Cálculos conservadores indican que el 50% de las ocupaciones en los hospitales de maternidad de la República Dominicana, son de mujeres haitianas ilegales que vienen al país con el propósito de dar a luz, pero que debido al estado de precariedad en que se encuentran desde el punto de vista de la salud, las mismas tienen que permanecer mucho tiempo recibiendo atenciones para curar patologías diversas, tales como trastornos en el hígado, daños renales, problema cardíacos, enfermedades diversas de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Médicos de servicio en los hospitales Nuestra Señora de la Altagracia y el San Lorenzo de los Mina, reportan que las parturientas haitianas llegan a esos centros con niveles de hemoglobina extremadamente bajos lo que, según pudo establecerse, dicho cuadro comporta un estado cadavérico y totalmente incompatible con la vida.

Esa es una de las causas para que en esos hospitales se haya producido un incremento en la incidencia de muertes maternas, no por razones propias del embarazo, sino de otras enfermedades que nada tienen que ver con ese estado, debido a que esas haitianas llegan a los centros del país sin ningún chequeo prenatal, sin ser referidas, anémicas, con VIH/Sida y apenas se mantienen de pie.

Ninguna posee documento de identificación y, por lo regular, esas mujeres son reclutadas y llevadas a los hospitales dominicanos por activistas de ONGs que, por lo regular nunca dan la cara.A pesar de que los centros hospitalarios dominicanos ofrecen las mismas atenciones que reciben las dominicanas, a las parturientas haitianas, la situación de estas mujeres plantea un problema que ha contribuido a deteriorar la capacidad de atención de los centros en virtud de que se ven desbordados por la irrupción de tantas mujeres extranjeras indocumentadas que acuden a nuestros hospitales, sin que las autoridades hayan presentado alternativas presupuestarias que permitan hacerle frente a esa invasión.

Por el contrario, los ingresos de los hospitales dominicanos se han visto menguados desde el momento en que las autoridades dispusieron la supresión de las cuotas de recuperación, un mecanismos que permitía recabar algún dinerito para solucionar problemas puntuales, de bajos precios, y de necesidad perentoria en las emergencias.Se trata de un serio problema, aunque en los hospitales se les da la misma asistencia como a cualquier otra mujer, hay que reconocer que el gasto es muy alto para el centro.

Esas mujeres vienen directo desde Haití solo a dar a luz en la República Dominicana, además de que no tienen historia clínica, llegan con daños renales y en el hígado, y otros órganos, lo que aumenta su estadía en los centros y sus capacidades de recepción de paciente hasta el punto de que de seis camas que tiene la unidad de intensivo de la maternidad La Altagracia, cuatro son ocupadas por mujeres de nacionalidad haitianas, que no hablan nada de español, lo que ha obligado a los galenos a hacer cursos acelerados de creole para poder comunicarse con las enfermas.

La situación es insostenible desde el punto de vista del interés nacional, porque, si bien es cierto que nuestro país está haciendo una acción humanitaria en favor de esas mujeres haitianas que vienen a dar a luz, lo que se advierte sin ningún tipo de disimulo, es que esa peregrinación de pacientes ilegales en nuestros hospitales, no solo nos está produciendo trastornos en cuanto a nuestra capacidad material para hacerle frente, sino que está desnaturalizando las estadísticas en materia de logros y resultados en nuestro sistema el cual, además, está en un proceso acelerado de deterioro que lo sitúa al borde del colapso.

Y no se trata de situación circunstanciales, ni de emergencias, sino que existe una evidente política de las autoridades haitianas, no en resolver sus problemas sociales en base a sus propios recursos, como corresponde a toda nación, sino refrendándole sus problemas a la República Dominicana, lo que nos empuja hacia un estado de pobreza inexorable.