En un país en donde por un lado emitimos decretos de lucha contra la homofobia y por otro lado calificamos los crímenes de odio como “pasionales” o producto de “riñas callejeras”, el panorama es poco menos que sombrío. Estamos dando paliativos a una problemática que está terminando por salirse de nuestras manos y desembocar (si es que no lo ha hecho ya) en una severa crisis de derechos humanos. Y ante esta realidad, cerramos los ojos.

Lejos estamos de ser un país gay friendly. Si bien el impulso al turismo y diversos cambios normativos abonan en la ruta correcta para el reconocimiento de la dignidad de todas las personas y el respeto a su identidad, orientación y preferencias, el camino recorrido es corto.

Las cifras, que más que números son vidas, no me dejan mentir: en 2014, el Instituto Oikos informó que México se encuentra en el segundo lugar en América Latina por crímenes de odio –seguido de Brasil-, entendiéndose como crimen de odio por homofobia el hecho de que una persona sea asesinada por su orientación sexual o su identidad de género. También, la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) informó que 887 personas de la población LGBTI fueron asesinadas en el periodo del año 1995 al 2013 en nuestro país. Encabezó la lista, con 164 crímenes, la Ciudad de México. Le siguió el Estado de México con 78, Nuevo León con 64 y Michoacán y Jalisco con 54 homicidios.

A pesar de que las cifras son escandalosas, lamentablemente no son el único problema a atender. De hecho, el homicidio es la última fase de una cadena de violencia y discriminación hacia las personas LGBTI. Para ejemplo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) considera que la orientación sexual o identidad de género distinta a la aceptada socialmente es la tercera causa de discriminación de un listado de 20 tipos de discriminación que, además, incluye el sobrepeso o alguna discapacidad física. Este tipo de discriminación también está vinculada con la pobreza, violencia, desigualdad y falta de respeto que se cristalizan en maltrato, desprecio, exclusión, rechazo, persecución, burlas, críticas o, en su forma más extrema, el homicidio.

La discriminación y los crímenes de odio en razón de orientación e identidad sexo – genérica se han mantenido e incluso, en algunos casos, se han incrementado. A pesar de que algunos cambios a las leyes en la Ciudad de México y el decreto presidencial del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia cada 17 de mayo representan enormes pasos, no parecen reportar avances sustanciales en la construcción de una cultura de respeto.

El acceso a la justicia es un factor. En un país en donde por un lado emitimos decretos de lucha contra la homofobia y por otro lado calificamos los crímenes de odio como “pasionales” o producto de “riñas callejeras”, el panorama es poco menos que sombrío. Estamos dando paliativos a una problemática que está terminando por salirse de nuestras manos y desembocar (si es que no lo ha hecho ya) en una severa crisis de derechos humanos. Y ante esta realidad, cerramos los ojos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe ser consciente de que los gobiernos y los organismos que se dedican a hacer cumplir la ley tienen que abrir los ojos. Esa es una de sus principales misiones para hoy. No puede ser mañana. Entender que uno de los primeros pasos para luchar contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia es comenzar por el principio. Reconocer que estamos frente a una grave problemática de discriminación es un reto fundamental. Y es un reto porque los gobiernos se han negado a hacerlo y se han limitado a hacer ciertos cambios motivados más por la presión social que por una voluntad genuina de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

La Ley General de Víctimas (LGV) es un instrumento que da vida a la CEAV como organismo y que le mandata a luchar en favor de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Esta ley, que es producto de la lucha y la organización de la sociedad civil, es una herramienta poderosa que debemos usar para hacer frente a problemáticas como la que aquí abordo. Obliga no sólo a reconocer sino a reparar de forma integral.

La LGV reconoce que la reparación colectiva es un derecho fundamental de las víctimas. Además, la reparación colectiva debe entenderse como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de sus miembros o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Así mismo, esta ley indica que las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados, y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

¿Cómo reconocemos y reparamos de manera integral? La ley es orientadora en la forma en que debemos hacerlo. El artículo 73 indica en sus diversas fracciones que algunas de estas medidas consisten en:

• Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
• Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
• La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

Reintegrar la dignidad de las víctimas en lo individual y en lo colectivo significa abrir los ojos a la diferencia y las puertas al respeto. También nos permite llegar a una convergencia fundamental: la creación de un memorial de víctimas es una acción que visibiliza una situación que hasta el momento parece pasar inadvertida. Un memorial de víctimas abona al cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de reparación integral.

Un memorial para las víctimas de homofobia, lesbofobia y transfobia nos hace un llamado a que la memoria permanezca, a no olvidar y evitar la repetición de las condiciones que posibilitaron lo abominable.

Esta Columna originalmente fue publicada en http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/05/16/honrar-la-memoria-las-victimas-de-la-homofobia-lesfobia-y-transfobia/

* Jaime Rochín del Rincón es defensor de derechos humanos, actualmente es Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) .