiles, que debieron estar enteradas de la salida de los jóvenes del plantel, así como se debe continuar con la línea de investigación relacionada con la confusión entre los grupos criminales de los Guerreros Unidos y Los Rojos, de la que se han obtenido conversaciones telefónicas.

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