El derechista Partido Popular (PP) aprobó con el rodillo de su mayoría absoluta tres importantes leyes que limitarán los derechos de los ciudadanos y, supuestamente, reforzarán la “seguridad”. Una de las normas que se aprobaron hoy en el Congreso de los Diputados es la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada “ley mordaza”, con la que incluyen numerosas faltas de carácter civil que penalizan la protesta callejera, la concentración o manifestación en sedes del Estado o, incluso, grabar y difundir imágenes de agentes policiales mientras reprimen a la gente, que podrían ser multadas con hasta 600 mil euros por incurrir en alguno de estos hechos (11 millones de pesos).

El gobierno del conservador Mariano Rajoy aprobó en el Parlamento tres de las principales iniciativas para regular la seguridad en España en los próximos meses y que entrarán vigor el próximo 1 de julio. Nada alteró la hoja de ruta del gobierno y del PP para revalidar sus propuestas legislativas, ni siquiera que fueran cuestionadas y duramente criticadas desde la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Europea, las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI), además del pleno de la oposición, tanto desde la izquierda, los nacionalistas y los partidos emergentes, como Ciudadanos y Podemos.

El debate sirvió para cumplir una formalidad, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana después de que, la semana pasada, fue refrendada con una serie de enmiendas por el Senado, sobre todo lo relativo a la forma de tratar a los migrantes que intentan cruzar la frontera en las ciudades de Ceuta y Melilla, enclavadas en el norte de África y, por tanto, colindantes con Marruecos. Además de la “ley mordaza” se aprobó una reforma del Código Penal que incluye por primera vez en la historia del país desde la restauración de la democracia la “cadena perpetua revisable”, con lo que se cuestiona la raíz del sistema penitenciario español, que se basa en la “reinserción de los presos” a la sociedad.

Además se aprobó la ley antiterrorista acordada en un pacto de Estado entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pretende luchar contra los ataques del extremismo integrista musulmán y legislado al calor de los atentados en París contra la revista satírica Charlie Hebdo.

La más polémica de las tres es, sin duda, la “ley mordaza”, que suscitado numerosas movilizaciones desde su presentación hasta su aprobación definitiva, una vez que pretende evitar que se lleven a cabo manifestaciones callejeras frente a las instituciones del Estado, como el Congreso de los Diputados, las sedes los ayuntamientos, la residencia oficial del presidente del gobierno o el Palacio Real. Además se prohíbe tomar fotografías o videos a los agentes policiales mientras reprimen una protesta. Y se incluyen sanciones civiles, que las impondrá un policía sin necesidad de pasar por un juez, que van desde los 30 euros (540 pesos) hasta los 600 mil (11 millones de pesos).

Desde la oposición política y las organizaciones internacionales denunciaron la restricción de derechos por parte del gobierno y porque con estas reformas “se sustituya el principio de culpabilidad por criterios de peligrosidad indeterminados, se introduzca la penalización de la difusión de mensajes a través de las redes sociales y se intente frenar nuevos tipos de protestas pacíficas, como las movilizaciones contra los “lanzamientos” de viviendas por el impago de créditos hipotecarios.

La ONU y el Consejo de Europa llevaron a la misma conclusión tras analizar el contenido de la legislación, que se contradice con lo acordado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas de ciudadanos extranjeros, además de limitar el derecho de manifestación y de expresión.