El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) planea llevar a cabo un boicot en el mercado estadunidense de productos agrícolas cosechados en el valle de San Quintín, dio a conocer Rogelio Méndez, líder del frente, quien responsabilizó al gobierno de Baja California de las condiciones inhumanas y la falta de seguridad social en que labora 80 por ciento de los jornaleros en esa región, cuyos reclamos han sido tradicionalmente ignorados.

Advirtió que si los labriegos no llegan a un resolutivo formal, aceptarían la solidaridad del sindicato de campesinos fundado por César Chávez, para iniciar el boicot.

‘‘Nosotros esperamos ver ahí, en la mesas de diálogo de San Quintín (entre líderes de los jornaleros y autoridades de los tres niveles de gobierno), a las instituciones indicadas, al Congreso de la Unión, a diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas, quienes no han venido, ni autoridades federales ni estatales; también a los representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a la Secretaría del Trabajo federal y del estado porque, hasta el momento, no vemos personas que puedan resolver los problemas del salario.

‘‘Esta es una realidad que evaden los funcionarios responsables y, si nos salen con una vacilada, nos vamos al boicot contra la exportación de jitomate, pepino y fresa a Estados Unidos, con el respaldo de la unión de César Chávez’’, aseguró el dirigente binacional.

En las décadas de 1960 y 1970, el líder de la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés), César Chávez, dirigió una huelga de pizcadores de uva en demanda de mejores salarios, apoyada por un boicot de compra del producto en California, obligando a los patrones a mejorar las condiciones laborales de sus empleados y los derechos de los campesinos estadunidenses. Ahora, el FIOB buscaría boicotear las compras de jitomate, pepino y fresa, productos de exportación comercializados por las cadenas Costco y Walmart de Estados Unidos.

Rezago en derechos humanos

El líder del frente indígena aseguró que decenas de miles de jornaleros de los pueblos colindantes con San Quintín enfrentan un persistente rezago en sus derechos humanos y también en materia laboral, como incumplimiento en el pago de salarios, nulos servicios médicos, condiciones de trabajo deplorables en los campos agrícolas, ausencia de seguridad social, así como falta de prestaciones y vivienda digna.

Además, son sometidos a largas jornadas por un salario miserable sin las prestaciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo. La mayoría trabaja sin contrato laboral y cuando lo tienen no hay garantía de que se cumpla.

Los trabajadores han contribuido a que los ranchos agrícolas del Valle de San Quintín exporten sus productos a Estados Unidos, Canadá y Europa. Los jornaleros sostienen la productividad y competitividad en el campo para que esta zona sea hoy considerada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid como un potencial productivo para complementar la demanda de los productos hortícolas en mercados de Estados Unidos y Asia (China, Japón, Corea y Hong Kong).

‘‘Es histórica la violación a los derechos humanos y laborales de la gente de San Quintín; llevan 30 años en lucha; sólo cambian las formas de explotar a los trabajadores, pero sigue el contubernio y omisión de las autoridades que debieran salvaguardar los derechos laborales; tienen derecho a exigir mejores salarios, porque el trabajador agrícola vive al día, es añeja su pobreza como indígenas y migrantes’’, dijo Rogelio Méndez.

En tanto, la empresa BerryMex emitió ayer un comunicado en el cual aseguró que respeta ‘‘el derecho de todos a manifestarse pacíficamente y valoramos el diálogo establecido en este proceso. Sin embargo, condenamos enérgicamente la violencia y el saqueo a terceros que ha impactado negativamente a las familias y las pequeñas empresas en toda la región. Nuestro objetivo principal sigue siendo el bienestar de nuestros empleados y estamos trabajando con las autoridades locales para salvaguardar el bienestar de nuestros trabajadores y la comunidad local.

‘‘Como empresa, BerryMex ofrece a nuestros empleados la oportunidad de un atractivo potencial de ingresos, un entorno de trabajo seguro y una cultura que pone énfasis en la honestidad, justicia y respeto. Sabemos que las acciones hablan más que las palabras. BerryMex tiene una larga y consistente historia de escuchar las preocupaciones de los trabajadores y tomar medidas para proporcionarles los beneficios más amplios, ingresos atractivos, un ambiente de trabajo sano, seguro y productivo.’’

 Pliego petitorio de los Jornaleros del valle de San Quintín, BC

La situación de los jornaleros del Valle de San Quintín (Ensenada) en Baja California, llevaba siendo desde hace tiempo una bomba social  que podía accionarse en cualquier momento.

Son numerosos los señalamientos de las personas que trabajan en los cultivos de fresa, calabacita o jitomate del valle que denuncian un trato infrahumano con salarios muy bajos, viviendo en un régimen casi de esclavitud con muy malas condiciones. La mayoría de los trabajadores, de origen indígena, son de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Aproximadamente en el valle 230 patrones tienen bajo contrato a 23 mil 469 trabajadores registrados en el Seguro Social, aunque la Alianza de Organizaciones por Justicia Social asegura que el total asciende a 80 mil personas que trabajan en los cultivos.

Los jornaleros acusan a 12 patrones de imponer condiciones de esclavitud a sus trabajadores, señalando directamente a: Agroindustriales del Valle de San Quintín, Hermanos Rodríguez, Santa María de los Pinos, Compañías Valladolid y Aragonés, Compañías Sabino Becerra y Felipe Ruiz, Los Aragón, Librado Heredia, Empaques los Martínez, El Capricho, El Rey de los Chícharos, Viva Orgánica y Compañía Mendoza Delgado. Según la revista Proceso, la mitad de todos los jornaleros que trabajan para estas empresas se levantaron hace dos días contra los tratos de explotación laboral de los que son objeto; unas 35,000 personas.

El pliego petitorio de los jornaleros agrícolas, que fue puesto a disposición del Gobernador y su equipo para análisis y solución en los meses de octubre y diciembre de 2014, incluye entre otras solicitudes:

* Que el salario de 110 pesos al día por una jornada de 12 horas, se incremente a por lo menos 300 pesos.

* Que la jornada laboral sea disminuida a las horas de Ley y no a las doce que trabajan actualmente.

* Que los jornaleros sean afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que no cuentan con prestaciones sociales de ningún tipo.

* Que les den vacaciones.

* Que se respete el séptimo día de descanso.

* Que las horas extra sean a voluntad y pagadas de manera adicional.

* Que acabe y se investigue el acoso sexual que se ha dado contra mujeres jornaleras de manera común.

* Diálogo de negociación que incluya a los jornaleros, los patrones y el Gobierno del Estado.