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La decisión de tipificar como “desaparición forzada” -y no sólo por homicidio, secuestro y delincuencia organizada- lo ocurrido a 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, como pidió el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da asesoría al Estado mexicano en el tema de los normalistas, depende del Poder Judicial, insistió este lunes el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

“Evidentemente corresponde al Poder Judicial valorar el alcance de esas recomendaciones, la razón de estas recomendación tiene que ver con la importancia de proteger en toda su dimensión el bien jurídico y el bien jurídico que se busca proteger, a juicio del grupo de expertos, quedaría mejor protegido si se recurriera al tipo penal de la desaparición forzada”, puntualizó el funcionario.

La jurista colombiana, Ángela Buitrago subrayó que ‘‘hablar de homicidio, secuestro o de otro tipo penal no involucra bienes jurídicos internacionales’’, y en cambio catalogarlo como desaparición forzada hace que el delito sea reconocido como un crimen de lesa humanidad y por tanto de mayor relevancia.

‘‘Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada […] Los otros delitos son especializados o comunes, pero no con las características y la importancia de protección a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona’’ que tiene la desaparición, subrayó la jurista colombiana.

El pasado viernes, la jurista colombiana, Ángela Buitrago, integrante del grupo de expertos, subrayó que ‘‘hablar de homicidio, secuestro o de otro tipo penal no involucra bienes jurídicos internacionales’’, y en cambio catalogarlo como desaparición forzada hace que el delito sea reconocido como un crimen de lesa humanidad y por tanto de mayor relevancia.

‘‘Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada […] Los otros delitos son especializados o comunes, pero no con las características y la importancia de protección a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona’’, dijo entonces.

Gómez Robledo agregó que antes de salir de México -volverán después de semana santa- planteó “como parte de la confirmación de sus entrevistas con distintos actores que han tenido alguna participación en las investigaciones, poder entrevistarse con aquellos elementos militares que forman parte del batallón 27 que ya declararon ante el ministerio público,  y eso es lo que vamos a transmitir a las autoridades correspondientes”.

Gómez Robledo fue interrogado al término del lanzamiento del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, en el que se planteó la necesidad de “visibilizar” a este sector, uno de los más discriminados en el país.

En el mismo evento, el titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Eduardo Sojo, reconoció que este sector de la población no ha sido contemplado en ninguna de las encuestas realizadas, por lo que en esta ocasión se integraron específicamente, una pregunta para identificar a esta población, en el cuestionario intercensal que aplica actualmente el INEGI. Este ejercicio para identificar y ubicar a la población afrodescendiente, se realiza en 270 municipios a manera de censo y en 3 más de forma muestral.

A su vez, el antropólogo Diego Prieto Hernández, llamó la atención sobre el hecho de que desde el siglo 20 se determinó que, biológicamente, no hay razas entre los seres humanos, “pero a pesar de ello hay racismo”. En todo caso, subrayó, “todos somos afrodescendientes, en razón de que el origen del homo sapiens tuvo lugar en África”.

Mientras que el alto representante de Naciones Unidas de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia, destacó que México en la época del virreinato, recibió más población afrodescendiente para trabajar como esclavos, que Estados Unidos en su momento.

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