Porfirio Muñoz Ledo

 

A fines del año anterior nos reunimos para conmemorar el nacimiento de la “Corriente Democrática” que sacudió al pueblo de México en demanda de un cambio de rumbo y de otorgar libertad a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. Desgraciadamente, la transformación que propusimos sucumbió entonces, ante los golpes del fraude electoral, la ignorancia y la rapiña; llevando al país por un camino opuesto al que habíamos imaginado.

Hoy el Estado mexicano padece una grave crisis sistémica. El deterioro de las instituciones, la profunda desigualdad, la corrupción generalizada y la ilegitimidad del grupo en el poder han confluido en la descomposición del tejido social y en la desesperanza ciudadana. Por añadidura, el sistema autoritario que padecemos está mutando hacia el despotismo, que es no sólo el abuso de la autoridad, sino el gobierno regido por la inconsciencia o por motivaciones personales.

Imposible soslayar el caso escandaloso de la periodista Carmen Aristegui, suspendida de su función esclarecedora en violación al derecho individual a la libre expresión y al derecho colectivo a la información. Todos hemos sido agraviados. Es preciso también recordar el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Abominable ejemplo de barbarie y de contubernios que el poder público ha pretendido clausurar, como si fuésemos un país de fantasmas.

A más de treinta años de estancamiento económico, agudización de la pobreza, inseguridad colectiva, transferencia de poder hacia los intereses particulares y entrega de los espacios de soberanía; la pregunta que se impone es: ¿Cuál es la solución para el país? Las voces de protesta no acaban de articularse y hay quienes piensan que probablemente el Estado-nación que hemos conocido no tenga remedio.

Otros sostienen que existen en México condiciones pre-revolucionarias, lo que difícilmente podría concretarse por razones geopolíticas y por la concentración del poder armado entre el crimen y el aparato del Estado. Nos deslizaríamos en una espiral de violencia sin sentido que podría llevarnos a una catástrofe general.

Voces autorizadas hablan, por ello, de refundar la República, recogiendo lo mejor de nuestro pasado y enarbolando las demandas postergadas que podrían dar curso a un nuevo pacto social, a través de un proceso constituyente coincidente con el centenario de la Carta de 1917. Sería impensable revertir la degradación de las instituciones en ausencia de una reforma integral del Estado. Los periodos históricos se agotan. Es hora de definiciones fundamentales.

Nuestro movimiento se adelantó en plantear la necesidad imperiosa de promover una nueva constitucionalidad para otorgar un futuro cierto a la nación. Frente a esta demanda, los poderes públicos han reaccionado casi siempre con el engaño y la simulación. La alternancia del poder no modificó la relación entre la sociedad y el Estado no emprendió las reformas que el país requiere. Arribamos a una rotación del mando en la que priva el compromiso de no cambiar la realidad, pero sí de redoblar la impunidad.

El número excesivo y el carácter inconexo de las reformas constitucionales maquinadas durante los últimos años han respondido, la mayoría de las veces, a las visiones del grupo en el poder y han resultado una máscara para disfrazar la resistencia a los cambios verdaderos. Las mal llamadas “estructurales” impusieron además enormes regresiones a un proyecto nacional forjado durante generaciones.

La reiteración de los intentos por una revisión integral de la Constitución ha estado presente en eventos cuyo contenido debiéramos revisar. Es necesario recuperar nuestros orígenes y diseñar el futuro. Para ello, nuestra arma imprescindible es el artículo 39 de la Constitución, que otorga al pueblo la potestad inalienable de modificar en cualquier tiempo la forma de su gobierno y el derecho de iniciativa ciudadana previsto en los artículos 35 y 71 constitucionales, que permitirían elaborar y presentar al Congreso de la Unión un proyecto de nueva Constitución para el país.

Habría que establecer los ejes fundamentales para una agenda que recogiera esfuerzos anteriores y planteara soluciones a la altura de los tiempos, en proporción a la tragedia nacional.

Comisionado para la reforma política del Distrito Federal