Las víctimas «desterradas» / Desplazados por el narco

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diario19.com / Noroeste-ICFJ-CONNECTAS

 

En los últimos 12 años, en Sinaloa (México) se han registrado más de 25 mil desplazados por violencia y sequía, según cifras de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

Cada noche, los pobladores de Ocurague, en la sierra madre occidental, se escabullían de sus viviendas para ocultarse entre los matorrales. Desde las sombras escuchaban el accionar de las armas, las cuatrimotos y las camionetas que aplanaban los caminos terregosos. Cuando el silencio volvía a imperar, apaciguaban el miedo y regresaban a sus viviendas. Era la señal de que el peligro había pasado, al menos por esa noche.

Así era la vida en 2011 en este poblado que es parte del municipio de Sinaloa de Leyva, muy cerca de Badiraguato, Sinaloa, en el llamado “Triángulo Dorado” del narcotráfico mexicano –Durango, Chihuahua y Sinaloa–.

Al paso de los meses, el temor a la violencia escaló a los homicidios. A inicios de 2012, un grupo armado secuestró y asesinó a un joven originario del poblado vecino de San José de los Hornos.

“Cuando mataron al muchacho ese de San José de los Hornos los hombres no se atrevieron a ir a levantarlo, por eso las mujeres fuimos por él, acompañadas del Comisario. Ahí habían dejado un papel donde se atribuían el asesinato; el papel decía que eso les iba a pasar a todos los ‘dedos’ (soplones) de ‘El Chapo’, que porque ahí era puro Beltrán Leyva”, recuerda la señora Esperanza Hernández, una mujer que ronda los 50 años, originaria de Ocurague, y que se desplazó a la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

El nuevo grupo criminal condicionó a los pobladores a unirse a ellos, a abandonar sus tierras o a morir en sus manos.

“Asesinaron a una familia entera. Los cuerpos quedaron ahí tirados. El Comisario, antes de salir, dio aviso a la cabecera municipal de Sinaloa de Leyva. Fue una cosas muy difícil y muy fea: imagínese tener que dejar ahí a los cuerpos, y la gente tener que venirse por el miedo. Una persona decía que venían los Beltrán Leyva a quemar el rancho y a matar al que encontrara”, menciona con la mirada vaga, mientras recuerda los homicidios de 30 personas de la zona, y el éxodo de 96 familias que habitaban Ocurague, ahora convertido en un pueblo fantasma.

Por eso, por el terror, el 12 de enero de 2012, junto con su familia y un pueblo entero, Esperanza salió huyendo: dejó el abarrote familiar que trabajaba, su casa, su siembra, su ganado. Todo.

Desde entonces, esta madre soltera se convirtió en una activista que lucha para que se mejoren las condiciones de los desplazados; ha hecho un padrón de los que se hallan en Guamúchil y ha registrado a los que se fueron al norte del estado, particularmente a las familias que se asentaron en Guasave y en Choix.
El trauma del desplazamiento ha sido muy grande, explica Esperanza, primero por la falta de empleo y vivienda, y después por el desconocimiento de la vida de la ciudad, donde todo cuesta, hasta el agua.

“No podemos acostumbrarnos a vivir aquí: allá, si se acaba el gas, hay leña; tenemos gallinas que producen huevo, tenemos carne, queso; tenemos agua. Ocurague significa lugar donde nace el agua; hay una arroyo que nunca se seca. Nunca carecemos de fruta: ¡aquí hay que comprarla!”

La temporada de calor también ha sido una hornilla: ellos vivían entre los pinos serranos, ahora padecen de temperaturas de más de 40 grados centígrados, muchos de ellos sin siquiera contar con un ventilador.

Las demandas de la mayoría de los desplazados siguen siendo las mismas que en un principio: el regreso de las familias a sus pueblos con garantías de seguridad, o en su defecto, ayuda para un empleo, educación y una indemnización por las tierras y bienes perdidos a manos de los grupos del narcotráfico.

Sinaloa, el de mayor desplazamiento serrano

En los últimos 12 años, en Sinaloa se han registrado más de 25 mil desplazados por violencia y sequía, según cifras de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, una Organización de la Sociedad Civil, fundada hace 30 años.

Por su parte, desde febrero de 2012, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno de Sinaloa, (SEDESHU), inició su propio conteo de desplazados por la violencia que genera el crimen organizado. A mayo de 2014, la Secretaría ha contabilizado a 4 mil 714 personas, divididas en Mil 117 familias.

Los resultados muestran que el 70 por ciento de los desplazados lo conforman mujeres, menores y adultos mayores. Los niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 18 años de edad suman un 29 por ciento; las mujeres de 19 a 60 años alcanzan un 36 por ciento, y los adultos mayores de 60 años y más representan el 5 por ciento.

Según el estudio, el desplazamiento se ha registrado en diversas zonas de seis de los 18 municipios del estado: Sinaloa de Leyva, San Ignacio, El Fuerte, Concordia, Rosario y Culiacán. Y se han refugiado en otras áreas de 10 municipios: Badiraguato, Sinaloa de Leyva, El Fuerte, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, El Rosario, Salvador Alvarado –Guamúchil– y Concordia.

Pero el estado de Sinaloa no sólo ha recibido desplazamiento local, sino interestatal. Ha sido receptor de desplazados de la sierra de Durango, de la capital del estado y del municipio de Pueblo Nuevo. Los habitantes de estas zonas encontraron refugio en los municipios sureños de Elota y Cosalá.

Por la violencia y el miedo, se han refugiado en Choix, municipio de Sinaloa, pobladores indígenas rarámuris que habitaban la zona serrana de esta localidad.

De acuerdo a los datos proporcionados por Simón Ruiz, un indígena Mayo que trabaja de Coordinador de Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de Choix, a la cabecera se han desplazado más de 60 rarámuris provenientes de entre 11 y 13 comunidades, como La Culebra, Tacopaco, Corral Quemado y Las Juntas. Estos datos no se encuentran en el estudio del gobierno de Sinaloa, pero fueron documentados por estos reporteros.

Para atender el desplazamiento, el municipio y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), adaptaron una casona como escuela y comedor, lugar adonde acuden niños y adultos rarámuris.

En este lugar se reubicó a la escuela primaria indígena Amado Nervo, que originalmente se hallaba en el poblado de La Culebra.

En el estado de Chihuahua no se reconoce el problema del desplazamiento forzado en la sierra, según informa la Fiscalía del estado, y en Durango, con datos divulgados por Comunicación Social, únicamente se tiene registro gubernamental de cientos de indígenas desplazadas de la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de El Mezquital, ubicado al sur del estado.

A pesar de la falta de registro del gobierno estatal, en el documento Proyecto Piloto de Agencia Económica de las Mujeres Desplazadas por Violencia, auspiciado por el Instituto Nacional de las Mujeres, se estima que el número del desplazamiento forzado puede ser mucho mayor, y llegar a 700 familias que han huido de la violencia en Durango.

“El último acontecimiento de violencia presentado en el estado ocurrió la última semana del mes de enero del presente año en la comunidad San José del Ranchito, a 15 minutos del municipio del Mezquital, en la cual los grupos al margen de la ley incendiaron tres casas. Esta zona es indígena y del 2010 hasta la fecha ha sido blanco de fuertes ataques por parte de la violencia; en otras ocasiones se han quemado escuelas, tiendas comunitarias y otras viviendas de esta misma zona; fue de la cual se produjo el éxodo masivo de los indígenas de Tierras Coloradas el 28 de Diciembre de 2010, en donde fueron quemados 38 inmuebles”, se lee en el estudio.

El documento también consigna la falta de atención del problema.

“Aunque en el Estado de Durango existe esta Ley General de los Pueblos Indígenas en Durango, hasta la fecha no existen políticas públicas, programas y proyectos a favor de las comunidades indígenas desplazadas”, se expone en el texto.

‘Si me enfermo, voy a caminar’

En una vivienda de una recámara habita el señor Ubaldo Díaz Hernández, sus hijos y dos familias más desplazadas de Ocurague, municipio de Sinaloa de Leyva.

La casa se halla en un fraccionamiento popular de la ciudad de Guamúchil. Como el gobierno no les ayudó con un refugio, sus habitantes la ocuparon sin permiso cuando ésta se encontraba abandonada.

Hace más de dos años, don Ubaldo y sus 10 hijos salieron caminando de su pueblo, desde entonces, las tragedias de la familia se han ido apilando. Apenas cuatro meses atrás recibieron una pésima noticia: el fallecimiento de la esposa de Ubaldo, la señora Florencia Díaz, una mujer de 53 años de edad que padecía cáncer y que no pudo ser atendida adecuadamente por falta de un buen seguro de salud y dinero para el medicamento.

“(Ya muy enferma) la llevé al Seguro Social y ya no salió del hospital”, dice Ubaldo, con esa voz arrugada y débil que produce la tristeza profunda.

Cuando la señora murió, el gobierno municipal le ayudó con la compra del ataúd.

La escasez de trabajo también ha sido un problema para Ubaldo. Cuando lo contratan labora de peón de albañil o de jornalero agrícola; también desmonta baldíos a cambio de unas monedas. En el patio trasero de la vivienda siembra calabazas, y ahí mismo intentó sembrar maíz, pero no se dio.

Aunque tiene Seguro Popular, a Ubaldo no le sirve; consigue consultas médicas gratuitas, pero no acude porque no tiene dinero para comprar las medicinas que le recetan.

“Si me enfermo voy a caminar, qué le voy a hacer, voy a seguir a la compañera”, sentencia Ubaldo, mientras utiliza un pañuelo rojo para absorber el sudor intenso que le brota del cuerpo.

Los desplazados deben de estar protegidos

De acuerdo a los principios rectores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el desplazamiento interno se define como las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Según cifras del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC-NRC) que son utilizadas por la ONU, a finales de 2013 había por lo menos 33.3 millones de desplazados en el mundo debido al conflicto armado, la violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos.

“Esta cifra representa un aumento de un 16% en comparación con 2012, y alcanza un récord histórico por segundo año consecutivo”, dice el Informe Global 2014: desplazados internos por los conflictos y la violencia.

En América, a finales de 2013, por lo menos 6.3 millones de personas habían sido objeto de desplazamiento interno, la gran mayoría se encuentra en Colombia, donde la cifra ha aumentado de forma constante y alcanza ahora los 5,7 millones. Sin embargo, también es notable el conflicto en Guatemala, con 242 mil; México, con 160 mil; Perú con 150 mil, y Honduras, con 17 mil.

A diferencia de los otros países, donde los conflictos armados y las violaciones en derechos humanos son un factor serio de desplazamiento, en México la única causa es la violencia generalizada, es decir, la violencia criminal.

Los estados mexicanos más afectados por el desplazamiento son Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Guerrero.

Principios rectores

En total, la ACNUR define 30 Principios Rectores que protegen a los desplazados internos en el mundo, entre los que se encuentran:

Si el desplazamiento se produce por conflictos armados y catástrofes se adoptarán medidas adecuadas para informarles los motivos y, en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento.

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas.

Las autoridades se cerciorarán de que pueden recibir en condiciones de seguridad: alimentos indispensables y agua potable; cobijo y alojamiento básicos; vestido adecuado; servicios médicos y de saneamiento indispensables.

Se protegerá la propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.

Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país.

En la Sierra Madre Occidental se ha generado desplazamiento por enfrentamientos entre grupos criminales y narcotráfico.

En la Sierra Madre Occidental se ha generado desplazamiento por enfrentamientos entre grupos criminales y narcotráfico.

La invasión habría resultado un éxito, pero sus huellas los delataron.

Ese abril de 2012, un convoy de aliados criminales de Sonora, Chihuahua y Sinaloa se internó en la Sierra Madre Occidental para apoderarse del territorio norponiente de Choix, a cargo de Adelmo Núñez, alias “El Lemus” o “El 01”.

Disfrazados de soldados, caminaron por las accidentadas veredas, entre las coníferas de la montaña. Llevaban también algunos vehículos rotulados como unidades del Ejército. Sólo simulando ser militares y con el apoyo de Benito Portillo, antes aliado de “El Lemus”, podían moverse sin resistencia por el paisaje agreste.

De acuerdo con testimonios locales, la banda criminal local de “El Lemus” los habría visto y dejado pasar, pensando que eran del Ejército, pero luego vieron sus huellas: eran guaraches, y no botas de soldado.

Entonces, la alerta se envió por la radiocomunicación, y en la madrugada del 28 de abril, en el poblado serrano de Bacayopa, empezó la batalla por el control total de la sierra choicense entre dos grupos del Cártel de Sinaloa: los Portillo y los Núñez.

El choque armado capturó la atención de la prensa y, por lo tanto, del gobierno de Sinaloa. El informe oficial fue de 20 muertos, pero pobladores serranos dicen que fueron muchos más.

La batalla provocó el desplazamiento de algunas familias hacia la cabecera municipal de Choix, pero éstas regresaron pronto a sus comunidades y se creyó que el problema estaba resuelto.

La pugna, sin embargo, se prolongó por al menos un año y tres meses más, de manera lejana, distante, sorda, ya sin la atención de los medios ni del gobierno.

Los invasores, encabezados por Portillo y apoyados por grupos armados de Sonora y de Chihuahua, fueron cercados y replegados aún más arriba de la Sierra Madre Occidental, a unos mil metros sobre el nivel del mar. Fue entonces cuando se dio el desplazamiento masivo de la población civil que quedó atrapada en la refriega.

En julio de 2013, y obligados por la violencia, a las cabeceras municipales sinaloenses de Choix, El Fuerte y Ahome comenzaron a llegar desplazados internos de comunidades como La Culebra, la Judía, Corral Quemado, El Saucito, El Saucillo y la Cieneguita de Núñez, muchos de ellos indígenas rarámuris.

“En la parte alta de la sierra se dieron enfrentamientos entre los grupos que, de alguna manera, iban replegando a los que habían invadido”, narra un habitante de Choix que vivió el problema, y que su identidad se conserva en anonimato por seguridad.

El testigo continúa: “poco a poco los iban desplazando y ahí fue donde se dio el éxodo hacia acá (hacia Choix)”.

Actualmente, según testimonios de los pobladores, el equilibrio de fuerzas se restableció entre los grupos criminales del propio Cártel de Sinaloa. Habría un vencedor y un vencido.

Indistintamente del nuevo dueño del terreno, los verdaderos perdedores fueron los desplazados.

Los tres ataques del crimen

La aparición del fenómeno de desplazamiento forzado en la Sierra Madre Occidental coincide en tiempo con la estrategia de combate al narcotráfico del ex Presidente, Felipe Calderón, y con la escisión del Cártel de Sinaloa –cuando la banda de los Beltrán Leyva se desprendió de la organización criminal liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, e Ismael “El Mayo” Zambada–.

Fue a finales de 2006 y a principios de 2007 cuando la administración de Felipe Calderón envió de lleno al Ejército a la misión “antinarco”, y en 2008 cuando se fracturó el cártel sinaloense.

Chihuahua y Sinaloa comparten la Sierra Madre Occidental y también los primeros lugares en homicidios. Sus posiciones varían pero, al menos en el último trienio, han encabezado los primeros sitios.

En 2013, y después del estado de Guerrero, la entidad sinaloense cerró en segundo lugar de homicidios dolosos, con una tasa de 41.2 casos por cada 100 mil habitantes, y Chihuahua en tercero, con 39.7, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fue en los dos últimos años del sexenio de Calderón cuando el desplazamiento forzado se hizo más visible.

Un poblador de la comunidad de la Sierrita de Germán, Sinaloa de Leyva, que su nombre se reserva por seguridad, recuerda el arribo de los grupos armados.

“Subieron muchos carros con mucha gente, más de 100 personas, acamparon en Los Hornos, (Sinaloa de Leyva), ahí pasaron mucho tiempo, fue de esa manera que sometieron a los pobladores de Sierrita de Germán”, narra.

El lugareño menciona que en el pueblo vecino, Ocurague, no habían matado a nadie, pero sí llegaban a las tiendas, exigían gasolina, tomaban lo que deseaban y se iban sin pagar.

De acuerdo a los testimonios, quienes se dedican a la producción de mariguana y amapola buscan tierras con una fuente de agua cercana. No hay negociación, no hay compra-venta. La única intermediaria es la fuerza del fusil.

Según los datos que se pudieron documentar, en la Sierra Madre Occidental se ha generado desplazamiento por tres razones principales: 1. Enfrentamientos entre grupos criminales del mismo cártel, como en la sierra de Choix; 2. Porque una banda del crimen organizado, contraria al Cártel de Sinaloa, quiso apoderarse de la tierra, como los Beltrán Leyva y sus aliados en la sierra de Sinaloa de Leyva; 3. Porque algunos líderes gavilleros matan a vecinos y a familiares para quedarse con la tierra y el ganado, como es el caso de San Isidro, Durango.

En este último caso no están involucrados los grandes cárteles del narcotráfico, sino pequeños grupos armados independientes que igual pueden robar, asaltar, secuestrar, violar, asesinar, extorsionar o sembrar y vender droga, mejor conocidos como gavillas.

El botín verde y millonario

La extensión de mil 200 kilómetros de la Sierra Madre Occidental corre, de la frontera sur de Estados Unidos a Jalisco, México, de manera paralela a la costa del Pacífico, pero es en la zona montañosa de Sinaloa, Chihuahua y Durango donde se concentra la mayor producción de mariguana.

De acuerdo al Informe Sexenal 2007-2012 del Programa Nacional para el Control de Drogas implementado en el sexenio del Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, esta área concentró el mayor número de cultivos de cannabis destruidos.

Con base en información del Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia de la administración pasada, se erradicaron 97 mil 899 hectáreas de mariguana en 13 estados del país durante el gobierno de Calderón. El 71 por ciento correspondió a la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, con 69 mil 886 hectáreas.

El documento explica que una hectárea produce aproximadamente mil 200 kilogramos de mariguana, y que su precio en 2012 era de 80 dólares el kilo. Por lo tanto, el valor de la cannabis destruida en la zona de Sinaloa, Chihuahua y Durango en ese periodo, habría sido de 6 mil 709 millones 56 mil dólares, unos 87 mil 217 millones 728 mil pesos mexicanos, tomando el precio del dólar a 13 pesos. La cantidad es superior a la suma de los presupuestos de Sinaloa y Chihuahua en el año 2012.

Esta cantidad, que no incluye la destrucción de la amapola, muestra una parte del tamaño del negocio ilícito de la producción de mariguana en la Sierra Madre Occidental; negocio por el que se pelean metro a metro el territorio, y que ha generado miles de desplazamientos forzados.

La gavilla de durango

Hace siete años, 11 familias, incluida la de Ciriaco y sus siete hermanos, huyeron de su pueblo natal, un lugar de apenas 35 casas que se halla en la sierra de Durango.

Caminaron ocho horas rumbo a Santana y luego dos horas más hacia Cosalá, Sinaloa, donde lograron que una persona los trasladara en un vehículo hasta el lugar donde hoy se encuentran. Su nueva ubicación se reserva por seguridad.

Debajo de una techumbre que no tiene ni puertas ni ventanas ni paredes, Ciriaco relata que la gavilla mató a su hermano Natividad, y ahí, junto al cuerpo, dejaron una amenaza escrita que decía que si en 15 días no se iban del pueblo, habría otra víctima.

La familia no hizo caso, pasaron las semanas, los meses y nada sucedió, hasta que un mal día fue asesinado Mateo, otro de los ocho hermanos. Entonces emprendieron la huida.

• ¿Y por qué querían que se fueran?, se le pregunta a Ciriaco.

– Yo me imagino que por envidia, porque nosotros teníamos mucho ganado y ellos no tenían. Y por el terreno que había.

• ¿Se quedaron con su ganado y con su terreno?

– Todo. Sembrábamos maíz y frijol. -¿Ahora ellos siembran droga?

– Sí, están metidos.

• ¿El líder gavillero nació en su pueblo?

– Sí, ahí nació. Es sobrino de nosotros.

Crimen y desplazamiento

El desplazamiento forzado por la violencia en la Sierra Madre Occidental coincide en tiempo con la estrategia del sexenio calderonista del combate al narcotráfico, y con la escisión del Cártel de Sinaloa.

2006

– El Presidente Felipe Calderón Hinojosa emprende el combate al narcotráfico. El anuncio oficial lo hace en diciembre con un operativo dirigido a Michoacán.

2007

– Se ubica desplazamiento forzado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

2008

– El Cártel de Sinaloa se fractura con la salida de los hermanos Beltrán Leyva, grupo criminal con fuerte influencia en el norte de la entidad sinaloense, y en varios estados del país.

2009

– Arturo Beltrán Leyva, líder de la organización criminal del mismo nombre, muere en un enfrentamiento contra la Marina, en Cuernavaca, Morelos.

2010

• Éxodo masivo de indígenas de Tierras Coloradas, Durango.

• Estiman que 700 familias huyen de la violencia en Durango, de acuerdo al documento Proyecto Piloto de Agencia Económica de las Mujeres Desplazadas por Violencia.

2011

– El desplazamiento interno forzado comienza a hacerse público en Sinaloa con el caso de los pobladores de El Tiro, Concordia.

2012

• Concluye el periodo del Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, e inicia la Presidencia de Enrique Peña Nieto, que promete seguridad y cambiar la estrategia anticrimen. • Continúa el desplazamiento forzado en Sinaloa.

2013

– Rafael Caro Quintero es liberado por la justicia mexicana. Es conocido como “El jefe de jefes” de los capos del narcotráfico mexicano. Se le ubica como un negociador eficaz.

– Continúa el desplazamiento forzado en Sinaloa. 2014

– El 22 de febrero, la Marina captura a Joaquín “El Chapo” Guzmán en Mazatlán, Sinaloa.

– Desplazados mantienen condiciones de marginación en los municipios receptores de Sinaloa.

5 mil desplazados internos por la violencia en Sinaloa, huyeron de su pueblo para salvar sus vidas.

Los 27 integrantes de la familia Hernández viven en una casa ubicada a cinco metros de un acantilado, en Culiacán, Sinaloa. La vivienda no tiene puertas ni agua potable ni energía eléctrica; su hogar es un inmueble hecho de láminas, tablas viejas, cartón, ladrillo y adobe, que ni siquiera es suyo: es un lugar que invadieron cuando se hallaba abandonado.

Ahí viven 18 niños, tres mujeres y tres hombres mayores de 20 años y tres adultos mayores. Los más grandes son originarios de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, pero después migraron y crecieron la familia en La Mesa, Sinaloa de Leyva, un poblado enclavado en la Sierra Madre Occidental, al lado de un río, en los límites con la entidad chihuahuense.

Ellos, al igual que los cerca de 5 mil desplazados internos por la violencia en Sinaloa, huyeron de su pueblo para salvar la vida. Ese era el objetivo.

En la actualidad, los menores no cursan la escuela, las mujeres hacen y venden pan ranchero y acarrean cubetas con agua que les venden los vecinos. Los hombres adultos trabajan de peones de albañil cuando encuentran empleo, y los tres adultos mayores –dos mujeres y un señor con la pierna quebrada–, viven para extrañar a su pueblo y para perderse en el pasado.

Se hallan en la capital del estado, pero su marginación es igual o peor a la que tenían en la sierra. Después de que en febrero pasado aparecieron en las noticias locales, el DIF estatal los visitó y les ofreció ayuda, sin embargo, la familia sólo recibió algunas despensas y sigue en las mismas condiciones de pobreza. El presupuesto público no los ha alcanzado.

En verano de 2012, con la llegada de los grupos del crimen organizado, esta familia salió huyendo entre el monte en una vieja camioneta doble cabina de caja larga: apenas cupieron todos en ella.

“Oímos una llorona de mujeres, gritaban que habían matado a cinco ahí cerca; eso nos tocó ver a nosotros. Se vino toditita la gente y luego, como a los tres días, nos vinimos nosotros”, recuerda la señora Consuelo Ramos, habitante de la casa y parte de la familia.

Unos vecinos les prestaron una vivienda y ahí estuvieron ocho meses, pero la familia directa de Consuelo no se resignó a la costosa vida de la ciudad, y se regresaron a La Mesa.

“Enfrente de la casa de nosotros vimos que bajaron un montón de encapuchados, y córrele dijimos nosotros. Pasamos muchas noches en el monte. Ellos nos dijeron que no querían gente ahí. No había qué comer y había mucha gente mala, pero no nos veníamos otra vez por miedo, porque revisaban todos los carros en la pasada”, recuerda.

Cuando regresaron a La Mesa ya les habían robado todas sus pertenencias; pasaron siete meses de terror y escasez, y un día les dijeron que esa tarde se tenían que salir porque iban a matar a todos los que estuvieran en el pueblo. Entonces regresaron a Culiacán.

México debe de afrontar el desplazamiento forzado: IDMC

El Estado mexicano no se ha hecho responsable del desplazamiento interno forzado, como sí lo ha hecho Colombia y recientemente Honduras, advierte Sebastián Albuja, Director del Departamento de Africa y América en el Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados, con sede en Ginebra.

Esto obedece a que el gobierno mexicano cree que aceptar el problema le dará una mala imagen internacional, comenta, cuando es al contrario.

“Tienen miedo de que hablar de desplazamiento les dañe esta imagen a nivel internacional, cuando creo que es lo opuesto, justamente porque es un Estado tan fuerte, porque es una economía en crecimiento, (debe) decir: estamos afrontando nuestros problemas, estamos afrontando esta lacra del crimen organizado, y también nos estamos responsabilizando por sus víctimas. Es darle la vuelta al mensaje”, afirma Albuja en entrevista por videoconferencia desde Ecuador.

Albuja recomienda que México siga los pasos de Colombia en el tema, un país que ha dado la cara al problema e incluso le ha servido para posicionarse a nivel internacional.

“En Colombia existe toda una arquitectura institucional de respuesta al desplazamiento. Colombia es el país en el mundo que tiene el sistema estatal de respuesta al desplazamiento más avanzado. Tienen programas nacionales de restitución, de registro”, destaca.

Incluso Honduras, que tiene menos desplazados que México, acaba de instalar la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.

Además, expone que el desplazamiento mexicano tiene tres características: es invisible, las víctimas están desprotegidas, y se tienen cifras imperfectas.

“Es un desplazamiento causado por violencia criminal”, agrega.

Laura Rubio Díaz Leal, académica del ITAM y estudiosa del fenómeno del desplazamiento interno forzado, critica que los gobiernos de México no quieran aceptar la falta de seguridad en la población porque manifiesta su debilidad institucional.

“Durante el gobierno de Felipe Calderón se negaba abiertamente que existiera un problema de desplazamiento, y con (Enrique) Peña Nieto simplemente no se habla de eso: no sé qué es más grave, una negación o una omisión del tema”, compara. Desde 2011, Díaz Leal ha podido documentar 121 desplazamientos masivos en México.

No hay política de estado, reconoce el gobierno de sinaloa

Juan Ernesto Millán Pietsch, Secretario de Desarrollo Social de Sinaloa y coordinador de un comité local intersecretarial que se creó para la atención de los desplazados internos, admite que el tema se ha abordado con base en esfuerzos aislados, y no como una política de Estado en la que deben de intervenir los gobiernos de Chihuahua, Durango, Sinaloa, y el Federal.

“No solamente el Secretario de Educación, el de Salud, el de Obras Públicas y el de Seguridad Pública y el Procurador y el DIF estatal y los DIF municipales (deben participar): necesitamos una acción coordinada de todos”, plantea el funcionario sinaloense.

Menciona que se han entregado algunas casas y despensas, pero no se han conseguido empleos suficientes. Tampoco tienen un presupuesto especial para los desplazados, y una muestra de ello es que se alcanzó un acuerdo con el Infonavit para proveer de casas a los afectados, pero el gobierno local no ha tenido dinero para poner la parte que le toca. Esto mantiene detenido el trámite.

Otro ejemplo lo expone Juan Carlos Estrada Vega, Alcalde panista de Choix en el periodo 2011-2013, que atendió la ola de desplazados que llegaron a la cabecera municipal después de prolongados enfrentamientos en la parte alta de la sierra.

En 2012, recuerda, el Gobernador Mario López Valdez acudió a Bacayopa, donde en abril de ese año se dio el primer enfrentamiento, e hizo un puñado de promesas a los pobladores. “A la fecha no hay ningún proyecto productivo para esa zona”, lamenta Estrada Vega.

En la sierra de chihuahua, desplazamiento de pies ligeros

A pesar de que en la sierra de Chihuahua el fenómeno del desplazamiento no se compara con el sucedido en la frontera norte de Ciudad Juárez, éste sí existe, afirma Héctor Fernando Martínez Espinoza, Vicario General de la Diócesis de la Alta Tarahumara, con sede en Creel, Chihuahua.

“Por supuesto que sí hay historias de familias que han tenido que dejar sus lugares”, asegura el sacerdote.

Desde hace décadas, Héctor y el padre Javier “Pato” Ávila han exigido seguridad en la sierra Tarahumara, han enfrentado y criticado al gobierno estatal, y han organizado marchas para recordar a las víctimas del crimen organizado.

Entrevistado en una banca de la parroquia, el padre Héctor menciona que el desplazamiento forzado en la sierra Tarahumara no se ha dado de forma masiva; por eso es difícil de percibir.

“Sí tenemos conocimiento, pero no tenemos una estadística o una denuncia. Por ejemplo: llegas a visitar a una familia a una ranchería y te das cuenta que hay otra familia que no conocías, y te cuentan que vienen huyendo de los barrancos porque la presencia de gente armada los ha intimidado, porque a veces los obligan a salir porque van a usar sus territorios, o porque los quieren usar de mano de obra en la cosecha de la mariguana, de la amapola”, advierte.

Incluso, agrega el sacerdote, se ha percatado de la presencia de extranjeros dentro de las filas del crimen organizado serrano, principalmente de salvadoreños y de hondureños.



*Este reportaje fue realizado por Silber Meza, Francisco Cuamea, editado por El Universal y Noroeste, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

 

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