Pitorreal, municipio de Bocoyna

En estas barrancas milenarias se disputa una batalla: cientos de indígenas defienden la tierra en que nacieron, un corporativo transnacional ganó una millonaria concesión del gobierno federal para la construcción de un gasoducto, que lograron detener de forma pacífica, sin que medie una resolución judicial, pues acordaron que se realice primero una consulta en los pueblos nativos.

Se trata del gasoducto El Encino-Topolobampo, una obra majestuosa desde el punto de vista técnico, que implica tirar 530 kilómetros de tubería de un metro de diámetro a lo largo de profundos barrancos y enormes montañas, desde Sinaloa hasta Chihuahua. Sin embargo, desde hace semanas se ha suspendido la construcción al no haber respetado los derechos de los pueblos rarámuri.

Este gasoducto es uno de los cinco que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pondrá en operación en el norte de México, la licitación fue ganada hace dos años por Compañía Transportadora de Gas del Noroeste S de RL de CV, cuya propietaria es la empresa TransCanada Pipelines LTD, misma que en la actualidad enfrenta señalamientos de tribus nativas tanto en Estados Unidos como en Canadá por daños ecológicos en diversas reservas territoriales.

Miedo, mucho miedo

“Tenemos miedo, mucho miedo; nadie nos ha explicado nada. Sólo llegaron y empezaron a tumbar árboles, luego trajeron los tubos y no sabemos los riesgos que implica; es gas y puede ser peligroso”, señaló Melesio Torres, gobernador tarahumara de Pitorreal.

La falta de información no es exclusiva de los habitantes de esta comunidad, por el contrario, a lo largo de la zona indígena por la que pasa el gasoducto existe inconformidad de ejidatarios y nativos.

Desde mediados de 2014, cientos de tarahumaras de los municipios de Urique, Bocoyna, Carichí, y Cusihuiriachi vieron como máquinas comenzaron a “abrir” el monte, la tierra en que nacieron sus ancestros, en que siembran maíz y frijol, en la que sus hijos pastorean chivas.

Miles de pinos de hasta 40 metros de altura fueron derribados indiscriminadamente y llevados a los aserraderos. El gasoducto necesita un destronque de 25 metros de ancho, de los cuales 10 son para la línea y señalamientos, y 7.5 metros a cada lado por seguridad.

“La obra está suspendida hasta que se lleve a cabo una consulta; la compañía y el gobierno nos tendrán que explicar toda la obra, y preguntarnos si estamos de acuerdo en que pase por nuestra tierra”, explicó Luis Pérez Enríquez, representante del poblado de San Elías Repechique, donde viven 300 indígenas.

Dicha consulta se está llevando a cabo desde 2014 y será concluida en breve, en total son 25 centros tarahumaras en los que se realizarán asambleas comunales con la participación de la Secretaría de Energía, la Coordinación Estatal de la Tarahumara, la Secretaría de Gobernación del Estado de Chihuahua y la propia firma constructora.

“En las asambleas se informará a los pobladores la razón y objeto del proyecto, riesgos, aspectos técnicos y económicos, a fin de que tomen una decisión sobre la continuidad o no de la infraestructura por donde no haya pasado y se revisen afectaciones y procedimientos de pago de afectaciones de comunidades”, detalló el senador Javier Corral Jurado, quien junto con su homólogo Alejandro Encinas han llevado el caso al Congreso de la Unión y establecieron mesas de diálogo con los afectados.

“Las etnias indígenas deben dejar de ser tratadas como adornos turísticos y ser considerados como sujetos de derechos”, agregó el legislador.

Presupuesto millonario

“La oposición de los pueblos no es en sí contra la obra como tal, es contra la falta de información, contra el abuso de no tomar en cuenta a quienes han vivido en estas tierras por siglos”, manifestó el sacerdote jesuita Javier Ávila.

El cura asesora a los indígenas tarahumaras en su calidad de presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.

De acuerdo con Ávila, otra inconformidad es el monto de las compensaciones que pretenden dar por las afectaciones. “En algunas zonas la compañía encargada de la obra les ofreció 10 mil pesos por rentar el terreno por 50 años a cada ejidatario; es absurdo, ni siquiera un peso al día. En otras partes subieron un poco más y les quieren dar 30 mil, además de despensas, láminas para sus techos y algunos materiales de construcción”.

Melesio Torres confirmó que empleados de la empresa reparten despensas a tarahumaras, aunque desde que se acordó la suspensión de forma “automática” dejaron de entregar los víveres.

Las indemnizaciones contrastan con los casi 15 mil millones de pesos que recibirá la filial TransCanada por la obra, más las utilidades por la concesión de la operación y mantenimiento por los siguientes 25 años, de acuerdo con información oficial de la CFE.

El proyecto representa importantes intereses en Canadá, al grado que el gobierno de aquella nación anunció hace un mes que becará a 600 jóvenes chihuahuenses para que estudien en sus universidades una carrera en mantenimiento de gasoductos y puedan laborar para la empresa TransCanada.

El gasoducto Encino-Topolobampo permitirá transportar 670 millones de pies cúbicos de gas natural al día, es decir, 244 mil 550 millones de pies cúbicos al año, para abastecer a una termoeléctrica y dos centrales térmicas, estas últimas aún en construcción.

Las condiciones deberían ser otras

EL UNIVERSAL tuvo acceso al manual de Políticas de Relaciones con Aborígenes de TransCanada, el cual manifiesta: “La colaboración con las partes interesadas significa escuchar, proporcionando información precisa y respondiendo a los intereses de las partes interesadas de manera rápida y consistente”.

De igual forma, se consultó el apartado de responsabilidad social del Código de Ética de la empresa, en donde señala: “TransCanada apoya la seguridad, la salud y las dinámicas de las comunidades de nativos y aborígenes mediante inversiones en varios eventos e iniciativas educativas, culturales, de la comunidad y del medio ambiente”.

El antecedente

El sacerdote Ávila enfatizó que la suspensión de la obra se logró sin una resolución judicial, pero no fue por “buena fe” de los involucrados, sino que hay un antecedente directo que es el aeropuerto de Creel, también en terrenos ancestralmente indígenas, y cuya edificación fue suspendida en abril pasado por un juez federal debido a que las autoridades involucradas en la edificación violentaron derechos fundamentales de las comunidades indígenas a la consulta y a la información, además trastocan su entorno natural y formas tradicionales de vida.

A ese respecto, el titular de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, organismo del gobierno de Chihuahua, Miguel Ángel González, reconoció que se pasó por alto un protocolo que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas emitió hace tres años, basado en tratados internacionales que ha firmado México, dictámenes de la ONU y la Constitución, en el que se obliga a realizar una consulta con los pobladores antes de emprender cualquier obra.

Transcanada suma reclamos

La oposición de diversas etnias a los trabajos de la transnacional son recurrentes en Canadá y Estados Unidos, particularmente en el proyecto Keystone XL, un oleoducto de casi 2 mil kilómetros que llevará petróleo desde el sur canadiense hasta las refinerías texanas.

El pasado 15 de noviembre 11 tribus manifestaron su rechazo a la obra, alegando, al igual que los afectados por el gasoducto que se construye en la sierra tarahumara: falta de información.

Bryan Brewer, jefe de la tribu Oglala Sioux, declaró en esa fecha durante una reunión con funcionarios federales en Rapid City, Dakota del Sur, que el oleoducto atraviesa 150 comunidades y reservas sagradas de las tribus, y no se les ha ofrecido información verídica sobre los riesgos ambientales.

Obreros suspenden obra

Mientras que las obras fueron suspendidas en toda la zona indígena hace unas cinco semanas, el resto del proyecto seguía su marcha, sin embargo, el pasado 22 de diciembre alrededor de 400 obreros que laboraban en tareas de colocación de tubos y soldadura se declararon en paro en la región de Cuauhtémoc.

Los paristas eran personal de Cocomex, empresa subcontratada por la filial mexicana de TransCanada y decidieron dejar de laborar, luego de que recibieran descuentos de hasta 50% de su sueldo.

El titular de la Secretaría del Trabajo de Chihuahua, Fidel Pérez Romero, declaró que se trata de un asunto de competencia federal, pero que la dependencia local fungió como intermediario. Confirmó que los empleados recibieron un descuento “indebido”.

Finalmente, se logró que los obreros reanudaran el trabajo, mientras se resuelve el conflicto.