Diario 19 / 27 de mayo de 2019

 

 

El conflicto entre los antiguos pobladores del ejido Sacramento y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, continúa escalando niveles luego de que el fin de semana ejidatarios y hasta un diputado del Congreso del Estado fueron sometidos y detenidos por agentes estatales cuando reabrieron una zanja que la autoridad mandó cavar para cortar el camino de la brecha que era utilizada por los originarios de esa zona para evitar el cobro diario de la caseta de peaje, en un  trayecto que utilizan diariamente para ir a sus sitios de trabajo y las escuelas de sus hijos.

Por una parte, los ejidtarios insisten en que la emisión de tarjetas de descuento de peaje fue para un reducido grupo de personas y se volvió un negocio personal del administrador de esas casetas; lo que los obliga a tomar un trayecto  alterno para evitar pagar casi 100 pesos diarios para recorrer su camino.

Por otro lado el gobernador de Chihuahua, señala que se emtieron tajertas de descuento hasta para el cien por ciento de los ejidatarios, y que la brecha es usada por personas ajenas para avitar pagar la cuota de peaje; ingresos que señala como indispensables para pagar la bursatilización de las obras carreteras en una deuda millonaría adquirida por la pasada administración estatal.

El conflicto ya provocó que varios sectores de la sociedad y comunidad chihuahuense levanten la voz en contra del uso de la fuerza policíaca contra los ejidatarios.

 

 

Hoy el Gobierno del Estado de Chihuahua emitió un comunicado en el que el gobernador, Javier Corral, advierte lo siguiente:

“No abriremos esa brecha, es por donde mucha gente que no tiene derecho evita el pago y la caseta de peaje, esa es una decisión tomada, no vamos a volver a abrir esa brecha y nadie la puede abrir por su propia mano”, declaró el gobernador Javier Corral Jurado en relación con el conflicto por la apertura de un paso alterno al de la caseta Sacramento.

El mandatario dijo que en su administración se quintuplicó el número de tarjetas de descuento para los pobladores del lugar que tienen que cruzar varias veces, porque existían cerca de 200 y a la fecha suman más de 2 mil 200.

“Lo que también hubo fue mucho abuso, había personas que tenían hasta cinco o seis tarjetas, incluso se las pasaban a otras personas que ni siquiera vivían ahí, y para ser pobladores que no tienen muchos ingresos, tener seis o siete vehículos resulta extraño”, apuntó.

Explicó que se regularizó la situación en la expedición y abuso en la distribución de las tarjetas y que el Gobierno Estatal está dispuesto a revisar a todo aquel poblador que acredite que vive ahí y tenga derecho, e informó que se ha otorgado el 100 por ciento de descuento.

“No vamos a permitir, así sea Morena y sus diputados, que busquen generar el reclamo de derechos por la vía de afectación a terceros o la justicia por su propia mano”, enfatizó.

El titular del Ejecutivo manifestó que no cree que el presidente de la República esté de acuerdo con que se promueva que las cosas se busquen mediante actos de bloqueo.

Dijo que la administración estatal está en disposición y si una persona tiene cuatro vehículos para trabajar, pero no se le dará a una familia siete u ocho tarjetas de descuento, porque no por la presión se van a permitir abusos.

Añadió que está muy claro quiénes son los que están promoviendo este tipo de acciones y lamentó que es una lástima el nivel de representantes que realizan estas acciones, en vez de ayudar al Gobierno Federal a instaurar realmente el estado de derecho.

Compartió que él considera que este tipo de acciones no las comparte el Gobierno de la República, y en caso de que las apoye la instancia federal, sería muy mal antecedente en todo el país permitir que en nombre de estos intereses se afecte a otras personas.

“Esa brecha está cerrada desde hace tiempo y lo único que hay es un propósito de golpeteo político, la gente está atendida, la gente tiene sus tarjetas”, concluyó el gobernador.

 

 

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