En Sonora los Periodistas no quieren Callar / Javier Quintero

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Aunque el proceso electoral dejó experiencias traumatizantes a periodistas locales que fueron víctimas de intimidación, demandas legales y agresiones físicas, todos decidieron sacudirse el miedo para no dejar de informar

Javier Quintero
Javier Quintero, Periodista de Sonora

 

Las agresiones físicas, intimidación y acciones legales complicaron el ejercicio del libre periodismo en Sonora durante el periodo electoral de 2015.

Para el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Rafael Cano Franco, las agresiones personales y ataques a la libertad de expresión en Sonora son la última estocada de varios años de golpeteos por parte del gobierno del panista Guillermo Padrés.

La empresa de medios, Comunicaciones Larsa, S.A. de C.V. y un grupo de sus reporteros fueron demandados por el gobierno estatal del panista Guillermo Padrés, se le acusaba ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de privilegiar al PRI con la difusión de información.

La demanda finalmente fue desechada por no encontrar elementos suficientes que sustenten las acusaciones. Los 10 comunicadores demandados activen protocolos de seguridad, que consisten en mantenerse comunicados y avisar sobre cualquier eventualidad.

“La demanda contra Larsa fue el caso más evidente de hostigamiento. Había recibido un hostigamiento permanente por parte del gobierno del estado por una línea editorial muy crítica, válida o no, pero siempre con señalamientos bien documentados”, afirma.

En pleno proceso electoral, Larsa publicó un amplio reportaje sobre los problemas en la educación en Sonora y la incapacidad del gobierno para resolverlos.

El presidente del Colectivo de Reporteros Sonorenses, A.C., José Alfredo Ochoa, asegura que este caso molestó al gremio periodístico y 50 comunicadores publicaron el 13 de mayo de 2015 el desplegado “¡Ni Padrés, ni Gándara, callarán a periodistas de Sonora!”.

El reporte oficial Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, con corte a junio de 2015, establece que del año 2000 han sido asesinados tres comunicadores en Sonora y desde 2005 permanece en calidad de desaparecido el reportero de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota.

Desde 2012 la PGR ha acumulado una docena de denuncias no resueltas de comunicadores agredidos, como la del 10 de mayo de 2012, interpuesta por Gerardo Ponce de León, tras ser brutalmente golpeado en su oficina, o como la del 24 de febrero de 2013, cuando reporteros fueron agredidos mientras cubrían una manifestación ciudadana.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos revela que de 2012 a la fecha se han emitido 31 recomendaciones a dependencias de gobierno por agresiones contra periodistas. En el sur de Sonora se concentran 23 agresiones comprobadas, cometidas por elementos policiacos.

Lo que ocurre aquí solo puede comprenderse al unir más anécdotas en el contexto de un nuevo gobierno.

Elecciones y gobierno complican a periodistas

La llegada del panista Guillermo Padrés al gobierno de Sonora en septiembre de 2009 marcó el inicio de un sexenio complicado para el ejercicio del periodismo, con dos comunicadores asesinados, más de treinta agredidos y, por primera vez, diez demandados.

Coincidentemente, las agresiones se incrementaron en los dos procesos electorales que abarcó su sexenio, como consta en las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De los casos que más han conmocionado al gremio destaca el de Gerardo Ponce de León, director del portal Marquesina Política, agredido a golpes por desconocidos en las últimas semanas de la jornada electoral de 2012. Aunque acusó directamente al entonces alcalde de Hermosillo, Javier Gándara, de ser el autor intelectual de su agresión, el caso todavía sigue en investigación y él es escoltado por policías estatales.

Para el proceso electoral 2014-2015, nuevos casos hicieron vulnerables a los comunicadores sonorenses. En octubre de 2014, la periodista Alma Noelia Neria, directora del periódico Abecé, interpuso una denuncia tras ser agredida y amenazada por un funcionario en Hermosillo. El 24

de febrero de 2015 ocurrió la agresión con gas pimienta al director de Expreso, Luis Felipe Romandía, y en julio de este año le incendiaron el vehículo al periodista de Nogales, Raymundo Estrada Charles.

El crimen y autoridades, otros obstáculos

Los grupos del narcotráfico también han sido en este sexenio un problema para el ejercicio del periodismo. El 13 de junio de 2011 fue asesinado a tiros el periodista Pablo Ruelas Barraza, en el municipio sureño de Huatabampo, y el 19 de mayo de 2012 encontraron el cadáver del reportero Marcos Ávila García, en Guaymas, con un mensaje atribuido a una banda criminal.

Los homicidios en Sonora, principalmente atribuidos a los grupos de la delincuencia organizada, se han convertido en la materia prima de información para la mayoría de los medios de comunicación. De acuerdo con el Semáforo Delictivo de la Comisión Nacional de Seguridad, en 2014 fueron asesinadas 568 personas en el estado y de enero a junio de 2015 la cifra se ubicaba en 254.

En la cobertura de estos casos los periodistas están expuestos, aunque su seguridad también se vulnera ante las acciones directas de los elementos de las corporaciones policiacas en todos sus niveles. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a los ayuntamientos y a la Procuraduría General de Justicia del Estado por las agresiones de las que han sido víctimas al menos 31 comunicadores.

Numeralia de agresiones contra la prensa en Sonora

Sonora

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