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Jesús Aranda

La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa alejó de los reflectores otro asunto no menos lamentable, el asesinato de 21 personas a manos de soldados del Ejército Mexicano el 30 de junio pasado en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

El informe rendido por el aún presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, no abona en mucho a demostrar la responsabilidad de los cinco soldados que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por el homicidio culposo de los jóvenes, como tampoco explica las razones por las que 13 soldados son juzgados en el fuero de guerra por diversos delitos del fuero castrense.

El documento de la CNDH reconoce que “si bien no es posible determinar en qué momento ocurrió esto (la matanza de 21 personas, luego de que se habrían rendido a los soldados, después de un tiroteo de unos 10 minutos), quién participó en estos actos, quién los presenció, quién los encubrió, y finalmente, quién lo ordenó, esto puede ser atribuible al personal del 102 Batallón de Infantería de la Base de Operaciones de San Antonio del Rosario”.

Tampoco señala quiénes habrían participado también en el cambio de posición de los cadáveres y la alteración de la escena del crimen.

Además, el documento no se pronuncia sobre la responsabilidad del ex comandante de la 22 Zona Militar, ubicado en el municipio mexiquense de Rayón, general de brigada José Luis Sánchez León –quien fue removido de su cargo a finales de septiembre–; del general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Iguala, quienes acudieron al lugar de los hechos después de la masacre; así como del coronel de infantería que era el comandante de los soldados involucrados y quien fue el primer alto mando en llegar.

Lamentablemente, el informe de la CNDH que concluye que los militares violaron gravemente los derechos humanos de las víctimas, es insuficiente.

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