Secretos de una investigación

JORGE TORRES

La Secretaría de la Función Pública auditó un fondo de casi mil millones de pesos en Pemex y concluyó que el manejo de estos recursos fue irregular. Pemex se negó a hablar del tema y la SFP mantiene en secreto la investigación.

Petróleos Mexicanos incurrió en irregularidades en la administración de un programa de desarrollo sustentable cuyos activos superaron en los últimos tres años los 900 millones de pesos.

La Secretaría de la Función Pública detectó una serie de inconsistencias administrativas en el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma), instrumentado en la Región Norte por la Dirección General de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Durante la administración del Pacma los recursos no fueron utilizados de acuerdo a los lineamientos administrativos y el Órgano Interno de Control de la SFP en PEP, determinó luego de varias auditorías realizadas entre 2010 y 2011 una serie de recomendaciones para transparentar el Programa y emitió un documento denominado “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenidos de Responsabilidad Social”.

De las auditorías de la Función Pública se desprenden irregularidades en el manejo de los recursos del Programa y falta de transparencia en la administración y ejecución de las obras destinadas a las comunidades.

Destaca entre las observaciones de las auditorías, obtenidas de un borrador basado en un diagnóstico de la SFP, que se realizaron pagos con recursos del Programa sin que se hayan ejecutado los trabajos de infraestructura.

El Programa tiene su origen en el llamado Anexo de Desarrollo Sustentable en los contratos que PEP mantiene con las empresas cuyas actividades se desarrollan en el Proyecto de Aceite Terciario del Golfo en la zona de Chicontepec, en Veracruz,  destinado a la extracción y producción de aceite.

De acuerdo con el Anexo DS, el 2% de la cantidad de los contratos que alcancen los 100 millones de pesos, será destinado al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, un mecanismo que se instrumentó para aliviar los daños ecológicos en las zonas de extracción de hidrocarburos y construir infraestructura básica para las comunidades afectadas.

Este anexo en los contratos es utilizado también para obtener la anuencia de la población y los gobiernos locales mediante la “Licencia Social de Operación” de los contratistas que operan en la región.

Tan sólo en la Región Norte, en donde PEP mantiene el Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo, Pemex mantiene contratos con más de 70 empresas nacionales y extranjeras por montos en pesos de más de 16 mil millones y en dólares por más de 2 mil 400 millones.

El porcentaje destinado al Pacma equivale a poco más de 330 millones de pesos y a casi 50 millones de dólares, cuya suma total rebasa los 960 millones de pesos, de los cuales a la fecha se desconoce el destino de poco más de 400 millones que no han sido utilizados por los administradores del Programa.

La Dirección General de Pemex Exploración y Producción, encabezada por Carlos Morales, suspendió hace más de un año el Programa de Desarrollo Sustentable debido a las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con el oficio PEP-DG-132-2012, fechado en junio de 2012..

En el documento se aduce que la operación irregular del Programa ponía en riesgo la licencia social para las actividades en la región. “Es necesario que esa subdirección (Subdirección de Producción Región Norte) implemente las acciones que correspondan a fin de agilizar las revisiones, propuestas, consultas o los trámites inherentes a fin de lograr a la brevedad posible la definición de la forma y concepto en el cual deba incluirse el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma), a fin de no poner en riesgo la licencia social para las actividades a ejecutar en los Campos del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo”,

Consultados sobre las irregularidades que se detectaron en el Pacma y su posterior cancelación, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin y el director general de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales, responsable directo del Programa, se negaron a hablar sobre el tema.

Ante la negativa de los funcionarios de Pemex a dar respuesta sobre el manejo irregular de más de 900 millones de pesos, se solicitó a la Secretaría de la Función Pública una copia del “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenidos de Responsabilidad Social” que elaboró luego de las auditorías a PEP, pero la dependencia negó el documento, aduciendo la necesidad de la secrecía.

“El documento de referencia se encuentra clasificado como reservado (…) en virtud de que contiene información relativa a las actividades que desarrolla Pemex Exploración y Producción vinculadas a la producción de hidrocarburos y su relación con la obtención de la licencia social para operar en las zonas donde se realizan estas actividades.”

Luego de varias semanas de intentar hablar con el director general de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales, la dependencia emitió un escueto comunicado en el que confirma las irregularidades que detectó la SFP hace ya más de un año y reconoce que PEP cuenta con “recursos financieros disponibles (del Pacma), sin que se ejecuten obras ni acciones con dichos fondos”, que hubo “actividades ejecutadas no coincidentes con las señaladas en el Diagnóstico” y que se detectó una “falta de soporte documental vinculado a las ‘obras, Acciones y Programas’”.

De acuerdo con el comunicado de Pemex, el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente se reanudó el 1 de agosto de este año, mientras que la Secretaría de la Función Pública dice en un documento emitido el 13 de agosto del año en curso que “a la fecha los instrumentos administrativos de los programas de atención comunitaria se encuentran en proceso de actualización, por lo que el organismo Pemex Exploración y Producción ha comunicado la suspensión temporal de dichos programas”.

De acuerdo con la información que entregó Pemex sobre la administración del Pacma, a la fecha se habrían concluido “157 ‘obras, Acciones y Programas’ por un monto aproximado de 414 millones de pesos”, invertidos en “construcción y equipamiento de escuelas, casas de salud, baños y estufas ecológicas”, y estarían “en ejecución 19 ‘Obras, Acciones y Programas’ por un monto de 121 millones de pesos.

En una relación oficial de Pemex obtenida en el curso de esta investigación, se enumeran las empresas y los contratos a los que se les aplica la cláusula que establece que el 2% del monto será destinado al Programa de Desarrollo Sustentable. Ahí se determina que “el monto total asignado por los proveedores o contratistas a los PACMA correspondería aproximadamente a 330.2 millones de pesos y 49.1 millones de dólares”, una suma que en conjunto daría poco más de 960 millones de pesos.

En el documento, fechado el 6 de agosto de 2013 y elaborado por lo que se denomina “Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo, Coordinación de Programación y Evaluación”, se enumeran las obras en las que se invirtieron 368 millones de pesos.

Pemex añadió a esa cantidad, de acuerdo con el comunicado que entregó el 18 de octubre para esta investigación, 46 millones más, actualizando la cifra a 414 millones de pesos en “la conclusión de 157 ‘Obras, Acciones y Programas’” del Pacma.

En el documento se suman 121 millones de pesos más derivados de 19 acciones en “ejecución”. Por lo que la cantidad neta que se ha ejercido en “el periodo 2010-2013” es de 535 millones de pesos, poco más de la mitad de la cantidad total de 960 millones de pesos del Pacma en ese periodo.

Lo que no explica el escueto documento emitido por Pemex es el destino de los 425 millones de pesos restantes, una omisión por la que el Programa ya fue sometido a auditorías. Y es que entre las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública en la administración del Programa destaca el hecho de que se realizaron pagos sin que se hayan ejecutado los trabajos de infraestructura.

El director general de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales, se negó a explicar los procedimientos administrativos mediante los cuales se han administrado durante los últimos tres años 960 millones de pesos y en qué condiciones se han invertido 535 millones.

De acuerdo con la escueta información oficial que Pemex ha proporcionado, no existen sanciones administrativas contra funcionarios públicos involucrados en las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública.

reportemedia.com

Twitter: @jtorresjimenez