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En un desplegado publicado en algunos medios de paga de la República mexicana, el sector empresarial mexicano demandó a las autoridades ejercer el Estado de derecho, para buscar un freno a la impunidad de diversos ilícitos que tienen un costo para el país de 10 puntos del PIB —aproximadamente 1.7 billones de pesos—, incluyendo inversiones no hechas, pérdidas por robos, gastos en sistemas de seguridad, entre otros. Además de que provocan que la economía deje de crecer al año entre 1 y 1.5 puntos.

Hay un ambiente “hostil a la actividad económica, al no haber Estado de derecho, ni confianza en las instituciones; en la protección del patrimonio, entonces las empresas dudan en invertir”, comentó el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada.

Secuestros a transportistas, saqueos, robos, entre otros ilícitos, han sido una constante en los últimos años, pero que se han recrudecido luego de los acontecimientos sociales en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, dijo que el año pasado se reportaron 188 unidades de pasajeros robadas, 37 hurtos en la cadena de proveeduría, 217 tripulaciones y vehículos afectados, 4 mil 337 ilícitos contra la industria de alimentos, dos saqueos a tiendas de autoservicios y 44 manifestaciones violentas en diversos puntos del país.

El año pasado, el robo de autos y camiones con violencia se incrementó en estados como Baja California Sur, en 141%; Tabasco, 70%; Oaxaca, 43%; Quintana Roo, 41%, y en Sonora con 31%, según la Oficina Coordinadora de Riesgos Asociados (OCRA).

En cuanto al robo de camiones de transporte de mercancía, la Asociación Nacional de Transporte Privado que agrupa a empresas como Bimbo, Sabritas, Corona, Superior, ICA, y Femsa, han reportado una disminución de ataques contra sus camiones distribuidores, pero hay carreteras donde todavía es peligroso circular; por ejemplo, la de Monterrey-Ciudad Victoria; la de Ciudad Victoria-Nuevo Laredo, Atlacomulco-Tlajomulco y algunas en Sinaloa y Oaxaca.

Ninguna industria se salva, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) aseguró que el índice de robos disminuyó en 2014, respecto a 2013, aunque hay algunos sitios como Nuevo León y el Estado de México donde el problema se ha recrudecido. De enero a octubre el robo subió a 5 mil 648 toneladas de acero.

El director general de la Canacero, Salvador Quesada, dijo que el crimen organizado se ha filtrado en las minas, donde extrae mineral de hierro.

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) advirtió —apenas dos meses atrás— que en 2014 las mermas por estos flagelos alcanzaron 10 mil millones de pesos.

Mientras que para el director general Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, “hay dos frentes abiertos, donde hay ataques directos a empresas distribuidoras: Guerrero y Tamaulipas. El año pasado, en Guerrero, cerraron dos distribuidoras por amenazas y violencia”.

El director general del Imco, Juan Pardinas, declaró que el desplegado de los empresarios expresa el abandono de las autoridades.

Sin un frente a la impunidad y a la inseguridad pública, así como el restablecimiento del Estado de derecho, México difícilmente concretará sus objetivos económicos, indicó la directora general del observatorio México ¿Cómo vamos?, Viridiana Ríos.