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Por unanimidad, el pleno del IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República entregar una versión pública de la averiguación previa iniciada por los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Un particular solicitó los datos pero la PGR los reservó “por ser una averiguación previa a la que solo puede acceder al expediente el inculpado, el defensor y la víctima o su representante legal”.

Tras la respuesta, el solicitante se inconformó y ya en alegatos ante el IFAI, la Procuraduría indicó que no se podría realizar una causal de excepción porque la indagatoria no se inició por violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La comisionada ponente, Areli Cano, indicó que la averiguación previa debe entregarse porque el delito perseguido es de tal gravedad que el interés de reservarlo se ve superado por el de la sociedad para “conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables”

“Para que la Procuraduría General de la República permita el acceso a la averiguación previa por estar vinculada con violaciones graves a derechos humanos, particularmente porque existe una participación importante de agentes estatales, violaciones a distintos derechos como la libertad, la integridad física, la seguridad, la vida de las víctimas, así como las violaciones de los derechos de los afectados, toda vez que el daño se extendió a los familiares de los desaparecidos, en virtud de no poder conocer a la fecha, su paradero, prolongándose tal circunstancia en el tiempo. En este sentido, el acceso a la información permite satisfacer el derecho a la verdad en su dimensión colectiva.  Dada la trascendencia social de hacer pública dicha averiguación previa, a efecto de que se tenga la capacidad para prevenir la repetición de los hechos y evitar impunidad”

La comisionada Areli Cano tuvo acceso a la averiguación previa y constató que existen dos indagatorias por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y los diversos que pudiesen acreditarse, integradas en 83 tomos y 1

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